Hace años que ya hemos entendido que el suicidio es un problema de salud pública y que, como tal, demanda que dejemos de lado el rumor, los mitos y la compasión silenciosa, para mirar el problema de frente y hacernos cargo de manera coordinada con el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas, los servicios de salud, los medios de comunicación, la escuela, las familias y toda la población.
La problemática vinculada al suicidio implica 800.000 vidas que se pierden cada año en el mundo, según la OMS y nuestro país no es la excepción.
En 2021 según la información producida por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) se produjeron en Argentina 2.865 suicidios de los cuales el 80% corresponde a varones y el 20% a mujeres, siendo la franja etaria de la juventud y adolescencia la de mayor impacto.
En los últimos días una noticia que conmueve da cuenta que en una provincia argentina solo durante el mes de enero de 2024 se produjeron 26 suicidios.
Partiendo de la profunda preocupación por la problemática, en 2015 logramos que se apruebe la ley 27.130 de prevención del suicidio, aprobada por unanimidad por ambas Cámaras del Congreso de la Nación a partir de un proyecto de mi autoría, fruto de la labor conjunta de organizaciones de la sociedad civil, de especialistas y de las áreas con competencia del Estado.
Todos nos sumamos a trabajar en esa ley que buscaba a través de un abordaje interdisciplinario e intersectorial hacerse cargo de aportar herramientas para prevenir los suicidios y para realizar intervenciones en los entornos que quedan seriamente comprometidos, una vez que se ha concretado un suicidio.
Aún con la gravedad de la problemática, al Ejecutivo le llevó seis años dictar el decreto reglamentario para viabilizar la implementación, pero a la fecha no se advierte que se esté cumpliendo acabadamente con las estrategias diseñadas en la norma.
A ello se suma que la pandemia y el aislamiento prolongado dispuesto por el gobierno nacional agravó la problemática y provocó un impacto profundo debilitando vínculos y redes de contención con secuelas que aún hoy se están evaluando.
Es urgente que se concreten las capacitaciones que dispone la ley, que se construyan las redes de apoyo necesarias en la sociedad civil, que se recolecten los datos y se produzcan las estadísticas y el registro de las causas de los decesos, porque será esta última información la que permitirá a los decisores definir intervenciones preventivas sobre los medios mayormente empleados en cada lugar, para atentar contra la propia vida.
Los docentes son aliados estratégicos para esta ley, porque la cotidianeidad y cercanía con los adolescentes y jóvenes los sitúan en un lugar privilegiado para producir una alerta, para asistir y para orientar a los alumnos y a sus progenitores en la búsqueda de ayuda especializada.
Los servicios de salud son otro actor relevante en la prevención cumpliendo con la función que les da la ley de trascender la atención de la lesión autoinflingida, y realizar a través de equipos interdisciplinarios, el seguimiento de la persona que atentó contra su vida y de su familia para evitar que vuelva intentarlo.
Las acciones previstas en la ley están pensadas para un contexto de fluida comunicación y coordinación entre sectores, y también entre jurisdicciones, porque la cooperación integrada entre Nación y provincias es fundamental para que se puedan alcanzar los objetivos de la ley.
El suicidio es prevenible, pero es necesario empeñar los esfuerzos de manera coordinada y sistemática. Cuando las acciones son espasmódicas, se debilitan los vínculos de cooperación y si algo hemos aprendido es que ningún esfuerzo aislado es eficaz, porque prevenir el suicidio es una responsabilidad de todos.