¿Quién está al mando? Esta pregunta resuena en el debate educativo argentino. Aunque el gobierno nacional ha declarado que la “educación está en manos de las provincias”, la realidad es más compleja. La descentralización educativa de los años 90, que convirtió la educación en una responsabilidad exclusivamente provincial, ha dejado un legado de problemas estructurales y desigualdades persistentes. La eliminación de las transferencias de fondos hacia la educación ahondará consecuencias muy negativas para los docentes, y la propuesta de declarar la educación como un “servicio esencial” plantea interrogantes legales y éticos. En este contexto, es crucial no confrontar a los docentes en la búsqueda de mejoras educativas, sino destacar su papel fundamental como aliados en el desarrollo de políticas. A pesar de la declaración del gobierno, la educación es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores del sistema educativo. Por lo tanto, la pregunta no debería ser ‘¿quién está al mando?’, sino ‘¿cómo podemos trabajar juntos para mejorar la educación en Argentina?’
La dinámica del debate político en el ámbito educativo nos atrapa en un círculo vicioso interminable. Temas recurrentes como huelgas docentes, resultados de pruebas de rendimiento, evaluaciones, formación docente y promociones giran sin llegar a una resolución clara. Los debates solo se sostienen desde antagonismos políticos o ideológicos, careciendo de la profundidad o la perspectiva técnica y racional desde la cual se deberían tomar decisiones que apunten a mejores resultados.
La confrontación con los docentes, o la desjerarquización de sus roles, lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, solo ha traído como consecuencia la baja de la calidad educativa y los impactos en cuanto a los bajos niveles de los alumnos los tienen a ellos como las víctimas principales.
En primer lugar, el gobierno nacional parece aferrarse a la descentralización educativa de los años 90. Esta política, al convertir la educación en una responsabilidad exclusiva de las provincias, generó una serie de problemas estructurales que contribuyeron al deterioro del sistema educativo argentino. La falta de equidad, la ausencia de una planificación coordinada y la insuficiencia de estrategias integrales dejaron una huella duradera en la calidad y la igualdad de la educación en el país. Estos desafíos aún persisten y requieren una atención urgente y coordinada a nivel nacional.
Uno de los principales problemas derivados de esta descentralización es la falta de equidad. Mientras algunas provincias contaban con recursos financieros y humanos adecuados para mantener estándares educativos aceptables, otras se veían limitadas por carencias estructurales y económicas. La brecha entre las condiciones de las escuelas en las provincias más y menos favorecidas se amplió, generando notables desigualdades educativas.
Los resultados en las pruebas de evaluación de los alumnos son demostrativas de los desiguales niveles de acceso al conocimiento y entonces la escuela, lejos de ser el camino igualador para todas las personas, lo que produce es la profundización de las inequidades de origen, volviendo más grave la situación.
En segundo lugar, en consonancia con la disputa estéril con los gobernadores y su propuesta de ajuste fiscal (que afecta a jubilados, clase media, docentes, sectores más vulnerables), el gobierno eliminará las transferencias de fondos hacia la educación. Como consecuencia de la descentralización educativa de los 90, y en respuesta a la lucha docente y al amplio apoyo social de aquel entonces, la Carpa Blanca, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado para la Educación Pública, jugó un papel importante en la distribución de recursos financieros para los salarios de los docentes, principalmente para mejorarlos y equipararlos.
Por supuesto, a pesar de su importancia, el FONID no fue suficiente, aunque imprescindible, para contrarrestar completamente los desafíos derivados de la descentralización. Las diferencias en la gestión y la asignación de recursos a nivel provincial persistieron, y algunas regiones enfrentaron mayores dificultades para mantener salarios competitivos y condiciones laborales adecuadas. Sin desconocer también la existencia de irregularidades y abusos en la distribución de recursos. Pero frente a ello corresponde una corrección para que se cumpla con los objetivos y no su eliminación.
La propuesta de declarar la educación como ‘servicio esencial’ ha resurgido en el escenario político. Sin embargo, esta propuesta enfrenta dificultades para su aprobación y no aborda de manera efectiva los problemas subyacentes en el sistema educativo. Legalmente, esta definición implica limitar el derecho de huelga de los trabajadores de la educación, lo que podría enfrentar desafíos legales. Además, es crucial reconocer que el derecho a huelga no es exclusivo de líderes sindicales, sino de cada individuo que forma parte del sistema educativo. A preservar ese derecho apunta la normativa en sentido restrictivo la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que se ha expedido reiteradamente antes de ahora.
Por otro lado, desde una perspectiva ética, surge la pregunta: ¿Es apropiado limitar este derecho, especialmente en nombre del ‘interés superior del niño’? La educación no se limita a la escolaridad obligatoria; es un derecho humano que abarca diversas formas de aprendizaje. La confrontación de derechos, como el derecho de huelga frente al derecho a la educación, es un terreno resbaladizo. Finalmente, es imperativo afirmar que no se puede mejorar la educación implementando políticas que resten derechos a los docentes, especialmente en un contexto donde están perdiendo poder adquisitivo. La educación de calidad requiere el respeto y la valoración de los derechos de los docentes.
¿Qué va a pasar si el Gobierno no cumple el inciso L del artículo 67 de la ley 26206 (ley de Educación Nacional) que establece el derecho “a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional” que muestra la vigencia del derecho a la Paritaria Docente Nacional, el artículo 9 de la ley 26.075, (Fondo Compensador) y la ley 25.053 (Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente)?
La calidad de la educación y la mejora del sistema no pueden lograrse mediante la confrontación y la desconfianza hacia los docentes. Estos profesionales son fundamentales y deben ser aliados en el proceso de desarrollo de políticas.
Debemos trabajar todos, en conjunto, codo a codo, en los distintos ámbitos de la vida pública, con la agenda concreta que requiere nuestro sistema educativo: la necesaria renovación de métodos de enseñanza, la actualización curricular, los cambios en la formación y carrera docente y en definitiva, la mejora de los resultados educativos de nuestras escuelas en términos de calidad e igualdad. Esos resultados solo pueden lograrse trabajando juntos todos los actores del sistema educativo (docentes, gobiernos, especialistas, familias, alumnos, etc.) persiguiendo con vocación y compromiso el sueño común de una escuela mejor.