Tras el inocultable fracaso de la “Ley de Bases” en la Cámara de Diputados y la versión recargada de la narrativa anti-casta con el que el oficialismo buscó ocultar las debilidades y torpezas que quedaron en evidencia durante el turbulento verano parlamentario, el gobierno encabezado por Javier Milei buscará recuperar la iniciativa y centralidad a través de un paquete de decretos que, seguramente, profundizará algunos de los conflictos en curso y, probablemente, abrirá nuevos frentes de tormenta.
En este contexto, el Gobierno buscará, en primer lugar, mostrar que el tropiezo legislativo no es obstáculo para avanzar en el sentido que planteaba la ambiciosa ley: la desregulación, liberalización y apertura económica. Se esperan, en este plano, no solo una serie de decretos reglamentarios que permitan implementar las diversas desregulaciones contempladas en el mega-decreto de diciembre pasado, sino también nuevos decretos de necesidad y urgencia que aborden algunas de las temáticas de la frustrada ley.
Además, en segundo lugar, muy probablemente habrá nuevos anuncios que refuercen las señales del Gobierno con respecto al recorte del gasto público y el combate al déficit fiscal, como el ya anunciado final de los fondos fiduciarios. Medidas que, si bien es cierto que en su mayoría son congruentes con los compromisos asumidos por el presidente en campaña, tras lo ocurrido en el Congreso alimentan deliberadamente el conflicto con los gobernadores.
Con las transferencias a las provincias en sus mínimos históricos, la eliminación del Fondo Compensador, desde el que se giraban recursos a las empresas de transporte público para evitar la disparada del boleto, y la no renovación del Fondo de Incentivo Docente, que ya pone presión en las paritarias docentes y amenaza el comienzo de clases en varias provincias, el presidente pretende azuzar la narrativa anti-casta al mismo tiempo que construir poder aplastando todo atisbo de resistencia a su plan por parte de los mandatarios provinciales.
El mensaje que parece enviar Milei, no solo a los gobernadores peronistas sino a los ya desconcertados mandatarios dialoguistas o aliados, es que la única alternativa posible es la rendición incondicional. Sin dudas, una estrategia tan audaz y temeraria, como peligrosa para la gobernabilidad, y perniciosa para la institucionalidad republicana y federal recogida por la Constitución redactada por el prócer cuyo legado el propio presidente dice encarnar.
Lo cierto es que a poco más de 60 días de haber asumido, el fantasma de la gobernabilidad ya amenaza con abandonar la dimensión espectral para adoptar una presencia corpórea y tangible. No sólo en razón de la relación rota con la oposición dialoguista en el Congreso, por la escalada del conflicto con los gobernadores, o por los posibles traspiés que pueda tener en un poder judicial que ya deja atrás la feria, sino por un interrogante que se agiganta semana a semana: cuánto tiempo la sociedad -tanto los que votaron al candidato libertario como los que no- están dispuestos a esperar para ver resultados. No hablamos ya de la llegada a la “tierra prometida” que el discurso mesiánico de Milei ha procurado alimentar, sino cuanto menos algunos resultados palpables en el bolsillo que puedan sostener la percepción de que el sacrificio pueda haber valido la pena.
El retorno de Macri al liderazgo del PRO ante la posible reconfiguración política del oficialismo con la incorporación de dicho partido, el envalentonamiento de los gobernadores afectados por los embates presidenciales y la forzada centralidad adquirida por algunos de los blancos preferidos de la furia presidencial que pueden convertirse eventualmente en líderes de la oposición -como el caso de Martín Llaryora-, el incipiente debate en el radicalismo respecto al posicionamiento frente al gobierno, y la apresurada reaparición epistolar de Cristina Fernández de Kirchner, son indudablemente algunos indicios de un clima que pareciera comenzar a espesarse.
Si bien el alcance y la duración de la tolerancia social a uno de los ajustes más duros de la historia es hoy una de gran incógnita que nadie se aventura a despejar, frente a un escenario de inminente estanflación las dudas se acrecientan. Un contexto en el que será difícil sostener como un éxito el hoy festejado superávit fiscal conseguido a expensas de un profundo y acelerado deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Más aún, cuando en apenas algunos días más, se hagan sentir nuevos impactos en el bolsillo por el aumento de tarifas desreguladas, las cuotas de colegios privados y los incrementos de precios en la canasta escolar, entre otras.
En tal escenario, ya no solo los salarios docentes, del sector público y de fuerzas de seguridad, o los planes sociales y la asistencia alimentaria a los sectores vulnerables – por cierto, un asunto urgente que el gobierno no ha logrado aún encauzar con eficacia- son potenciales disparadores de tensión, sino el creciente malestar de la clase media, un sector cuyo cambio de humor puede ser letal para cualquier gobierno.