Es necesario restaurar derechos primordiales sustraídos por ventajeros oportunistas

Los difundidos rechazos legislativos y judiciales a las propuestas de desregulación de la economía han generado un conflicto entre las formas y los fines constitucionales.

La Constitución Nacional estableció derechos individuales formidables para engrandecer la Argentina y dotarla de los recursos de las naciones más avanzadas. El genio de Juan Bautista Alberdi y los constituyentes de 1853/60 atendieron las aspiraciones proclamadas en el Himno Nacional: “Oíd ¡mortales! el grito sagrado: ¡Libertad, libertad, libertad! Oíd el ruido de rotas cadenas: Ved en trono a la noble Igualdad”.

En columnas en Infobae esbocé causas de las diferencias de ingresos en todo el mundo; medidas por el PBI por habitante, en dólares corrientes, para evitar distorsiones injustificadas. La raíz de la explicación es el valor de los recursos aplicados, esto es la capacidad de contratar producciones, trabajos, que satisfagan a 8.000 millones de humanos de todo el planeta.

Insisto, el orden de los recursos aplicados determina el promedio de los ingresos de cada nación. Apenas USD 246 al año por habitante en Burundi, USD 21.378 en Uruguay, 112.866 en Irlanda, y en la Argentina, no se han agenciado suficientes recursos de forma ordenada para superar los USD 13.704 anuales por habitante, a tono con el promedio del mundo que estimó el FMI en su informe de perspectivas económicas (WEO por sus siglas en inglés) a octubre último sobre 200 países -previo a la devaluación del peso del 13 de diciembre por parte del gobierno de Javier Milei-.

Los excesos de gastos y empleos improductivos llevaron al singular aumento de la pobreza. En la década de 1970, promedió casi 6% de la población; en las del `80 y `90 saltó a 20% y 26%, respectivamente. En 2000 ascendió a 36%; en 2002/3, siguió su escalada hasta llegar a 66% de los habitantes. En 2007/15 osciló en 30 por ciento.

Según el Indec, en la segunda mitad de 2019 la pobreza se atenuó a 35,5% de las personas. Y en los primeros datos de la presidencia de Alberto Fernández aumentó hasta 41% y la indigencia subió al 10,5%, por efecto de las medidas restrictivas tomadas en prevención del Covid-19, que determinó que aumentara hasta 47%. Pero, los estudiosos atribuyen esa tendencia ascendente a los efectos de las apropiaciones oportunistas, tras la quiebra de las instituciones que intentaban delinear derechos individuales parejos.

La mayoría de los estudiosos reconoce que las satisfacciones personales van decayendo, en el margen. Por eso, para extender producciones valoradas y la justicia de las normas, al conjunto de la sociedad le favorece que las reglas sean lo más parejas para todos. En forma opuesta, el negocio de los aprovechadores es apropiarse de derechos exclusivos y así beneficiarse de rentas extraordinarias.

Desde hace muchos años los ventajeros oportunistas vienen consiguiendo enhebrar derechos privados para su uso exclusivo. El enfrentamiento quedó claro con las críticas al DNU 70 y al proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. A cada derecho restablecido retrucan con un control o beneficio perdido. Quienes descreen de la competencia arremeten contra los derechos constitucionales consagrados.

En particular, cuando se rechazó el inciso “h” del artículo 4 que facultaba “modificar, eliminar asignaciones específicas, fideicomisos públicos creados por ley, inclusive subsidios, revisar su destino para lograr mayor eficacia y control de recursos públicos”.

La Constitución Nacional consagra la voluntad de las partes en los contratos como la ley suprema. No obstante la Ley de Alquileres restringía enormemente los derechos de las partes; las leyes laborales imponen la obligación de pagos a los sindicatos, incluso por parte de los no afiliados. En los divorcios mandan contratar abogados, aunque los cónyuges acuerden no necesitarlos. Las normativas dificultan vender empresas del Estado, aunque generen pérdidas; despedir empleados que no producen y dependen de favores, exacerbando corrupciones.

Curiosamente, restablecer las libertades, derechos, de la Constitución original, a través del DNU 70 y la propuesta Bases, es objetado por la forma de conseguirlas y los cambios de reglas. Inclusive, argumentan ¿Cuál es la urgencia y necesidad de aprobar tantas normas en simultáneo? Ambas piezas no pueden ser constitucionales, alegan. ¿Aunque sea para restablecer derechos consagrados en la Constitución Nacional?, cabe plantearse.

No es ocioso imaginar que si el Gobierno hubiese optado por presentar y debatir cada propuesta separadamente, la oposición se hubiera concentrado en cada una de ellas y las discrepancias arreciarían, imposibilitando las sanciones deseadas.

Los defensores de las normas actualmente vigentes tendrían amplísimos incentivos, aglutinando argumentaciones; en contraste, los impulsores de los cambios los tendrían difusos, enfrentarían a más contrarios en puntos determinados.

Por el contrario, al expandir la cantidad de propuestas presentadas restaurando derechos encepados, mayor sería la proporción de adherentes al conjunto de las iniciativas.

Explica Frederick Hayek: “Toda nuestra concepción de la justicia descansa en la creencia que las visiones divergentes acerca de hechos o circunstancias particulares pueden zanjarse descubriendo reglas que una vez enunciadas consiguen la aprobación general”.

Concepto idéntico a una transacción. Cuánto más inclusivas las reglas, más negocios y personas las conformen, mayor coordinación y prosperidad. De tal modo, reglas y acuerdos justos son también eficientes. El consenso de las normas perfecciona la coordinación de las actividades y satisface a las personas. Pero es más trabajoso conseguirlo que instigar conflictos que dividen.

¿Por qué a mayor número de trabas para negociar libremente, menos especializadas las personas y valiosas sus decisiones y remuneraciones? Las vallas a coordinar las actividades empobrecen las habilidades personales y recursos aplicados. En la Argentina escamotean gigantescos recursos. Parte de la sociedad cobra mucho más que lo que produce para el conjunto; por esa artimaña, la mayoría cobra mucho menos que lo que genera. La pérdida de quienes producen más valor retrae el PBI tanto que bien podría triplicarse, sin maniobras ni ardides.

Entre 1980 y 2020, China multiplicó su PBI por 32, en dólares de poder adquisitivo constante. Proceso sólo posible respaldado con un orden complementario que asegure los suministros que dejan de producir al especializarse. Un emprendimiento bifurcado. Por un lado, la especialización confiere precisión y valoriza oficios. Por el otro, hace a cada uno más dependiente de terceros, clientes, proveedores, mercados, asociaciones.

Se trata de un proceso complejo de confianzas recíprocas, impulsando ganancias y producciones tan fenomenales como sean pronunciados los intercambios. Es un punto central para explicar los desniveles de ingresos nacionales.

Por caso, las tradiciones anglosajonas que disfrutan hasta excolonias, como Singapur, poblada por naturales de la India y Malasia, respetuosa de la ley y propiedad privada, justicia independiente y una burocracia reconocida internacionalmente por su transparencia de procedimientos. Desde su fundación como Estado independiente, estuvo abierta al comercio e inversiones internacionales y a la inmigración, incentivando la competencia y productividad de su población.

Las empresas en Singapur invierten en capital humano y materiales, la fuente de su extraordinario desarrollo. En ese aspecto, el proyecto “Capital Humano”, del Banco Mundial, intentando evaluar la contribución de la Salud y Educación, a la productividad laboral futura, la calificó primera en el mundo, entre 174 países. En 2023, el FMI estimaba el ingreso del país en USD 87.884 corrientes por habitante, uno de los mayores del mundo.

El autor es director de BG Consulting