Una oposición responsable: ni cerril ni servil

En nuestro sistema constitucional, las leyes las sanciona el Congreso. Es lo que ocurre en todas las democracias constitucionales del mundo. La intransigencia absoluta puede ser en algunos casos una virtud moral, pero no es nunca una virtud política

Debate de la ley ómnibus en Diputados (NA)

Los argentinos solemos ser muy pesimistas. Y razones no nos faltan, si tenemos en cuenta el deterioro económico y social de las últimas décadas. Las idas y vueltas parlamentarias de estas semanas, las negociaciones febriles, los cambios abruptos de las iniciativas lanzadas por el oficialismo, las palabras altisonantes de muchos dirigentes, entre otros datos de la actualidad, pueden llevar a algunos a profundizar ese pesimismo.

Creo, sin embargo, que hay razonables motivos para entrever nuestro futuro de un modo más amigable. No soy ingenuo, no ignoro la dimensión de los problemas, tengo bien presentes las dificultades que se les presentan a quienes pretenden modificar el statu quo, pero en donde otros están viendo nubarrones yo veo oportunidades.

En primer lugar, contra lo que se suele opinar con enorme ligereza, el Congreso está trabajando con mucho empeño. Es lógico que el oficialismo quiera que la ley ómnibus se apruebe tal como fue proyectada y en el menor tiempo posible. Es lógico también que los demás bloques sometan la iniciativa a estudio y que propongan modificaciones o supresiones. Si ese análisis se realiza en forma exhaustiva, no se les puede exigir que lo hagan en plazos perentorios, sobre todo porque el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es enorme y abarca una muy diversa variedad de materias.

Ante ese desafío, se recortan nítidamente dos oposiciones: la del kirchnerismo y la izquierda paleolítica y la de quienes conformaron Juntos por el Cambio y algunos partidos provinciales, por el otro. De la primera solo se puede esperar el rechazo más categórico. Viven o simulan vivir en una realidad paralela, en la que el estancamiento, la pobreza y la alta inflación comenzaron el 10 de diciembre pasado. Sin la menor voluntad de aceptar las causas de esos flagelos, porque se mirarían en un espejo muy triste, no hacen más que apelar a consignas gastadas, dogmáticas y falaces. Los acompaña en esa burda empresa un sindicalismo que solo busca mantener sus privilegios a costa de seguir impidiendo la creación de empleo genuino.

Pero la otra oposición, que no es homogénea y presenta varios matices, es constructiva. No reniega del rol institucional que le corresponde, pero aspira a colaborar con un oficialismo muy minoritario en ambas Cámaras del Congreso. Tiene vocación de diálogo, responsabilidad y sentido común. El Poder Ejecutivo debería valorar positivamente tales atributos para intentar conformar no una coalición de gobierno, sino muchas coaliciones especiales que conformen mayorías parlamentarias en los temas fundamentales que se necesitan para superar la decadencia. Los bloques de Juntos por el Cambio han exhibido una notoria coherencia al votar en su momento contra el proyecto demagógico de Massa de suprimir el impuesto a los ingresos para la cuarta categoría, así como de avalar incrementos en las retenciones.

En nuestro sistema constitucional, las leyes las sanciona el Congreso. Es lo que ocurre en todas las democracias constitucionales del mundo. La intransigencia absoluta puede ser en algunos casos una virtud moral, pero no es nunca una virtud política.

Salvo el cumplimiento de la Constitución, que incluye, por cierto, la lucha contra la corrupción, todo puede ser objeto de concesiones recíprocas para avanzar hacia las metas anheladas de un cambio profundo si la alternativa es la parálisis. La recurrente mención del 56% obtenido en la segunda vuelta no puede ser un modo de sortear la conformación de mayorías parlamentarias. De lo contrario, la Constitución habría previsto solamente la existencia de un poder, el Ejecutivo. Ese 56%, por otra parte, es de composición muy diversa: en el ballotage no se vota un programa de gobierno; se elige entre dos fórmulas. Unos votaron la de Javier Milei y Victoria Villarruel por coincidir con sus ideas; otros, porque la consideraron menos mala que la de Massa-Rossi, pero todos esperanzados en un cambio copernicano que nos permita dejar atrás definitivamente el populismo y el autoritarismo kirchnerista.

Del mismo modo, no hay que ver enemigos en los gobernadores. Ellos defienden los intereses de sus provincias, en un país donde muchos todavía creen que el federalismo es solamente una figura. Retórica, y para eso fueron electos.

El grueso de Juntos por el Cambio, y muy especialmente el PRO, con el firme liderazgo de Mauricio Macri, coincide con la orientación fundamental del gobierno en materia económica. Más bien habría que decir que LLA, que es un partido muy reciente, coincide en esto con las ideas propuestas a los argentinos por la coalición conformada en 2015. Basta consultar las plataformas y las medidas adoptadas por nuestro gobierno, que no logró alcanzar todos sus objetivos, pero que tuvo un rumbo claro. La reducción del déficit fiscal, que es la causa última de la inflación, fue señalada siempre como una meta imprescindible; también, la desregulación, la flexibilización laboral, la disminución de la presión tributaria, la vinculación con los mercados internacionales y el estímulo a la actividad privada. Todo lo que contribuya a esos fines encontrará en la oposición constructiva y responsable al más entusiasta aliado del gobierno.

Pero las democracias plurales tienen sus procedimientos, sus instituciones, pensadas para sociedades complejas, en las que suele haber muchos puntos de vista en conflicto. El “todo o nada” era una muy buena frase de campaña para dar a entender que la Argentina requiere cambios profundos, pero no se la debe tomar literalmente. Ni las dictaduras pueden alcanzar todo lo que se proponen. Esas pretensiones quiméricas suelen terminar en la nada. Necesitamos avanzar lo más rápido posible, pero en el marco de la Constitución y sin negar la legitimidad de quienes, desde posturas edificantes, expresan ciertos reparos o se niegan a otorgar cheques en blanco, que son incompatibles con los principios republicanos.

En definitiva, no queremos ni oposición cerril ni servil. Queremos un diálogo franco, abierto, maduro, para que entre todos lo que aspiramos a una Argentina republicana, liberal capitalista e integrada al mundo sentemos las bases de un desarrollo sostenible, que no se caiga como un castillo de naipes cuando cambien los vientos de la opinión pública.