Si a un paciente que está en terapia intensiva, en una situación terminal, se le da de tomar un remedio que lo va a curar, pero tiene un gusto espantoso, seguramente sorberá la medicina. Sin embargo, puede que a un enfermo remilgoso le recomienden que lo diluya un poco para que sea más pasable y, así, se lo tome. El problema es que, si se lo diluyen demasiado, deja de tener efecto y se va a morir.
En esa situación está la Argentina, intentando abandonar el proceso hiperinflacionario que dejó el anterior gobierno antes de que estalle y con una gran discusión respecto a las medidas que hay que tomar para evitarlo. En una democracia, es lógico que en el Congreso se discuta el Proyecto de Ley que “curará al paciente” buscando el consenso mínimo necesario para poder sancionarlo. Sin embargo, el conjunto de la dirigencia tiene que tener claro que, si lo que termina saliendo es una ley que no cambia el rumbo del país, el paciente fallecerá. Es decir, se profundizará tremendamente la crisis actual.
El diagnóstico es claro. El gobierno anterior dejó un exceso de gasto público enorme, 6,1% del PBI. En su búsqueda de “ponerle platita en el bolsillo a la gente” para que lo voten y lo financió con la “maquinita” de hacer pesos funcionando a todo vapor y destruyendo su valor. La situación empeoró cuando la gente decidió “defenderse” del saqueo del “impuesto inflacionario” bajando sus tenencias de moneda local, gestando otro factor de pérdida de poder adquisitivo de la misma. Ese es el combo necesario para comenzar un proceso hiperinflacionario. Como muestra de esta dramática realidad podemos tomar las variaciones mensuales del IPC y los valores del dólar paralelo y buscar cuándo tuvimos datos similares en nuestra historia. Por supuesto, en el caso del tipo de cambio hay que actualizar la estadística con la inflación. Aclarado esto último, solamente hallaremos valores equivalentes antes o después de una hiperinflación. Como aún ésta no estalló, pues estamos en el camino a ella.
Para tratar de evitar el precipicio, lo primero es dejar de emitir o, por lo menos, bajar abruptamente el ritmo en que se lo hace. De allí la necesidad de que el gobierno logre financiar sus gastos totales con sus recursos genuinos, para que no tenga que pedirle plata al Banco Central (BCRA). Para lograrlo, hay que bajar el gasto público o subir los ingresos, no hay magia.
Hay que liberar las fuerzas del trabajo, la creatividad y el emprendedurismo de los argentinos para que podamos empezar a recuperar la economía. Es imposible que esto suceda con más de 67.000 regulaciones, la gran mayoría absurdas
Ya se redujeron la cantidad de cargos políticos del Estado Nacional. Además, la desaparición de funciones que no eran útiles para la sociedad determinará una disminución del empleo público en el tiempo. Lamentablemente, el impacto en el primer año no es muy grande y, por otro lado, será necesaria una segunda etapa de reforma más profunda aún. Una reforma del Estado que genere resultados contundentes en la baja del gasto no puede completarse en menos de 2 años. Sin embargo, lo importante es que se haya empezado a hacerla y que continuamente se conozcan nuevas medidas para recortar gastos inútiles. Seguro que hay mucho para hacer en la materia y, también, que se harán.
Sin embargo, pensar que solamente con una reforma del Estado y cortando exceso de gastos ya resolvimos el proceso hiperinflacionario parece una fantasía. Sólo se está trabajando para que en unos años tengamos un gasto público más chico, que podamos pagar con impuestos razonables, y una administración nacional que cumpla con eficiencia las funciones que manda la Constitución Nacional y que necesita la sociedad. Ninguna de esas cosas sucede hoy.
Para evitar la profundización de la crisis hay que dejar de emitir para financiar al gobierno y cuanto antes. Dado que el gobierno no tiene casi crédito, la opción a no suprimir un gasto o aumentar un tributo significa, como mínimo, que habrá que cobrar más impuesto inflacionario. Esto empobrece al conjunto de los argentinos, pero más que a nadie a los más pobres. Esta es la realidad que tienen que tener en cuenta los que discutirán en el futuro el paquete fiscal, que se retiró de la Ley Ómnibus. No hay ninguna solución mágica para multiplicar recursos.
Respecto a lo que quedó de la Ley Bases en el Congreso y que ahora volvió a foja cero, debe sancionarse rápidamente. Alguien argumentará que los tiempos legislativos deben respetarse y que en otros países puede llevar meses la búsqueda de consensos mínimos. Es así, pero no es lo mismo la urgencia de soluciones en un país estable que uno que se encamina a una hiperinflación. Es como comparar a un equipo médico que tiene que decidir cuál es la mejor forma de hacer una operación programable con otro que tiene al paciente en terapia intensiva al borde de la muerte. El caso de Argentina es el segundo, hay que evitar reeditar el camino que nos lleva al precipicio hiperinflacionario. No es que el peligro ya pasó, sino que la esperanza de un cambio de rumbo le dio una tregua a la dirigencia política para hacerlo; pero pronto.
Además, hay que liberar las fuerzas del trabajo, la creatividad y el emprendedurismo de los argentinos para que podamos empezar a recuperar la economía. Es imposible que esto suceda con más de 67.000 regulaciones, la gran mayoría absurdas. Además, esa es la única forma de consolidar la expectativa de que el cambio de rumbo se va a dar. Si no, volverá la huida del peso y la fuga de ahorros que terminará gatillando nuevamente la espiral inflacionaria.
Por otro lado, es vital desregular y eliminar los subsidios o privilegios que hoy permiten a muchas corporaciones empresariales, intelectuales, gremiales y profesionales ganar plata a costa del bienestar del resto de los argentinos. No parece muy justo que estos sectores sigan con esos beneficios; mientras la mayoría de la sociedad está haciendo un gran sacrificio para superar el desmadre que dejó la anterior administración. Más regulaciones, privilegios y subsidios se dejan a esas corporaciones, mayor será el esfuerzo que deberá hacer el resto de la comunidad. Por ello, creo que es importante que la ciudadanía siga esta discusión, para ver qué legisladores defienden al conjunto de la sociedad y cuáles a intereses particulares o sectoriales. Luego, deberemos recordarlo en futuras elecciones.
Por último, entiendo que los sectores que han parasitado este “Estado populista” hayan presentado una gran resistencia a las medidas propuestas. Sin embargo, también lo han hecho algunos que se han beneficiado del camino que se ha tomado y que llevará a que dejen de ser los que pagan la “fiesta populista”, como lo fueron por décadas. No vaya a ser que por no tener un poco de paciencia en una coyuntura, que es muy difícil para la mayoría de los argentinos, se encuentren que volvemos a la vieja senda y les llegan nuevas facturas para pagar. A esa altura, será tarde para lamentos.
El autor es director de la Fundación Libertad y Progreso