Los alarmantes índices de pobreza deberían incentivar cambios urgentes

La pobreza debiera ser de interés de todos los políticos y agentes sociales. En los debates, los diputados utilizan eslóganes y repiten creencias arraigadas, pero sin fundamento ni la urgencia necesaria en este momento.

Sobre 33 países de América Latina y el Caribe, Argentina tuvo uno de los peores desempeños económicos en el último año.

La maraña normativa abruma a los argentinos, corrompiendo actividades, imponiendo trabas artificiales para beneficio de grupos determinados y perjudicando al conjunto. El objetivo del DNU 70 y de la Ley Bases es devolver las libertades de la Constitución Nacional, que fueron entorpecidas con el conjunto de normativas vigentes hasta ahora.

Esta nota ilustra los progresos y retrasos del PBI por habitante, en dólares de EEUU, de todos los países de América Latina y el Caribe, en los doce años comprendidos en el período 2011- 2023. Y las vincula con las diferencias observadas en otras variables significativas, y propone las razones de las diferencias observadas. Los PBI se presentan corregidos por la inflación del 35% del índice del costo de vida de los EEUU, en ese período.

La Argentina tuvo uno de los peores retrocesos del PBI medido en dólares por habitante: en dólares corregidos por la inflación norteamericana. En 2023, el PBI por habitante de igual poder adquisitivo cayó a 79% del correspondiente a 2011, a pesar del repetido “Estado presente”.

En 2011, el inicio del período en análisis, año de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, establecieron el control de cambios. En 2023, el ministro de Economía Sergio Massa dispuso de todas las decisiones tendientes a favorecer su candidatura a la presidencia. Los resultados políticos, económicos y sociales confirmaron no ser competentes. No debiera sorprender el avance a inéditos niveles de la pobreza.

El ingreso por habitante argentino midió USD 13.700 en 2023, lejos de Panamá, dolarizado desde 1904, con libre comercio y bajo gasto estatal, con un ingreso de USD 17.350 que expandió su ingreso por habitante en 38% en valores reales. Similares cifras registra República Dominicana, que pronto alcanzará al ingreso argentino.

Guatemala creció 25% y El Salvador 19%, también dolarizado, pero desde 2001; Bolivia, 18% y Costa Rica, 17%. Uruguay expandió los ingresos personales 5%, en dólares constantes, disfruta del mayor ingreso por persona de los países de la región, con USD 21.700. Aparte, Guyana, con la bonanza del formidable descubrimiento de petróleo, más que triplicó sus ingresos, especialmente en los últimos 3 años; también pronto superará al de los argentinos.

¿Qué diferencia a la Argentina de los países de mayor dinamismo de la región? En primer lugar la baja inflación y menor gasto público en porcentaje del PBI, en la mayoría de los gobiernos con mejor desempeño, es inferior al 20% y raros son los que se acercan al 30%. Bolivia es la excepción, con incidencias similares a la Argentina, pero lo compensa con niveles de precios estables.

Ecuador, no obstante estar dolarizado desde 2000, los años de Rafael Correa expandieron el gasto público hasta niveles argentinos, empeorando crecimiento.

Las tasas de desocupación de todos los países son harto menores a las de Argentina. No se observan las contribuciones de la contención de la CGT y organizaciones sindicales y sociales, que tanto pregonan opiniones de políticos, especialistas y se expresaron en acordadas judiciales. En varios países, la percepción de la corrupción es otro obstáculo a las actividades productivas, según la mide Transparencia Internacional, con un aumento mayúsculo en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.

Cuando el gasto público supera mínimos estimados razonables, según los parámetros internacionales, conlleva una redistribución de ingresos empobrecedora, transferencias de quien produce a quien se aprovecha. Es comprensible. Las actividades económicas son esfuerzos inteligentes para crear valores, satisfacer a los consumidores y usuarios.

Las empresas e individuos que venden a privados confirman la generación de satisfacciones con el valor de cada compra. La dificultad surge de ¿cómo evaluar las prestaciones públicas que no reciben pagos voluntarios por los servicios prestados? La metodología adoptada es suponer que los impuestos son pagos aceptados por los contribuyentes. Aunque parezca absurdo, al final las cuentas cierran, balancean.

El total de los ingresos más los déficit se nivelan con el total de gastos. Sin embargo, tal supuesto no es realista. Por eso, el exceso de gasto conlleva pagos que no satisfacen a la población. De ahí, hablando precisamente, se debe admitir que, todo ente estatal que no reciba pagos individuales voluntarios genera pérdidas de satisfacciones y empobrecimientos comprobables. A medida que el gasto estatal se desmadra, los individuos y operadores privados protestan por los recargos de costos que soportan.

Así, Ecuador dolarizado, disfruta de la moneda preferida, el dólar, pero años de gobierno de Rafael Correa elevaron el gasto público a 44% del PBI; no obstante, en los últimos años se redujo hasta el 34% del PBI.

Otra de las variables significativas es la relación comercio exterior/PBI, una medición de la apertura económica y competencia internacional. Las libertades de comercio favorecen elevar las satisfacciones de la población, porque obtiene mayores alternativas, mejores elecciones, precios más accesibles, reducciones de gastos, mayores ingresos. En resumen, mejores niveles de satisfacciones y disfrutes de sus decisiones.

Tampoco se verifican comentarios repetidos en las disputas políticas. El gasto público no ayuda a bajar la desocupación, ni las organizaciones sindicales y otras parecidas favorecen elevar el empleo, en la Argentina.

El país sufre mayor desocupación que otros en la región a pesar del enorme peso de los gastos estatales y del imponente espacio que ocupan CGT, sindicatos y demás entidades análogas. Es que, en cada empleo individual, las relaciones de son de naturaleza variable en el tiempo. No pueden regularse, los convenios debieran ser personalizados, diferentes en cada caso. Por eso, Las normas antidespidos coartan las posibles contrataciones.

Lo más desatinado para atraer clientes, a un ámbito determinado, una sala de cine, restaurante, o comercio, sería prohibir la salida. Aunque parezca irracional, ésa es la herramienta de atracción que utilizan los sindicatos en la Argentina, con el apoyo de la justicia laboral, demostrada en sentencias recientes.

Los países latinoamericanos, con procedimientos y normas más laxos exhiben menor desempleo. Los argentinos comprueban, las libertades de contratación en el sector de la construcción no disminuyen los empleos y niveles de salarios y concitan el beneplácito de los participantes.

Los estatutos rígidos empobrecen a la población. En últimos 12 años, el empleo privado, en EEUU creció 20%, con un salario/hora de USD 34,27 en 2023. En cambio, en la Argentina, el empleo privado aumentó sólo 4%, desplazado por la expansión del 36% del empleo público, lo cual redujo sus salarios y abultó déficit previsional. La CGT y demás organizaciones no proponen avances liberadores; anquilosados, parecen contrarios al progreso.

EEUU tenía 9 millones de empleos ofrecidos sin cubrir al último día de 2023, y en enero se contrataron 5,6 millones de personas y renunciaron 5,4 millones. La afiliación sindical es libre e inferior al 10% de la población ocupada, frente a un régimen obligatorio que eleva esa relación a 60% en la Argentina.

El autor es director de BG Consulting