Déficit cero: necesario pero insuficiente

Entre los principales objetivos de este nuevo gobierno se encuentran los de bajar o eliminar la inflación y el de encauzar a la Argentina en la ruta del crecimiento. Para ello elaboró dos herramientas, el DNU 70/23 y la ley Ómnibus (Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) que contenían una enorme cantidad de reformas apuntadas hacia casi todos los aspectos que incumben al gobierno. El objetivo general de estas nuevas prescripciones era eliminar gastos superfluos, correr al estado de decisiones que pueden ser tomadas por privados y anular privilegios. En resumen, en lo que respecta a la economía, equilibrar el presupuesto y desregular.

Tras su presentación no surgió ningún tipo de resistencia popular, pero si aparecieron múltiples resistencias de cada uno de los sectores que veían afectados sus privilegios. Aunque algunos de estos privilegios sean absurdos, hasta ahora han tenido éxito. Por ejemplo, a los trabajadores se les descuenta de su salario el aporte al sindicato aún sin su consentimiento. El DNU exige el consentimiento explícito. ¿Qué tiene esto de irrazonable? Nada, pero los sindicatos apelaron y lograron trabar, por ahora, la eliminación de los aportes obligatorios. No sólo es un robo, sino que, desde el punto de vista económico, desvía riqueza de usos valorados por el dueño del dinero hacia usos improductivos. Así, con muchas regulaciones de este tipo, es como se construye la pobreza.

Otro ejemplo de una regulación existente que sólo logra más miseria es la prohibición de que en las estaciones de servicio el cliente se sirva su propio combustible, como en cualquier país avanzado. El consumidor ganaría tiempo y, además, dinero al poder cargar a un precio menor. El estacionero perdería su trabajo actual, mal remunerado por cierto por ser de poco valor agregado, pero viraría hacia un trabajo de mayor valor y remuneración. Es cierto que existiría cierto sufrimiento durante la transición, pero la elección es entre pobreza permanente o sacrificio actual para obtener un bien mayor.

A los gobernadores les pareció muy bien que el Estado Nacional reduzca su estructura y recaudación siempre y cuando las de ellos no se vea afectada. Exigieron un toma y daca pensado, principalmente, en no afectar su status quo. El objetivo fue y sigue siendo mantener las burocracias provinciales y municipales, que han crecido sin cesar durante los últimos 20 años, intactas. Como resultado, la ley no pudo ser aprobada ni en su versión resumida.

Las provincias y los sindicatos llevan décadas viviendo del Estado Nacional y de sus favores. Para que todos podamos progresar deberán destetarse. Al tener cierto poder de bloqueo esto no resultará fácil.

Ante estos obstáculos, el gobierno de Milei optó por desechar herramientas que quedarían sin filo y apuntar primero a uno solo de sus objetivos, la reducción de la inflación, mediante la casi eliminación de las transferencias discrecionales. En parte como resultado de esta decisión, enero habría cerrado sin déficit. Al no existir déficit, no habrá emisión para financiarlo y, por lo tanto, la inflación debería retroceder. Uno de los objetivos, quizás el más tangible, se empezaría a cumplir. Pero no siguiendo el camino óptimo ni el más sustentable.

Para tener déficit cero de una manera virtuosa y permanente hay que eliminar los gastos improductivos, tantos que permitan una baja y reordenamiento de los impuestos. A su vez, las desregulaciones permitirían que los recursos productivos se orienten, por sí mismos, hacia actividades de mayor valor agregado.

En conclusión, hasta ahora el nuevo gobierno está avanzando principalmente en la baja de la inflación por un camino que será largo. El camino más corto y con mayores frutos está obstruido por piquetes de los privilegiados y las corporaciones. Mientras, todos tendremos que esperar para ver cómo nos sigue afectando esta historia.