
Si se toma el caso de una sociedad con muy pocos miembros, en la que se conocen todos y se sabe quién es el que paga puntualmente, quién tiene una definitiva tendencia a retrasarse, quién cumple con los contratos y quién no, se pueden hacer operaciones de contado y también a largo plazo porque el conocimiento de los actores permite saber quiénes cumplirán con sus obligaciones.
El problema se presenta en las sociedades grandes en las cuales gran parte de la población no se conoce entre sí y, por lo tanto, no se sabe quién es el cumplidor y quién el incumplidor. Y en una sociedad donde nadie sabe cuál es la seriedad de las partes, las transacciones se limitan a ser al contado, o bien se pactan contratos de largo plazo y, si una de las partes lo incumple, la parte afectada puede recurrir al uso de la justicia, e incluso de la fuerza.
Supuestamente, la existencia del Estado sirve, entre otras cosas, para obligar a las partes a cumplir con los contratos asumidos. En caso de incumplimiento, el juez establece quién tiene la razón. Pero para que la sentencia del juez no sea solamente declamatoria, el Estado tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir la sentencia del magistrado. De esta manera, la gente puede realizar transacciones a plazo con personas que no conoce.
La existencia de un Estado de este tipo permite reducir los costos de transacción porque cada persona no necesitará utilizar la fuerza contratando a un grupo de mafiosos para obligar a la otra parte a cumplir. Así, en un país en serio, el soberano permitiría reducir los costos de transacción.
El problema se presenta cuando se vive en un país que no es serio y el Estado, en lugar de cumplir con sus obligaciones, se transforma en una máquina de destruir riqueza y de aumentar los costos de transacción.
Un Estado que viola las normas, que genera transferencias arbitrarias de ingresos y que subordina las políticas públicas a las necesidades electorales de los gobernantes de turno, aumenta los costos de las transacciones porque utiliza el monopolio de la fuerza para violar derechos, produce inseguridad jurídica, incumplimiento de los contratos y robo legalizado.
En otras palabras, ese tipo de Estado es una especie de depredador o, si se prefiere, compuesto por individuos que actúan como una banda de mafiosos, que brindan “seguridad” a determinados sectores a cambio de dinero.
Es el típico caso de las regulaciones y las posteriores coimas para autorizar al privado a producir o mandarlo a la quiebra si no paga el peaje correspondiente. Por eso es tan importante la desregulación de la economía que se propone en estos días.
Cuando los jueces, bajo el argumento de la justicia social, empiezan a violar los derechos de los ciudadanos; cuando los gobiernos, bajo el criterio de la defensa de la producción nacional, otorgan privilegios a determinados sectores productivos para que obtengan ganancias expoliando a los consumidores; cuando los gobernantes se arrogan el derecho de manejar el dinero de los contribuyentes como se les da la gana y sin dar ningún tipo de explicaciones; en definitiva, cuando el aparato de compulsión y coerción que es el Estado se transforma en una máquina de quitarle a unos lo que les corresponde para dar a otros lo que no les corresponde, pasa a ser un Estado corrupto y mafioso y, por lo tanto, un Estado que aumenta los costos de transacción, porque los individuos ya no tienen que defenderse de los ladrones comunes, sino que ahora tienen que enfrentarse con un ladrón mucho más poderoso que ostenta el monopolio de la fuerza: el Estado.
Capitalismo de amigos
Por supuesto que algunos sectores, advirtiendo las reglas de juego impuestas por un Estado mafioso, concluyen que la única manera de sobrevivir es asociándose al mafioso de turno. Esto significa “hacer negocios” con el “capo mafia”, con lo cual la corrupción tiende a enquistarse.
Algunos suelen llamar capitalismo de amigos a este negocio entre mafiosos. De esta manera, la carrera política deja de tener el objetivo de construir políticas públicas de largo plazo para mejorar la calidad de vida de la población y se transforma en una carrera por tener el control mayoritario del negocio, que es el poder.
La aparición de ese Estado mafioso, arbitrario, corrupto e inescrupuloso retrotrae a la sociedad a la situación de las comunidades chicas en las que resulta imposible realizar contratos de largo plazo con gente desconocida.
En ese extremo, cabe imaginarse dos posibilidades: a) la sociedad resurge porque los saqueadores se van a otro lugar a robar; b) se establece una autocracia que transforma en esclavos a los ciudadanos, quienes tendrán que trabajar para los mafiosos funcionarios públicos, so pena de ser condenados por traidores a la patria socialista.
Por eso es tan importante cambiar las reglas de juego que hoy imperan en la sociedad argentina. Desregular la economía, limitar el poder del Estado, jueces que se atengan a hacer respetar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, en vez de proteger a los delincuentes.
En síntesis, cuánto más se limite el poder del Estado para decidir arbitrariamente quienes ganan y quiénes pierden, mayor será la capacidad de un país para poder progresar y darle bienestar a su población.
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