La necesidad de regular el lobby en Argentina

La influencia de grupos de interés en el proceso legislativo es un tema que genera debate en Argentina desde hace años. Varias iniciativas legislativas han intentado sin éxito establecer una regulación integral de estas actividades. Sin embargo, contar con una ley de lobby clara y efectiva sería muy beneficioso para fortalecer la transparencia y la integridad en el diseño de políticas públicas.

Una legislación sobre lobby buscaría un difícil equilibrio: por un lado, permitir que grupos de la sociedad civil, sector privado, sindicatos y otros actores puedan peticionar al gobierno y aportar información valiosa para el proceso legislativo; y por otro, asegurar que estas actividades de cabildeo no lleven a la captura del proceso político por intereses particulares en desmedro del bien común.

En Estados Unidos, cuna del lobby profesional, esta actividad está regulada por la “Ley de Divulgación de Cabildeo” de 1995. Allí se obliga a los lobistas a registrarse y presentar informes periódicos detallando sus actividades, los clientes que representan, los temas de interés y los fondos invertidos para influir en el Congreso y el gobierno federal.

Asimismo, en la Unión Europea hay aproximadamente 25 mil lobistas registrados que buscan incidir en las políticas y regulaciones que se discuten en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Bruselas. Allí también se les exige transparentar sus actividades e intereses representados.

Los principales beneficios de una eventual ley en Argentina incluirían:

Mayor transparencia sobre quiénes están ejerciendo influencia en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, sus vínculos e intereses. Esto permitiría un escrutinio público más efectivo.

Reglas claras sobre cómo se debe llevar a cabo el contacto con funcionarios públicos. Esto desalentaría comportamientos indebidos.

Un registro obligatorio de lobistas facilitaría la detección de conflictos de interés en el diseño de políticas.

La opinión pública y la prensa tendrían más herramientas para monitorear la huella legislativa de grupos de presión poderosos.

Si bien una legislación por sí sola no elimina los riesgos de captura regulatoria y tráfico de influencias, sí marcaría un avance importante para elevar los estándares éticos. El desafío estará en lograr consensos para una ley equilibrada y con compromisos creíbles de cumplimiento.

Una ley no evitaría el lobby, solo sería una herramienta de transparencia para saber quién está detrás de intereses que la sociedad desconoce y merece conocer.