Por qué el sistema de Bukele sería un fracaso en la Argentina

Nayib Bukele, el presidente relecto en El Salvador, se transformó en el espejo de los argentinos para combatir la delincuencia.

La realidad indica que el modelo salvadoreño es inaplicable en la Argentina.

Las pandillas centroamericanas fueron fruto de huérfanos por los combates guerrilleros que se exiliaron en Estados Unidos y se organizaron para vivir del robo. Las pandillas fueron creciendo y se extendieron a Centroamérica, pero con un comando central que las manejaba como un ejército.

Así, se adueñaron de la vida y funcionaron como un ejército paralelo que `manejaba la ilegalidad. Suyos eran el negocio de las drogas, la protección a los comercios, robos y asesinatos por encargo.

Bukele apareció como una necesidad y creó un sistema para combatir un ejército organizado de delincuentes. Por eso, la mega cárcel para combatir a bandas como Barrio 18 y Marta Salvatrucha no tiene sentido en la Argentina.

En El Salvador, las bandas llevaban en su cuerpo tatuajes que identificaban su pertenencia. Esos tatuajes fueron prueba suficiente para detenerlos y aislarlos en una mega cárcel donde el poder lo tiene el servicio penitenciario.

Atrás de los delincuentes detenidos, quedaron huérfanos y la pregunta es si esos niños sin padre no repetirán la historia.

En la Argentina el poder lo tienen los presos y esa es la realidad que ha comenzado a cambiar. Con el traslado en Santa Fe de narcos y sicarios a pabellones de máxima seguridad, quedó en evidencia como los delincuentes manejan el poder.

Si son los dueños de la cárcel, la sociedad no lo nota. Pero cuando le arrebatan ese poder, como en Santa Fe, comienzan a disparar sobre comercios y personas. Matan inocentes y hacen ostentación de su capacidad de decidir sobre la vida de las personas.

En la provincia de Buenos aires, donde los asesinatos tras robos simples, tienen otra génesis.

La razón principal, es que el delito lo manejan jueces y policías corruptos que no permiten la formación de bandas organizadas porque serían su competencia.

Los delincuentes se encontraron con un escenario ideal para realizar sus trabajos. Ellos llaman trabajo a asesinar y robar.

En primer lugar, se abarató el costo de las armas. Desde la gestión de Mauricio Macri comenzaron a tener costos altos, porque el organismo que fiscaliza y controla las armas de fuego no es permeable. Es difícil que desde ese lugar se provea de armas, como se lo hizo durante años, a los delincuentes.

La falta de oferta hizo que quien quiera salir a robar debía alquilar las armas a organizaciones que cobraban aranceles elevados.

Pero como el negocio era rentable, no duró mucho tiempo. Ahora, las armas salen de los robos en los depósitos judiciales o en falsas quemas de armamento.

Las fiscalías de Junín y San Martín, padecieron el robo de armamento. Las 20 armas de fuego de Junín fueron robadas, según la investigación, un empleado judicial, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, su hermano y su madre. Algo difícil de asimilar.

Cuando aparecen dos depósitos judiciales con gente de la justicia, la policía o el servicio penitenciario, involucrados, es porque hay bastantes casos más.

El abaratamiento de las armas por esta mayor oferta coincidió con el encarecimiento de los botines. En otras palabras, la ganancia para el delincuente se volvió más atractiva por el aumento del valor de lo que robaba y el menor costo del arma.

La falta de dólares para las importaciones fue un factor determinante en la rentabilidad. Los autos y motos robados tienen destino de desarmadero por el valor de los repuestos y cubiertas. Lo mismo sucede con celulares y aparatos electrónicos.

Pero el costado invalorable, es la ausencia de la policía, la falta de prevención del delito y las bajas penas que aplican los jueces o la posibilidad de salir en libertad condicional comprando las tobilleras.

La sofisticación es tan grande que hay jueces encabezando la organización que administra el delito.

En mi libro “La República Bonaerense”, cuento en detalle el funcionamiento de esta corrupción que une en un solo botín a los falsos empleados de la legislatura, al negocio de las drogas y al apropiamiento del presupuesto policial.

Los políticos que están dentro de esta República Bonaerense tienen altos cargos, pero están de paso porque lo que se mantiene en pie es la organización que está instalada hace décadas en la provincia.

Por caso, cuando se quiso hacer el jury de destitución al fiscal Claudio Scapolan que participó del operativo “Leones Blancos” en conjunto con policías y delincuentes. El cargamento del que se apropiaron fue de más de una tonelada de cocaína de la que declararon en actas solo 640 kilos.

Los juzgó la jueza Sandra Arroyo Salgado. Cuando había encarcelado a 23 policías y a los dos secretarios de Scapolan, le arrebataron la causa y la pasaron a los tribunales federales de San Martín. No querían que el escándalo avance.

Salgado se hizo oír y no quedó otra alternativa que votar el juicio de destitución a Scapolan. Armar el jury fue una tarea porque todos los jueces penalistas de casación se excusaron y hubo que nombrar a una jueza de la Cámara Civil y Comercial en La Plata, Ana María Bourimborde a quienes la acompañaron legisladores con el cargo de conjueces.

Uno de los casos recientes que muestra cómo funciona la delincuencia en la provincia de Buenos Aires y es un dato contundente de porque el método Bukele es inaplicable en la Argentina, es el de la banda de los jueces, encabezada por César Ricardo Melazo.

Al juez lo traicionó su vanidad y sus desbordes tras hacerse de una gran fortuna. No le gustaba pasar inadvertido. Tenía una presencia que imponía autoridad por su altura y por una rubia melena que llegaba hasta los hombros. Era agradable, carismático con buen humor.

Cuando se decidió sacar provecho a su cargo, porque su sueño era tener dinero para ingresar a la política y ocupar el Ministerio de Justicia, entró en La Repúblicas Bonaerense.

Pronto se hizo de aliado de policías que tenían tan pocos prejuicios como él.

En 1992 ascendió a fiscal y en 1997 conoció al oficial subinspector Gustavo Mena, que había sido trasladado de la Brigada de La Plata a la comisaria de Gonnet como jefe de calle. Melazo vivía al lado de una estación de servicio en 7 y 32 de la ciudad de La Plata.

Desde que Melazo asumió como fiscal y hasta que juró como juez de Garantías en 1998, tuvo una empresa de limpieza que prestaba servicios en lo que ahora es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y otros organismos públicos bonaerenses mediante el arreglo de licitaciones. Se lo vinculó con los sectores más corruptos de la bonaerense, puntualmente con ex integrantes de los departamentos de narcotráfico y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.

Pronto supo de las ventajas que daba el nuevo cargo y durante 5 años actuó confiado en que la impunidad puede ser eterna.

En 2002, dos detenidos por el robo de cuatro mil cerdos y mil caballos en los alrededores de La Plata, aseguraron haber pagado para que el juez Carlos Gómez -destituido en 2013- y el fiscal Melazo los dejen en libertad.

En 2003 Felipe Solá, Gobernador de la provincia, le inició un jury de enjuiciamiento porque obstruía la investigación de los desarmaderos de autos robados. Al mismo tiempo era investigado por el fiscal Carlos Agüero por extorsión de los cuatreros Cristian y Nelson García Inciarte que lo acusaron de pedirles $25 mil a su abogado. Las escuchas telefónicas revelaban que los cuatreros no estaban mintiendo. Casi 50 llamadas entre el juez y uno de los defensores lo dejaba expuesto.

Solá sabía que Melazo tenía vínculos con funcionarios de la bonaerense bautizada en aquel momento como “la maldita policía”.

En 2007 volvió a ser denunciado por el abogado Alejandro Montone, porque el juez había tomado atribuciones propias del fiscal, que en la provincia es quien lleva la instrucción, cuando se investigaba la causa de tres policías asesinados en el atraco a una dependencia policial de La Plata. Además, habría dejado sin protección a un testigo clave de la causa. En las 154 páginas de la denuncia se lo acusó de incompetente y negligente.

Pero Melazo mantenía los contactos políticos que lo ayudaron a no ser sancionado, a pesar de que todas las investigaciones conducían a él.

En 2008, el comisario Gustavo Bursztyn manejaba una banda de policías y delincuentes.

Gustavo Mena eral el jefe de calle de la Comisaría segunda donde Bursztyn era el titular. Como el jefe de calle tiene toda la información del barrio que custodian, saben qué casas pueden robar porque los dueños están ausentes.

Mena operaba con una banda de delincuentes que se armó en la calle. Cansado de detener a Juan Farías, apodado “El Tecla”, hizo un arreglo para protegerlo a cambio de que le llegue una parte del botín. Un protegido de Mena, Adrián “Quichua” Manes, trabajó con él, pero no tuvo participación directa en los robos. Era el perejil de la banda. Al grupo se sumaron gente como Rubén “El Tucu” Herrera, jefe de la barra de Estudiantes de La Plata, un personaje con carisma, inteligencia y una buena posición económica que introdujo a su ex cuñado Javier Ronco, dueño de una agencia de autos donde vendía vehículos de origen desconocido. Con él trabajaba Ángel “Pipi” Yalet que fue quién presentó a Juan Farías con Mena. Carlos Bertoni, hermano de Daniel, el ex jugador de fútbol de Independiente que fue campeón del mundo en 1978, se ocupaba de la parte de seguros y hacía arreglos con gente que entregaba sus autos para cobrar la póliza. El resto de los integrantes eran Carlos “Macha” Barroso y Jorge Gómez de Saravia.

La protección policial era insuficiente. Necesitaban operar en zonas liberadas, algo que podían lograr con un juez.

Cuando en 2008 Bursztyn le contó el proyecto a César Melazo, no dudó en cubrir el espacio para protegerlos y se transformó en el jefe porque era el que liberaba la zona cuando estaba de turno. En la pirámide, lo siguió el comisario Bursztyn, que era el hombre operativo.

Los delincuentes especialistas en “escruches”, como llaman a esta modalidad de robo, aguardaban a que les avisen cuando se liberaba la zona para actuar. Esto sucedía los días que estaba de turno el juez Melazo. Esas noches, los patrulleros no patrullaban y las cámaras de seguridad no grababan. El botín se repartía entre todos ellos.

Pronto, surgieron negocios que ampliaron el radio de acción de la banda. Melazo, con el barrabrava de Estudiantes de la Plata, Rubén “Tucu” Herrera, se apropió de 5 discotecas donde se vendía droga. Las tomaban por las buenas o por las malas, disuadiendo a los dueños a malvenderlas, porque si no le iban a complicar la vida armándoles causas.

Por supuesto, los locales estaban a nombre de terceros. La sociedad se expandió y formaron “J.R Automotores” para la compra y venta de vehículos.

Además, armaron una empresa para organizar viajes de egresados y entrar al negocio del turismo.

Melazo se tornó muy ambicioso. Se mostró como líder de la lucha contra el juego clandestino. Convenció al pueblo de La Plata que era el líder que necesitaban para acabar con esa calamidad. Pero el tema se complicó cuando le pidió al capitalista que manejaba el juego en La Plata, una participación en el negocio. No quería comisión, quería ser socio. El hombre, que guardaba la recaudación de cada día en tambores de 200 litros, no toleraba las presiones. Para quebrarlo le secuestraron al hijo por el que pidieron rescate. El capitalista denunció a Melazo por el secuestro. El quinielero vive hoy en una casa absolutamente blindada, de difícil acceso.

Ser ministro fue su obsesión. Lo hablaba con sus amigos o en reuniones sociales. Lo mencionaba en cada discurso que pronunciaba. Se arrogaba la capacidad de terminar con la delincuencia aplicando la mano dura. No le desagradaba que alguien, en son de broma, lo llamara “señor ministro”.

Por eso se hizo un ferviente defensor de la policía con quienes, no solo realizaba negocios, sino que los encubría y hasta los acompañaba a allanamientos con el riesgo de que sean anulados por la presencia de un juez. Melazo iba a los procedimientos para controlar los objetos de valor que las fuerzas de seguridad iban a robar y repartir. Había librado la orden de allanamiento y no iba a quedar afuera de las ganancias.

La vida de Melazo se convirtió en una fiesta perpetua y su fortuna crecía a la vista de todos. Los excesos eran su sello de identidad. Podía emitir la carcajada más sonora o entrar en furia en un instante, cuando estaba pasado de bebidas o estimulantes.

Tenía pasión por las armas. Guardaba una verdadera colección. Todos los años concurría a cotos de la Patagonia a cazar jabalíes.

El poder de César Melazo quedó demostrado a fines de 2009 cuando dos ladrones robaron en la Subsecretaría de Derechos Humanos $300 mil y una computadora, luego de reducir y atar con un precinto a los guardias.

El escándalo político fue importante y preocupó a Melazo: no quería que intervenga la jurisdicción federal a investigar el hecho y a poner en riesgo su negocio.

Aunque no llevaba la causa del robo, que estaba en mano de otro juez, se reunió con Juan Ibarra, el feje de investigaciones de la Departamental de La Plata. La cúpula policial estaba urgida por esclarecer el hecho por las presiones del Gobernador y del Gobierno Central.

Durante la reunión, un llamado telefónico del oficial Mena, interrumpió su conversación. Apenas cortó, le pidió a Ibarra que lo acompañe a la casa de Juan Farías. Mena lo esperaba tomando mate, mientras la mujer de Farías se ocupaba de su hija. Ibarra se quedó esperando en el auto.

Dentro de la casa, Mena le presentó al juez a Gastón de Rito y al oficial de policía Juan Manuel Mateos, los autores del robo a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Confesaron que lo sustraído -$300 mil y una computadora- estaba en Mar del Plata y pidieron unas horas para devolverlo. Melazo aceptó la propuesta y se retiró para reunirse con el jefe de investigaciones. Mena se quedó en la casa de Farías.

Ibarra -alertado por Melazo- montó un operativo encubierto. Vio que Mena se movilizaba en un Peugeot 306 que permaneció estacionado frente a la casa de Farías hasta las 3 de la mañana.

Mena, que sabía que Ibarra estaba en el tema, lo llamó para decirle que iba a ir a la Dirección de Investigaciones. Cuando llegó le entregó todo lo robado a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Gastón de Rito y el policía Juan Manuel Mateos, fueron detenidos. Ambos confesaron el robo y recibieron una pena menor.

Pero la colaboración de los policías tuvo un sentido. En ese momento se estaba investigando un tiroteo del 6 de diciembre en Gonnet donde una bala perdida mató a un chico de 8 años. Mateos era uno de los participantes del tiroteo y no fue investigado gracias a su colaboración en la investigación del robo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Una computadora y $300 mil fueron más valiosos que la vida de la criatura. Uno era un hecho cuasi político y el otro un crimen cotidiano en la provincia de Buenos Aires.

La banda prosperaba, pero había víctimas dispuestos a detenerlos. El 4 de enero del 2010, Juan Farías robó la fábrica de Helados Thioni’s, a tres cuadras de la Comisaría Primera de Ensenada. Se llevó $187 mil de una caja metálica y $12 mil del cajón del escritorio.

El propietario, Diego Thioni lo denunció, pero le avisaron que tenga cuidado porque el delincuente trabajaba para el comisario Paniagua, lo que confirmó pocos días después cuando los vio a en la puerta de la Comisaría tomando mate. El hecho derivó en una acusación a Asuntos Internos que depende del Ministerio de Seguridad. Pero como el jefe de turno era Melazo, esas denuncias no prosperaron. Bastaba un llamado al ministerio de Seguridad para cajonear el trámite.

La investigación del robo la hizo el agente Rubén Azcúa, que admitió que su tarea tuvo un resultado negativo. No pudo encontrar pistas que lo llevaran a los culpables. Este agente, tiempo después, cuando la justicia comenzó a investigar a Melazo, apareció en una escucha con Mena hablando sobre drogas.

Horas después del robo a Thioni’s se reunieron en la casa de Farías, Mena y Melazo para hablar sobre el atraco a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Para la misma época también habían robado las heladerías, Sorbetier y Shelattino. Las cámaras que enfocaban adentro y afuera, y sistema de alarma no funcionaron, porque cortaron los cables y se llevaron las grabaciones. El dueño no recuperó el dinero y tampoco fue llamado desde la fiscalía.

Farías se manejaba con total impunidad amparado por los titulares de las diferentes comisarías cuando el juez de turno era Melazo.

Otra de las modalidades tenía como protagonista a Carlos Bertoni, el productor de seguros. El negocio era hacer desaparecer un auto con el consentimiento del propietario, para cobrar el seguro. Bertoni se llevaba una comisión y el auto iba a la concesionaria de Ronco donde se adulteraban los papeles y salía a la venta o terminaba en un desarmadero.

El negocio prosperó hasta que Bertoni, le comentó al comisario Bursztyn que, en la casa del representante de jugadores de fútbol, Roberto Zapata, iba a haber una gran cantidad de dinero en la caja fuerte que estaba en el dormitorio. El hombre estaba por cobrar las comisiones por el pase de tres jugadores de fútbol de Estudiantes de la Plata. Se hablaba de millones de dólares. El productor de seguros tenía la información precisa porque estaba casado con la prima de Zapata.

Melazo fue puesto al tanto y dejó todo en manos de Bursztyn que le encargó la tarea a Juan Farías.

El día indicado era el sábado 17 de julio porque el representante festejaba sus 60 años con una fiesta en el salón de eventos “Casa Frawen’s”. El destino o vaya a saber qué mano invisible, dispuso que Melazo sea el juez de turno esa noche.

Zapata, que había invitado a la fiesta a Melazo le pidió que le pusiera custodia en su casa. El juez le prometió que iba a mandar un patrullero.

Mientras tanto, había un plan en marcha. Farías pensaba entrar a robar la casa. Había sido designado por el comisario Bursztyn.

Pero a la tarde lo citó y le dijo que el robo se había suspendido. “El Tecla” discutió y el comisario le dijo que era una orden de “El Flaco”, como apodaban a Melazo. Farías no le creyó. Pensó que otro integrante de la banda iba a ejecutar el robo y que él iba a quedar afuera del reparto.

Durante la fiesta, todos celebraban y el patrullero vigilaba la casa de Zapata. Pero a las 11 de la noche se retiró la vigilancia.

Zapata en realidad, cumplía años un mes antes, el 12 de junio, pero como muchos de sus amigos iban a estar en el mundial de Sudáfrica, postergó el festejo. Jamás imaginó lo que iba a desencadenar ese cambio de fechas.

El representante se había asegurado el refuerzo policial, más allá del ofrecimiento de Melazo, porque que era amigo de Roberto Sabasta, el jefe de la Departamental de La Plata.

El hombre, entusiasmado con su fiesta salió de su casa a las 9 y media de la noche y vio policías. El festejo fue grandioso, había figuras del ambiente del fútbol, políticos, funcionarios y empresarios. Melazo no era el único juez, también estaba Federico Atencio, que fue uno de los perseguidores de Guillermo Berra, el jefe de Asuntos Internos de María Eugenia Vidal, porque el funcionario había hecho 35 mil sumarios y había dado de baja a 3.500 policías, muchos de ellos oficiales superiores. No faltó el comisario mayor Néstor Martín, que tiene una causa que no avanza por corrupción y lavado de dinero y fue exonerado de la policía, tampoco faltaron los que después fueron sus abogados, tampoco faltaron los que después fueron sus abogados Fabían Améndola y Fernando Burlando.

A las 7.30, Zapata llegó a su casa. Entró la camioneta al garaje y cuando subió a su habitación se encontró con la puerta cerrada con llave del lado de adentro. Cuando logró ingresar, el lugar estaba en absoluto desorden, el techo de chapa dura y membrana había sido perforado y los escombros cayeron sobre la cama Super King Size. El placar y los cajones estaban abiertos y la caja fuerte vacía. Nunca reveló el monto real que se llevaron. Solo denunció que le habían robado $60.000, cadenas, aros y relojes que pertenecían a su esposa.

Por supuesto, llamó a la policía. Sabasta le confirmó que el móvil policial había estado en su casa de calle 13 entre 70 y 71 pero que un poco antes de la medianoche hubo un accidente en las calles 7 y 72 y se tuvo que retirar para prestar auxilio.

Los jueces se pusieron a su disposición al igual que el comisario, pero no aportaron nada. Nunca recibió explicaciones de lo que había pasado, a pesar de que el juez de turno era su amigo e invitado César Melazo.

La casa tenía alarma y un sistema de monitoreo que fueron desactivados. El que la robó debió conocer esos detalles. Al día siguiente, Zapata encontró una soga con nudos en la vereda. Era la que utilizaron los ladrones para llegar al techo.

A los tres días del robo, el 20 de julio, el Comisario Bursztyn hizo un asado por el día del amigo en su casa de City Bell. Estuvieron Juan “El Tecla” Farías, Gustavo Mena, Javier Ronco y Ángel “Pipi” Yalet. Más tarde llegó el juez Melazo. El ambiente fue tenso porque Bursztyn culpó a Farías del robo a Zapata. “Como nos cagaste, te dijimos que no lo hagas y lo hiciste. Esto no es gratis”, le dijo el comisario.

-Vos sabés y los sabés bien que yo no fui- le contestó “El Tecla” y acusó a Ronco y Yalet.

Farías, que no fumaba ni bebía alcohol, tomó unas copas, para calmar sus nervios, que lo dejaron en mal estado.

Enojado, se retiró del asado con su Mini Cooper rojo y a las pocas cuadras atropelló a baja velocidad a dos mujeres a las que les causó lesiones en las piernas ¡Las quebré! ¡Las quebré!” gritó en su desesperación y huyó.

No hubo denuncia ni test de alcoholemia. Bertoni le pidió que se quedara tranquilo que iba a denunciar a la compañía de seguros que chocó con un camión. Pero el problema era que la licencia de “El Tecla” estaba vencida y Bertoni le sugirió que busque otra persona para hacerla figurar como el conductor del auto. Lo hicieron, pero la compañía de seguros desestimó la denuncia porque había demasiadas irregularidades.

Al reparar el mini Cooper se encontró con la sorpresa de que el sistema de encendido del auto no funcionaba. Era una computadora difícil de conseguir en la Argentina. No le fue difícil robar otro mini Cooper y llevarlo al desarmadero para sacarle el sistema. La policía, avisada, fue al lugar y la amante de Farías, Julieta Alonso, de la que Juan se había enamorado y por la cual estaba por dejar a su esposa para iniciar una nueva vida en Colombia, se fugó con él saltando la tapia.

La suerte no acompañó a Julieta que olvidó su cartera en el auto. Cuando la reclamó, los policías los citaron. Farías tuvo que pagar una comisión para recuperarla y otra para que le vendieran el sistema de encendido del mini Cooper que él había robado.

Juan tenía dinero ahorrado y hacía planes con Julieta. Eso hacía creer que fue el ladrón de la casa de Zapata. Pero también el comisario Bursztyn había incrementado sus bienes considerablemente y hasta era dueño de un desarmadero. Todo lo que sucedía era mirado con atención para saber quién se había quedado con la plata de Zapata. El comentario más extendido es que el enojo con Farías no era por el robo sino porque declaró que había robado una suma menor. Otros culpaban a Javier Ronco del hecho.

El 1 de diciembre de 2010, cuando Farías tenía decidido radicarse en Colombia con Julieta, estuvieron en un albergue transitorio de La Plata. El hecho de que Juan seguía casado con Nadia Mariscal, lo obligaba a tomar precauciones.

Enamorado, había dejado de robar y se dedicó a producir conjuntos de cumbia y a descubrir a nuevos talentos que llevaba a cantar al programa de Canal 2 “Pasión de sábado”, donde los productores cobraban a los aspirantes a ser famosos. El negocio del programa era promover a los grupos para que consiguieran fama, pudieran vender mejor sus discos y conseguir contratos en bailantas.

Después de pasar la noche en el hotel, compraron sándwiches de miga y los compartieron con uno de los grupos que producía “El Tecla”.

Después, Juan regresó a su departamento en un edificio de categoría en la calle 44 entre 26 y 27, que demostraba su buen pasar.

A las 3 de la madrugada, cuando llegó “El Tecla” y entró su auto a la cochera, un individuo abrió la puerta y lo apuntó con un arma en el hall de entrada. Al mismo tiempo ingresaron 3 cómplices encapuchados que le quitaron el manojo de llaves. Dos de ellos se dirigieron al departamento 5to “B” donde vivía Juan. Entraron y pidieron a gritos a Nadia Mariscal, la esposa de Farías: “¡Entregá la plata grande”!

La mujer les dijo que no sabía de qué hablaban. Los hombres se apoderaron de todo lo que encontraron desde un teléfono Samsung de Nadia, hasta alhajas, tres relojes uno marca Bulgari y dos Gucci, cuatro anillos de oro, una alianza grabada “Nadia y Juan. 9 de julio de 2000″, una cadena de oro cruzada con tres cadenas, 5 mil dólares y unos fajos de billetes argentinos que estaban en el marco de una puerta que va a la cocina. Tras terminar la tarea, encerraron a Nadia y a su hija en una habitación. Al retirarse uno de los ladrones dijo: “la plata grande seguro que la guarda en la casa de los padres”.

Cuando volvieron a la planta baja, mataron a Juan con cuatro disparos.

Los integrantes de la banda del juez comenzaron a ser sospechados por el asesinato, en particular el comisario Bursztyn. Lo cierto es que la investigación no avanzó y las cámaras de seguridad de la zona no tomaron imágenes.

El fiscal Tomás Morán, integrante de la banda del juez, fue el primer representante del Ministerio Público que se hizo cargo de la investigación del asesinato de Farías.

Mientras estuvo a cargo, la investigación del crimen no solo no avanzó, sino que desaparecieron la gorra y las balas que se encontraron en el auto incendiado y se perdieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la avenida 44 que habían registrado el paso de los vehículos que utilizaron los asesinos de Farías.

La familia le pidió al fiscal que citara al comisario mayor Bursztyn, porque Juan robaba para la banda que integraba ese jefe policial. Pero el fiscal se negó. “Gustavito es un amigo”, respondió Morán.

A partir de la separación de Morán del caso, el expediente por el homicidio de Farías quedó a cargo de la fiscal Lacki. Cuando vio como había actuado su colega, convocó a efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal y comenzó una investigación que llevó a otros hechos. Cuatro años después, quedó expuesta la banda del César Melazo.

El juez, ajeno a lo que investigaba la fiscal, en marzo de 2011, cuando cumplió 50 años, decidió criar un ternero que alimentarla con los mejores pastos y lo criaría en un feed lot para que no se moviera y desarrollara músculos que endurecerían su carne. Ese ternero iba a ser sacrificado para su cumpleaños 51.

Llegó el día del aniversario, pero las lluvias continuas de julio lo postergaron al primer día de setiembre. Las bebidas eran las más selectas de su cava. El gobernador Daniel Scioli era el invitado central que llegó con su jefe de gabinete, Alberto Pérez y el ministro de Infraestructura Alejandro Arlía. No faltó el sindicalista de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina ni comisarios ni gente del mundo sindical.

En 2015, cuando Aníbal Fernández, perdió las elecciones para Gobernador de la provincia, su primera actividad fue borrar los tweets de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y a Aníbal Fernández. Sobre el candidato a Gobernador había escrito “Compañero, cuente conmigo para lo que cuadre”. Nada que lo relacionara con su breve pasión kirchnerista, debía quedar en las redes, donde era muy activo. Melazo nunca tuvo otra idea política que la de turno. Esta vez creyó que el kirchnerismo ganaba y que iba a ser ministro. Si hubiera sabido que el triunfo sería de Cambiemos, probablemente, hubiera intentado acercarse a ellos.

A Melazo le tocó intervenir en la investigación de la triple fuga del 27 de diciembre de 2015 de la cárcel de General Alvear.

Ante el temor de sufrir represalias por no aceptar la oferta del abogado Solivaret de desdecirse de las acusaciones públicas hechas a Aníbal Fernández por el programa de televisión “Periodismo para todos”, los hermanos Lanatta y Schillachi huyeron del penal de General Alvear.

Ese episodio dejó al descubierto la relación que tenían con comisarios y funcionarios de la provincia además de contactos con la barrabrava en particular con Marcelo Mallo, oriundo de Quilmes, que había sido el titular de la ONG “Hinchadas Unidas Argentinas” creada por el kirchnerismo.

Melazo no deseaba que atrapen al trío de fugitivos. Por eso irrumpió en la reunión de la recién asumida Gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal en Puente 12 donde funciona el cuartel de La Matanza del Ministerio de Seguridad. La funcionaria con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y otros funcionarios estaban trazando el cuadro de situación tras la fuga.

César Melazo exaltado y ansioso se presentó ante la plana mayor.

-Los estamos siguiendo y ahora están en el parque Pereyra Iraola- les dijo.

Al principio descreyeron, pero el juez fue tan persuasivo que enviaron a las fuerzas de seguridad a barrer la zona y descuidaron otros enclaves.

Por supuesto, los tres fugitivos no estaban en el lugar, sino que huían por la zona que les habían liberado.

Las denuncias de Betina Lacki fueron impulsadas por el procurador Julio Conte Grand. El senador Juan Pablo Allan encabezó el movimiento en la bicameral para destituirlo con un juicio político. Melazo tenía que enfrentar cargos por el encubrimiento del barrabrava de Quilmes, Marcelo Mallo, el sobreseimiento a Daniel Gustavo Vila, secretario general del gremio de Carga y Descarga de camiones del Mercado Regional, por la toma de ese organismo y la causa del robo de 4 mil chanchos y una serie de procedimientos a chacareros de la región.

Antes de padecer el jury de destitución, Melazo prefirió renunciar. “Soy un laburante -declaró a los medios-. Nunca tuve miedo al barro ni a arremangarme, pero yo tuve que renunciar y echaron a mi hija desde de 4 o 5 años de empleada del Ministerio de Educación. Echaron a mi hermano después de 12 o 14 años en el Grupo Bapro (del Banco Provincia), echaron a mi sobrino. Todos de apellido Melazo, por cierto”. Asombró que un juez confesara que tenía a sus parientes en el empleo público. Esa declaración, lejos de favorecerlo, indignó a la opinión pública, que se sentía saqueada por los impuestos para mantener al Gobierno.

Pero de laburante tenía poco. La justicia le comprobó que era dueño de un Mercedes Benz 2015, que tenía permiso para circular en dos camionetas Hilux Toyota que pertenecían a la sociedad “5 de setiembre SA”, que había cometido fraudes en Aguas Bonaerenses SA, tercerizando trabajos al Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias y a “General Saneamiento SA” por los que cobró honorarios por servicios y asesoramientos.

De distintas formas tenía la autorización para circular y la propiedad de más de 15 vehículos. A nombre de su ex mujer tenía 10 departamentos y a nombres de sociedades otros tantos. Poseía campos, ganado vacuno y caballos. Uno de los campos estaba en azul donde además tenía un terreno, cinco departamentos y una casa.

A través de sociedades como “Cántaros SRL” que la integraban su ex mujer e hijos, movía sumas de dinero importantes. En el Banco Santander tenía cuenta en dólares con fuertes saldos. Una caja de seguridad a nombre de él y su hija en el banco ICB. No faltaban participaciones en la construcción de barrios privados. Con dos sociedades financieras que intercambiaban fondos entre sí, “Inversiones Los Hornos SRL” y “Barrio Laguna Los Patos SRL”, eludían el circuito financiero.

En Cariló y Costa Esmeralda, también había comprado lotes. Era socio de cinco locales nocturnos con Rubén “Tucu” Herrera.

Entre 1996 y 2017 hizo 40 viajes al exterior, con destinos a Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, Panamá, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, entre otros países.

Los integrantes de la banda, además de sus patrimonios, tenían a sus parejas desempeñando cargos públicos. Las mujeres de Bursztyn, Mena, Barroso y la segunda esposa de Melazo, trabajaban en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Herrera, Petrullo, “Pipi” Yalet y su esposa, estaban en la nómina de la Cámara de diputados. La mujer de Javier Ronco, tenía un cargo en el Senado.

Sin los fueros, Melazo quedó a merced de la justicia y fue detenido el 24 de agosto de 2018 acusado de ser jefe de una asociación ilícita y coacción agravada entre otros delitos.

El personal policial que participó del allanamiento de su casa en Gorina, jamás imaginó una propiedad tan extensa y con tanto lujo. Fuera de los límites que rodean la casa había un lago artificial, un corral para caballos, una extensa piscina. Le requisaron 13 armas, donde no faltaron rifles de caza, armas de colección, rifles de repetición calibre 7.65, un fusil Mauser alemán de gran poder de tiro, una escopeta Remington de las que usaba la policía modelo Ítaca, una pistola Bersa, dos revólveres y 5 pistolas semi automáticas. Lo sorprendente fue encontrar rifle Winchester calibre 44 que tenía pedido de captura.

El arresto de Rubén “Tucu” Herrera, ex jefe de la barra de Estudiantes, fue en el Club de Campo Grand Bell, en City Bell, mientras que Enrique Petrullo, el operador judicial que conectaba a presos con jueces, fue detenido en la calle y fue llevado a Ezeiza a un pabellón que nada tenía que ver con el IRIC.

El “Tucu” salió en libertad el 14 de enero de 2022, después de cumplir tres años de prisión. Tiene prohibido salir del país y mantener contacto con los otros imputados en la causa.

En Ezeiza, pero no en el IRIC, quedaron Angel “Pipi” Yalet, el presunto chofer del auto cuando asesinaron a Farías; Carlos Bertoni y Javier Ronco, ex cuñado de Herrera. Yalet y Ronco salieron antes del juicio oral a la banda, porque se sometieron a juicios abreviados.

Un mes después detuvieron al Fiscal Tomás Morán. Su edad, 60 años, y sus problemas de salud lo eximieron de acompañar a sus cómplices en Ezeiza y cumplió arresto domiciliario en su mansión del Parque Sicardi, en Villa Elvira a 10 kilómetros de la ciudad de La Plata.

Morán había recibido 30 mil dólares de Javier Ronco para otorgarle la prisión domiciliaria. Además, obstaculizó las investigaciones sobre el asesinato de Juan Farías.

Ronco, uno de los 13 imputados de integrar la banda del juez, había sido condenado por los homicidios de Carlos Rodríguez y María Martini.

Las escuchas telefónicas colaboraron para la detención del fiscal. El oficial Gustavo Mena que estaba en libertad le contó a Adrián “Quichua Manes”, preso en Magdalena, que el fiscal Morán pretendía internarse en un instituto neuropsiquiátrico para evitar quedar preso.

Manes, estuvo preso diez años por la muerte de Farías por el testimonio de una vecina, que lo reconoció. Años después, en el juicio oral, admitió que la policía lo obligó a hacer esa declaración.

Tras 4 años de prisión, el 5 de setiembre de 2022 el ex juez de Garantías de La Plata, César Melazo, enfrentó a los jueces Santiago Paolini, Andrés Vitali y Silvia Hoerr del Tribunal Oral Criminal N°2, donde comenzó el juicio oral contra “la banda del juez”, acusada de asociación ilícita. Lo acompañaron el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn; el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena, el teniente primero Marcos Chiusaroli de la Comisaría Segunda, Carlos Bertoni, Adrián Manes, Enrique Petrullo, Héctor Vega, Martín Fernández y Carlos Barroso.

Según la acusación de los fiscales Victoria Huergo y Mariano Sibuet, esta “asociación ilícita” se conformó para llevar adelante “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos y su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”, donde los efectivos policiales implicados “aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”.

Cuatrocientos testigos declararon en el juicio que terminó seis meses después, el 5 de marzo de 2023.

Cuando se dio a conocer el fallo, César Melazo, que se declaró inocente, fue condenado a 7 años y medio de prisión como coautor de una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos.

Gustavo Bursztyn fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión, el ex policía Gustavo Mena a 6 años, Adrián Manes a 4 años y medio, Carlos Bertoni a 4 años y Enrique Petrullo también a 4 años, pero por “tráfico de influencias”. Héctor Vega y Martín Fernández, resultaron sobreseídos. Carlos Barroso Luna fue absuelto, pero por el delito de “asociación ilícita”.

La condena de Melazo no se cumplió. Un mes después, en un fallo por mayoría, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 platense le otorgó la libertad asistida por el tiempo que transcurrió en prisión y por los cursos que realizó en la cárcel que permiten reducir pena.

Melazo cursó mecánica automotriz, formación de estudiantes en políticas de género, matemáticas, seguridad laboral, entre otros. Además, el fallo dice que hizo cursos de “ukelele en casa”, “curso de peones a reyes - ajedrez avanzado”, “curso de Tai Chi Cuan para la salud”, “clases de teclado en casa”, “curso de Chin kung para la salud Budanjin” y “nuestras propias semillas”.

Lo cierto es que todos están libres. El ladrón de la casa de Sergio Massa fue condenado en 2013 a 18 años de prisión y aún sigue en la cárcel.

¿La conclusión? Robar la casa de un político es más grave que robar varias casas, autos y negocios de los ciudadanos.