El Plan “B” de Javier Milei

El Gobierno nacional está llevando adelante un ajuste profundo de la economía que está teniendo resultados alentadores, en términos de reducción y/o eliminación del déficit del sector público nacional.

Se discute si la política actual constituye un plan de estabilización o si se trata sólo de unas pocas medidas inorgánicas de licuación inflacionaria. Habitualmente, un plan de estabilización se enfoca en controlar la inflación, mediante la utilización de políticas fiscales y monetarias restrictivas. Las herramientas habituales son la disminución del gasto público y la suba de las tasas de interés.

Las políticas monetarias “duras” ponen el acento en la utilización de tasas reales positivas, con el objeto de secar la plaza y doblegar la inflación. La política actual, en cambio, prefiere utilizar tasas reales negativas para disminuir el volumen ajustado de los pasivos remunerados del BCRA. El precio que se paga es mayor inflación en el corto plazo, combinada con menos en el largo. “Hambre para hoy, pan para mañana”.

El camino parece ser el adecuado. No es razonable aplazar lo inevitable por temor o indecisión. Además, en el inicio de una gestión, es más fácil justificar la dureza de las medidas, culpando a la herencia recibida que, en este caso en particular, ha sido de dimensiones inusuales.

La durísima recesión, que se asoma nítida en el horizonte, debería producir una abrupta disminución de la inflación, en el término de pocos meses. Como consecuencia de esto, debería esperarse un rebote en “V” de la actividad económica.

Suele decirse que no hay nada más reactivador de la economía que la baja de la inflación. Sin embargo, la reactivación es solo una revitalización de la actividad agregada después de un período de recesión o desaceleración. Se produce mayor utilización de la capacidad instalada de los sectores productivos.

Dicho en otros términos, implica volver al ritmo de actividad anterior a la recesión, aunque con inflación más baja. En este punto, es obvio que lo que falta en esta descripción es un “plan de crecimiento”.

Mientras que una reactivación aumenta la producción, transitoriamente, con los recursos disponibles, el crecimiento se enfoca en generar nuevos recursos, incentivando la inversión, a fin de aumentar permanentemente la capacidad productiva.

Los economistas heterodoxos suelen utilizar la elección de sectores ganadores, aquellos a los que se desea impulsar, estimulando su crecimiento mediante ayudas fiscales y/o monetarias.

La escuela de pensamiento en la que abreva el presidente Javier Milei prefiere que los incentivos sean generalizados. Según esta línea de razonamiento, deben reducirse y/o eliminarse todos aquellos factores que reducen la rentabilidad del sector productivo.

Luego, en una segunda ronda, el incremento de la inversión genera más producción, más empleo, más salario, más consumo, y la rueda se realimenta sin ayuda estatal.

A fin de incentivar este proceso, el Gobierno puso todas las herramientas sobre la mesa: desregulación de la actividad económica, baja de impuestos, reforma laboral, privatización de empresas públicas, etc.

Muchas de estas medidas están siendo cuestionadas o no pudieron aprobarse, dejando rengo al plan económico, que ha querido ser “de shock”, pero ha quedado reducido a algo más “gradualista” que lo pensado inicialmente.

El plan “B” tiene un significado distinto al que habitualmente se le otorga al término. Suele denominarse así a una alternativa o estrategia secundaria que se elabora en caso de que el plan original no funcione o no se cumpla como se esperaba inicialmente.

En cambio, lo que pareciera requerirse en este particular momento de la historia argentina, son estrategias complementarias y no sustitutivas de la política económica nacional.

En línea con lo sucedido a nivel país, sería deseable la aparición en las provincias y/o municipios de actores sociales, provengan o no de la política, que empujen o incentiven el debate sobre la conveniencia de realizar reformas, a nivel subnacional, en igual sentido que las que lleva a cabo la presidencia de la Nación.

Por su parte, sería conveniente que el Gobierno nacional recapacite y consiga la aprobación de algunas leyes “cortas” que mejoren el clima empresarial, tales como la reforma laboral, el régimen de grandes inversiones, algunas privatizaciones que tienen un alto grado de aprobación, como Aerolíneas Argentinas, el blanqueo, la moratoria impositiva, etc. El resto debería ser aportado, como se dijo anteriormente, desde los niveles subnacionales de la administración pública.

No sería lógico ni eficiente que la Nación ajuste fuertemente sus gastos, mientras que las provincias y los municipios continúan con el desmedido nivel actual de erogaciones.

La aparición de actores locales, que emulen el ideario del presidente Milei, sería un complemento ideal para cambiar de raíz, no necesariamente en el corto plazo, el rumbo de estancamiento secular en el que se encuentran, desde hace muchos años, tanto el sector productivo como los ingresos de las grandes mayorías populares.

En conjunto, el plan A del gobierno nacional más el plan B de Provincias y Municipios serían factores fuertemente impulsores de la inversión y el crecimiento económico.

Aunque sea un lugar común: “Argentinos, a las cosas”. No hay tiempo que perder. Hay necesidad y hay urgencia.

El autor es Economista