Personal penitenciario: un activo preciado que debe ser protegido en el marco de la lucha contra el crimen organizado

En horas de la mañana del sábado dos de marzo, un nuevo hecho trascendente en términos de seguridad pública sacudió la modorra de la mañana rosarina con particular repercusión en las estructuras del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Dos micros contratados por el Ministerio de Seguridad Provincial, fueron atacados a balazos en la zona de Circunvalación, a la altura de Palliere, en el barrio Rucci de la ciudad de Rosario.

Ambos micros trasladaban a personal del Servicio Penitenciario provincial, uno de ellos con destino a la Unidad Penitenciaria número 11, cárcel de Piñero. En esta Unidad funciona (nuevamente), desde el mes de diciembre del año pasado, un sector destinado al alojamiento de internos de alto perfil, basado en un esquema análogo al protocolo de gestión para internos de alto riesgo puesto en marcha por la gestión de seguridad a nivel nacional, en el S.P.F.

El gobernador Maximiliano Pullaro antes de ser electo, en sintonía con los reclamos de la sociedad santafesina, propuso una serie de medidas orientadas a restringir la actividad criminal que desde las cárceles efectuaban internos integrantes de estructuras criminales organizadas y complejas, que una vez electo ejecutó de manera rápida y certera.

Estas medidas desataron una serie de reclamos por parte de los internos de “alto perfil“ que vieron limitado su campo de acción con medidas drásticas en términos restrictivos de visitantes, comunicaciones telefónicas y contacto entre internos, situación que sin dudas iba a ser resistida por los criminales afectados.

Los últimos días del mes de diciembre de 2023, el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley 14243 de ejecución de la pena privativa de la libertad, que en su capítulo 11 prescribe las normas de trato para internos de alto perfil. En tan solo ocho artículos brinda las herramientas para que la administración penitenciaria ejerza restricciones sobre la vida de los internos alcanzados por la norma.

Algunas son severas, como la autorización de solo dos visitantes por interno, que además deberán ser familiares directos, que solo podrán visitarlo de manera separada, una vez por semana por un lapso de treinta minutos y solo a través de la modalidad de contacto diferido (visitas de locutorio).

Estas restricciones podrían ser el disparador de acciones violentas, tendientes a intimidar al personal encargado de hacerlas cumplir. Por lo tanto, las hipótesis de ataques sobre el personal penitenciario ya son un hecho, aunque ciertamente no inesperado. Avisos hubo, como para comprender que el capital humano de la Institución debe ser protegido y para ello, resulta imprescindible el empleo de la inteligencia penitenciaria y en estos casos específicos, una de sus ramas como lo es la contrainteligencia.

De baja visibilidad en sus métodos aunque de alto impacto judicial (y de redundante beneficio social), resultan ser las acciones desplegadas por este tipo de herramientas en contexto carcelario, contemplando dentro de sus funciones la detección temprana de las amenazas, no solo a la seguridad Penitenciaria en términos de la protección de los dispositivos (Unidades, internos, etc), sino también de la protección de los recursos humanos, de sus agentes, valiéndose para ello de una de las ramas de la inteligencia como lo es la contrainteligencia penitenciaria.

La contrainteligencia se define como, la actividad o conjunto de actividades organizadas colectivamente por un servicio de inteligencia dedicadas a obstruir la fuente de información del adversario u oponente a través del encubrimiento y empleo de códigos, claves y otras medidas para engañar al oponente, por medio de información errónea, desinformación, denegación, etc.

La implementación efectiva de estrategias de contrainteligencia y detección de insiders (filtros de información), contribuye significativamente a reducir la frecuencia y el impacto de los incidentes causados por amenazas, como lo son, el conocimiento por parte de estas organizaciones de, horarios, itinerarios y medios de transporte empleados, para planificar y ejecutar los ataques al personal penitenciario.

En este sentido, se abogan por enfoques proactivos que incluyan la concientización y capacitación de los agentes penitenciarios en temas de seguridad dinámica, el monitoreo y análisis del comportamiento para detectar anomalías, y la implementación de políticas y procedimientos claros que fomenten la responsabilidad y transparencia en el manejo de información sensible.

La administración penitenciaria deberá prever que las restricciones a la actividad criminal intramuros, traerá aparejadas reacciones de corte violento que generaran escenarios futuros en los que la vida e integridad del personal, pueda verse seriamente afectada. Para ello, resultará fundamental la protección activa que la institución provea a sus efectores penitenciarios - personal entrenado y difícilmente reemplazable - no solo en el ámbito de ejecución de las actividades (establecimientos y dependencias penitenciarias) sino también en el desplazamiento de estos agentes, desde y hacia sus respectivos hogares en ocasión de prestar servicios. Claro está que estas acciones solo son posibles en el marco de una elaborada, estudiada y coordinada planificación estratégica.

Uno de los tópicos que generan estos escenarios, es aquel que surge de no tener claro que el Servicio Penitenciario es una Fuerza de Seguridad, quizá la más vulnerable por su misión.

Misión que durante mucho tiempo ha sido tergiversada por políticas institucionales con fuertes sesgos de confirmación e ideológicos sobre la función y finalidad de esta fuerza de Seguridad. Periodos de confusión orgánica donde a los nuevos cuadros, se los ha formado distantes del concepto integral de seguridad pública como receptora de la seguridad penitenciaria, instruyéndolos en la falacia de considerar que orden es sinónimo de represión y que seguridad es igual a castigo. Tal confusión impone readecuaciones desde el plano simbólico y por supuesto, fáctico.

En el ámbito Penitenciario Santafesino, los ataques e intimidaciones no son algo nuevo; veamos:

10 de enero de 2020 – ataque a tiros contra el edificio de la delegación rosario del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

12 de octubre de 2020 – ataque a tiros contra la sede del organismo técnico criminológico del Servicio Penitenciario de Santa Fe en la ciudad de Rosario.

27 de junio de 2021 – ataque a tiros y rescate de ocho internos de la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero dependiente del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

23 de enero de 2022 – ataque a tiros contra el edificio de la delegación rosario del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

10 de mayo de 2022 – ataque a tiros contra el edificio de la delegación Rosario del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

23 de mayo de 2022 – ataque a tiros contra el centro penitenciario de la ciudad de Rosario dependiente del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

07 de noviembre de 2022 – ataque a tiros contra el acceso de la Unidad Penitenciaria 3 del Servicio Penitenciario de Santa Fe, en Rosario.

29 de diciembre de 2022 – ataque a tiros contra el edificio de la delegación rosario del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

02 de febrero de 2023 – ataque a tiros contra el centro penitenciario de la ciudad de Rosario dependiente del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

10 de marzo de 2023 – ataque a tiros a un micro privado que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

17 de mayo de 2023 – ataque a tiros contra el edificio de la delegación Rosario del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

06 de noviembre de 2023 – ataque a tiros contra el frente de la Unidad 16 de Pérez, en Rosario dependiente del Servicio Penitenciario de Santa Fe.

Estos son solo algunos de los atentados con armas de fuego que en los últimos años ha sufrido en sus instalaciones y medios el Servicio Penitenciario de Santa Fe, en la mayoría de estos casos, producto de pretendidas intimidaciones que internos ligados a estructuras criminales organizadas operativas en la Provincia de Santa Fe y privados de la libertad en cárceles de dicha jurisdicción (aunque Federales) han ordenado ejecutar a miembros activos que por esas fechas se encontraban en libertad.