Obras públicas, una inversión fundamental para el desarrollo argentino

La obra pública -por diversos factores- es de fundamental importancia para un país. Las grandes obras que a lo largo de la historia se han desarrollado en Argentina han permitido dar conectividad, generar empleo, mejorar la calidad de vida de millones de familias, mejorar los costos logísticos y potenciar recursos estratégicos y esenciales para la soberanía nacional. También, es válido decirlo, en muchas ocasiones ha sido utilizada para manejos oscuros y como nichos de corrupción, pero esto no invalida la utilidad y necesidad de la misma. Por el contrario, nos obliga a aumentar los controles y cinturones de seguridad para imposibilitar que esto pase.

En reiteras oportunidades escuchamos al presidente Javier Milei referirse a la obra pública y anunciar la suspensión de la misma porque “no hay plata”. Además, porque entiende que es una fuente de corrupción y que será reemplazada por un sistema de iniciativa privada a la chilena. Es absolutamente válido querer terminar con la corrupción. Ahora, tratar a una enfermedad matando directamente al paciente no parece acertado. Puede ser el camino más corto, pero sus consecuencias pueden ser social, económica y estratégicamente gravísimas.

La corrupción en Argentina, como en otros países de la región, es un problema grave y casi endémico. No ha afectado solo a las obras públicas, sino desgraciadamente a los distintos ámbitos de la acción pública: transporte público, compras de energía, actividades financieras como las emisiones de bonos, autorizaciones de importaciones y exportaciones, temas de salud, seguridad, y hasta en educación.

Sin dudas es una grave enfermedad que nos aqueja y debe ser combatida en todos los frentes. Es quizás el momento de rediscutir la ley de obras públicas, que ya tiene 75 años de vigencia, considerando los parámetros actuales para ser más transparentes y permitir otros formatos de colaboración público- privada. Hay que trabajar en la erradicación de la corrupción, no de la obra pública. Respecto de la iniciativa privada, es interesante avanzar con ese modelo, pero tiene su límite y se podrá aplicar en cuanto se normalicen las variables macroeconómicas; por ahora esto es absolutamente inviable. La iniciativa privada podría funcionar en áreas como infraestructura vial de alto tránsito, como el acceso a grandes ciudades, con el repago parcial en peajes y un volumen de circulación importante.

También podría en infraestructura energética, como en gasoductos, en los cuales a través de un cobro de peaje por el caudal que fluye por el ducto se puede recuperar la inversión, así como a la infraestructura de transporte fluvial (Hidrovía).

Sabemos que muchas veces el Estado llega a donde el privado, por temas de rentabilidad, no interviene. En otros rubros, como agua potable y saneamiento, infraestructura escolar, hospitalaria pública, obras hidroeléctricas, rutas de baja densidad de tránsito, vías férreas, etc., resulta mucho más complejo. Podría darse en parte la iniciativa privada, pero el repago deberá ser de origen estatal.

Según el ministro de obras públicas del anterior gobierno, existían más de 2300 obras en ejecución. Es cierto que se realizaron muchas licitaciones, pero también es una realidad que había una importantísima demora en los pagos, especialmente en las redeterminaciones, que con la inflación de los últimos meses implican valores muy significativos. Este gobierno no solo no ha resuelto ese problema, sino que lo ha profundizado, ya que no ha realizado pago alguno. Era necesario hacer una revisión de las obras en ejecución y licitación, priorizando y continuando las que técnica y socialmente son más significativas, pero eso lamentablemente no ha ocurrido.

Cuando asumió el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, aclaró que las obras con financiamiento internacional (crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF) seguirían su marcha normal. Esto era importante, ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas. Es decir, es más oneroso no usarlos que sí. También se indicó que se respetarían los contratos de las obras en ejecución. Posteriormente, al renunciar el ministro, se informó públicamente que el área que tenía a cargo pasaría a depender de Ministerio de Economía. No obstante, al día de la fecha la situación se encuentra sin definición alguna y con un grave desorden administrativo que imposibilita cualquier tipo de avance al respecto, sin tener un organigrama definitivo ni nombramientos en las áreas de ejecución.

Según informan diversos medios, todas las obras públicas están paradas, sean con financiación del Tesoro o de un organismo multilateral de crédito. Las empresas constructoras que no reciben pagos desde octubre pasado han bajado el ritmo de obras hasta detenerlas y más de 70.000 obreros de la construcción quedaron sin trabajo. Si esto continúa, empezarán los despidos del personal permanente de las empresas.

La obra pública no es gasto, es inversión. De no hacerse será imposible mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y el déficit habitacional es de más de 3 millones de viviendas Está claro que si se logra bajar la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer en el largo plazo el crédito hipotecario. Sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda de superficie mínima. Es necesario continuar con los planes de vivienda social existentes o generar nuevos más eficientes y transparentes para que los más necesitados puedan llegar a poseer una vivienda.

Lograr la competitividad necesaria en nuestra economía para aumentar los ingresos de divisas requiere una disminución de los costos logísticos, que actualmente son más altos que en países competidores, por lo cual mejorar el estado de nuestras rutas e intensificar el rol del ferrocarril para disminuir los costos de transporte resulta esencial. Será difícil incrementar las exportaciones si no tenemos rutas adecuadas y modernas, e infraestructura ferroviaria y portuaria actualizada. La obra pública, además, es una inversión que genera empleo y movimiento comercial en las regiones donde se realiza y es un elemento absolutamente necesario para el desarrollo regional de Argentina.

Si queremos transformarnos en una potencia en unos años como plantea el presidente Milei, necesitamos mejorar la infraestructura para alcanzar estándares de vida del primer mundo para los 46 millones de argentinos.