¿Fracaso del laboratorio uruguayo en materia de drogas?

Las cosas no han tenido los resultados esperados para el Uruguay, según distintas voces jerarquizadas, desde que el ex presidente José Pepe Mujica se reuniera con el magnate George Soros en 2013, para pedir apoyo financiero al objetivo de liberalizar la droga. “Uruguay es un modelo y servirá como laboratorio para todo el mundo”, sostuvo el megamillonario por aquel entonces.

La regulación fracasó, en opinión del actual secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radio. Este funcionario, vale aclarar, no viene de las filas conservadoras, sino todo lo contrario, pertenece a un partido de la izquierda. El estado de la cuestión a partir de la liberalización en el rioplatense país oriental, parece estar más signado por sombras que luces. La Junta Nacional de Drogas, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y la Universidad Católica del Uruguay (UCU) hicieron público en 2023 el informe “Zonas grises, mercados legales e ilegales: 10 años de la regulación de cannabis en Uruguay”.

Hace una década, en su encuentro con el financista Soros, el ex mandatario Mujica decía: “El Estado tiene la obligación de hacerse cargo de la gente que queda enferma.” En este razonamiento la gente ya no es afectada por las condiciones objetivas de la droga, esto es, por su toxicidad, adictividad y psicoactividad, sino que queda enferma sencillamente por el impacto en su propia subjetividad, determinado por sus condiciones singulares. En esta maniobra de individualización del peso del problema de la droga, simultánea con una resignación por parte del sistema político, del cometido de reducir la presencia del consumo en la ciudadanía, el progresismo devino, en cierta forma, en amanuense del libertarianismo mercantilista. El propio Estado asume en sus propuestas, con un talante fatalista que contrasta con el supuesto ideal de progreso, que ya nada se podría hacer al respecto del avance del consumo. Y asume, al unísono, que las responsabilidades de los daños responden a variables individualistas en el ejercicio de un supuesto derecho al goce. Al sanitarismo le cabría en este corrimiento pro-libre circulación de las mercancías, reducirse a paliar los daños del descarte. Casi un estado-placebo. Y resignar cualquier ideal de fondo, de tipo de la construcción de una comunidad centrada en valores integrales, tales como el desarrollo colectivo y el perfeccionamiento de personas sanas.

Para reflexionar desde una remembranza, cabe citar que cuando era cuestionada una oleada de reformas estructurales en las relaciones estado-mercado-sociedad, emprendidas en la Argentina por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, este referente del liberalismo argumentaba que la causa de los fracasos yacía en no haber podido avanzar más a fondo, es decir, frente al fracaso, debía avanzarse más en la misma dirección. La lógica argumental de los responsables del vecino país en materia de reformas liberalizadoras de la droga emulan a las ensayadas por Cavallo: “Al Estado se le va la moto con el control”, dijo el secretario de la Junta Nacional de Drogas. “Tenés que tener cannabis a buen precio, acceso a variedad de cannabis y puntos de venta. A mí me parece que esas son las tres cosas centrales que uno tiene que tener. La única que cumplimos es buen precio”. Si la liberalización fracasa, liberalizar aún más, parece ser el axioma.

Rosario Queirolo, politóloga y profesora de la Universidad Católica del Uruguay, estudiosa del impacto de la ley, ha declarado que fue demasiado “ambicioso” el objetivo securitario que marcó el entonces presidente uruguayo José Mujica en sentido de pretender disputarle el negocio de la marihuana a los narcos. “Ese mecanismo causal no funciona”, dijo Queirolo a BBC Mundo. “Se reguló el mercado de cannabis e igual siguieron creciendo los homicidios o las tasas de rapiñas”.

Además, el número de usuarios registrados aumentó más de un 150% desde 2018 según registros totales en el mercado regulado. 19% Es la porción de uruguayos mayores de 16 años que ha vuelto a consumir marihuana luego de probarla, de acuerdo a una encuesta de la empresa Cifra realizada en mayo de 2022. Lo alarmante es su ponderación en términos comparados, puesto que esa cantidad casi duplica el 10% que declaraba lo mismo en 2016. Es decir, si la liberalización aumenta, aumentan las adicciones, por lo menos en adolescentes.

Mientras, lo que pasa en el mundo es que países insignia del ideal propagandístico progresista-libertario, ante la revisión de sus fracasos, están accionando en sentido contrario, con capacidad de autocrítica. Según UNDOC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- a escala mundial, el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta los 39.5 millones, lo que supone un aumento de 45% en 10 años. La legalización del cannabis no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de narcóticos persisten, es una de las principales conclusiones del informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), correspondiente a 2022. “Vemos con preocupación la trivialización con respecto al uso no médico del cannabis, la tendencia a su legalización, principalmente en Latinoamérica y parte de Europa”, expresó César Arce Ríos, vicepresidente segundo de la JIFE, en entrevista con Noticias ONU. El informe de la JIFE destaca que los mercados ilegales de marihuana siguen activos en las jurisdicciones donde se ha legalizado el consumo, pese a que la legalización apostaba a desarticularlos. Según los datos disponibles representan el 40 % en Canadá, casi el 50 % en Uruguay y el 75 % en California.

Mientras la ciencia y la evidencia han arrojado con sobrada solvencia las pruebas del daño que produce el cannabis en el desarrollo humano, un modismo ideológico financiado por el oenegeìsmo global y receptado por sectores académicos amañados con la improvisación política, ha impuesto como lugares utópicos algunas experiencias de países que son usados como argumento liberalizador. Sin embargo, son justamente estos países los que están revisando sus posiciones ante los fracasos. Muy a contramano de Uruguay, que pretende profundizar las mismas fórmulas ante el avance del consumo en adolescentes, por ejemplo. En Holanda, el estado, por ejemplo, ha operado, pese al mito, desde el año 2000 prohibiendo la nueva radicación de coffe shops en el 81% de los municipios. Desde 2023 el ayuntamiento de la propia Ámsterdam, impostada meca del adaptacionismo desregulador, anunció que se prohibiría fumar cannabis en las calles de algunos de sus barrios. El caso sueco no es distinto en cuanto a avanzar en la autocrítica y reorganización, luego de evidenciados los daños que produjera el consumo. En el estudio Swedden`s succesful drugs policy: a review of the evidence, publicado en 2007, UNDOC realiza una revisión cronológica de las sucesivas acciones del país citado y destaca que, a partir de 1970, se inicia un nuevo enfoque basado en el fundamento de que “Las drogas son inaceptables en la cultura de nuestra sociedad.” Asentados en este valor de fondo, los sucesivos gobiernos fueron logrando que el número de consumidores fuera disminuyendo año a año, por debajo del promedio europeo.

Quedan pendientes algunas preguntas liminares. Si la ciencia viene demostrando el daño neurológico del consumo de marihuana, especialmente para el desarrollo normal infantil y adolescente, y las reformas liberalizadoras no consiguen disminuir el consumo, sino más bien lo contrario, lo aumentan, ¿a qué fines específicos sirven los sectores políticos cuando predican lo que predican? ¿Dónde queda el principio cristiano de la justicia social cuando el sanitarismo reduce su sustento a un mero derecho individual al goce?

[El autor es psicólogo (U.C.A.), ex Puma, fundador de Proyecto Deporte Solidario. Fue Subsecretario de Prevención, estadística e investigación de la Nación en materia de drogas]