El mundo comienza a aceptar una ominosa realidad: en América Latina los narco estados están mutando en estados forajidos que amenazan seriamente el progreso de la región porque no respetan la soberanía de otras naciones y aplican políticas de exterminio social que se traducen en olas de refugiados. Esas olas de refugiados, como la de Venezuela -que tiene el dudoso honor de ser la mayor acaecida en la historia de humanidad en una región que no vive un conflicto armado-, provocan sensibles dislocaciones en los servicios públicos de los países de tránsito o de anido. Peor aún, para el crimen organizado transnacional esos seres humanos desesperados e inertes se convierten en una cadena humana de oportunidades para facilitar la comisión de actividades delictivas En efecto, se usa esa cadena para debilitar los servicios de seguridad de las naciones de tránsito; encubrir sus horrendos crímenes; y, por encargo, promover la anarquía en los estados que se enfrentan a las políticas de los estados forajidos.
En América Latina existen cuatro narco estados consolidados y dos en vías de consolidación. Por lo general, los narco estados terminan formando parte de la red de promoción de políticas de los estados forajidos o evolucionan en ese sentido. Porque se produce una relación beneficiosa para ambas partes. Los estados forajidos obtienen lo que los franceses llaman forces de frappe que ejecutan sus sentencias delictivas contra los opositores. El crimen organizado obtiene la protección del estado forajido ante cualquier reclamo internacional.
Los que no se convierten en estados forajidos son aquellos que cuentan con un marco institucional relativamente sólido: agrupaciones empresariales consolidadas e independientes de los circuitos del crimen organizado y separación real de poderes. Estas características son evidentes en México y en Colombia. Pero no existen en Bolivia o en Venezuela. Por tanto, ambas naciones están evolucionando hacia la condición de estados forajidos. Se define como estado forajido a cualquier nación o estado que infringe el derecho internacional y representa una amenaza para la seguridad de otras naciones se trata de regímenes que emplean el terrorismo como política para someter a su población y a sus vecinos.
El asesinato de Fernando Villavicencio y el incidente ocurrido en Chile en el que un refugiado político es secuestrado por una falange que viste ropajes de la policía de inteligencia del país para luego ser asesinado por individuos no identificados son signos preocupantes sobre la dirección que están tomando las políticas públicas de estados como Venezuela y Bolivia.
La región cuenta con instrumentos para el control de estas situaciones como el Tratado de Asistencia recíproca. También existe la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional ratificada por todas las naciones del continente y, por tanto, parte de la legislación nacional de cada nación americana. Sin embargo, al igual que la Carta Democrática Interamericana, lo más probable es que se guarden estos instrumento en los archivos más profundos por miedo a confrontar los estados forajidos o por complicidad tácita con sus regímenes que aducen ser los representantes de esos pueblos que a diario mancillan con sus políticas públicas. Dichas políticas solo han servido para negar el derecho a la autodeterminación y sembrar pobreza.
Ocho naciones han sido declaradas forajidas. La lista incluye a Afganistán, Cuba, Irán Nicaragua, Corea del Norte, Sudán, Siria y Venezuela. Es decir que en nuestra región ya existen tres. De allí que habría que actuar antes de que la lista se torne interminable. América Latina deberían verse en el espejo de las naciones de Asia Central que son rehenes de Bielorrusia al no haberla enfrentado con determinación cuando allí anidaba el crimen organizado transnacional.