La ley de Bases: triunfó la racionalidad

Durante el debate en el Congreso del proyecto impulsado por el Gobierno, hemos sido testigos de la derrota de la vocación de continuismo kirchnerista y de una puesta de límites a las pretensiones desmesuradas de los libertarios

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Aprobación en general de la Ley Ómnibus - EFE/ Matías Martín Campaya
Aprobación en general de la Ley Ómnibus - EFE/ Matías Martín Campaya

En contiendas tan encarnizadas como las que se desarrollaron en los últimos días en torno al debate y aprobación en general de la llamada Ley de Bases, surge naturalmente el impulso de determinar ganadores y perdedores. No nos privaremos de ello.

En esos términos, hemos vivido una resonante derrota de la vocación de continuismo kirchnerista y de su relato populista pero también una clara puesta de límites a las pretensiones desmesuradas del nuevo gobierno, quien intentó sin éxito imponer un enorme cambio “exprés”, despreciando los mínimos procedimientos y sin poder exhibir la solvencia necesaria para sostenerlo.

Notablemente, el triunfo de estas jornadas se lo llevó la racionalidad y responsabilidad de quienes cooperaron, sorteando diatribas, para que el Ejecutivo, aún a su propio pesar, disponga de algunas de las herramientas necesarias para poder gestionar ese cambio.

Estas jornadas han demostrado que en Argentina ya no se tolera dar cheques en blanco a ningún gobierno, lo cual, lejos de ser dramático, refleja un avance positivo hacia la madurez democrática.

Es evidente que con las debilidades intrínsecas del proyecto original, que lo hacían fuertemente atacable, de haber sido aprobado hubiera causado más problemas que soluciones. La realidad indica también que, sin la intervención de la oposición dialoguista, dicho proyecto no hubiera sido aprobado en ninguna de sus versiones. Por eso, hay que celebrar que, tras largas negociaciones se haya llegado a un texto más razonable, que será puesto a consideración de la Cámara Baja, para su tratamiento en particular, artículo por artículo, el martes de la próxima semana.

Lo que se debatirá es una versión reducida del Dictamen de Mayoría aprobado el 26 de enero. Se han suprimido el paquete fiscal, incluyendo la moratoria, el blanqueo y el cambio de la fórmula previsional. Esto último deja a los jubilados en desventaja, ya que se seguirá aplicando la dañosa fórmula de ajuste del gobierno de Fernández, que erosiona severamente los haberes respecto de la inflación. En este punto, el oficialismo desestimó una propuesta de la oposición dialoguista de llevar el ajuste a una fórmula que acompañe la inflación, una pena, como así también el retiro de la moratoria que hubiera permitido a muchas pymes a regularizar su complicada situación impositiva.

Un aspecto positivo, en cambio, es que se ha suprimido completa la reforma al régimen federal de pesca y también la reforma política y electoral, temas de gran complejidad que, en todo caso, requieren un tratamiento legislativo profundo y por separado. En seguridad, aunque se eliminó la propuesta de modificación del Código Penal con responsabilidades para los organizadores de marchas y piquetes, se mantienen los artículos de resistencia a la autoridad y legítima defensa. En temas ambientales, se retiraron las reformas a la ley de bosques, pero se mantienen las reformas a la ley de glaciares y al control de quemas.

El proyecto reducido, entre otros temas, mantiene la discrecionalidad del Ejecutivo para privatizar las empresas del Estado, un tema clave que es materia de gran controversia en cuanto al fondo y la forma.

Estos tres días de intenso debate parlamentario nos dejan algunos hechos importantes. Para empezar, el interés ciudadano en estos intercambios ha sido mayor que en el pasado y más allá de la presencia de los violentos de siempre, intentando obstruir los procesos republicanos, se va consolidando el creciente deseo de participación y control en la toma de decisiones políticas que afectan el futuro de todos.

También, que el bloque oficialista de La Libertad Avanza, en minoría parlamentaria, debió contar con el apoyo de otros bloques como el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para aprobar la ley en general. Paradójicamente, mientras en el Congreso se desarrollaba una relación civilizada y cooperativa, las más altas autoridades del Ejecutivo atacaban a través de medios y redes sociales a aquellos diputados que estaban cooperando en la aprobación de la ley, una práctica nociva que deberían reconsiderar.

En cuanto al bloque kirchnerista de Unión por la Patria, se notó una total falta de autocrítica respecto de la pésima gestión del último gobierno con su saga de corrupción, pobreza, deterioro moral y social y destrucción de la economía y del aparato productivo, por nombrar solo algunos elementos de esta tragedia que vivió Argentina y que se traduce en la crisis que hoy estamos transitando. Es necesario un cambio de actitud en ese sentido.

De todo lo dicho emergen algunas reflexiones sobre nuestro destino como nación.

Es claro que sin cohesión en la sociedad, sin que todos los esfuerzos apunten en la misma dirección, el país continuará en la decadencia y mediocridad, malogrando sus grandes oportunidades. Para revertir esa triste tendencia es vital que todos los actores políticos deben ejercer la autocrítica y la humildad. ¿Lo lograremos? El final está abierto.

Aquellos que facilitaron la aprobación en general de la ley, pero que probablemente presenten objeciones en su tratamiento particular, no deberían ser vistos como “colaboracionistas”, como pretende el kirchnerismo, ni como “extorsionadores”, como los definió el gobierno. Por el contrario, haciendo posible que el proceso de cambio avance, son los garantes de la gobernabilidad.

Otra reflexión central es que los relatos solo se sostienen hasta que la realidad los desmiente, que es lo que ha sucedido con el kirchnerismo y su derivado, el massismo. Un gobierno con poder limitado no debería compensar su vulnerabilidad con furia o con nuevos y peligrosos relatos divisivos. El camino correcto es la ausencia de soberbia, el diálogo y la razonabilidad. Argentina necesita gobiernos que no perpetúen los errores populistas del pasado ni sometan a la población a experimentos riesgosos de resultado incierto. Necesita racionalidad y responsabilidad de todos los dirigentes y en particular en los actores políticos, instituciones fuertes y diálogo constructivo. Ese diálogo no debe ser interpretado como falta de firmeza sino como deseo de construir un futuro común.

El camino de la prosperidad está pavimentado de escucha, reflexión, ausencia de fanatismo fundamentalista y una profunda vocación patriótica, en la cual el ser humano no es solo una pieza más de un engranaje de intereses, sino el depositario final de los esfuerzos de una gestión sana.

En este sentido, este artículo es un llamado a la reflexión. Argentina se encuentra nuevamente en una encrucijada, donde la responsabilidad recae en todos los ciudadanos, independientemente de su rol. Se trata de superar la mentalidad nociva del pasado que se proyecta al presente para que se pueda forjar un camino de acción constructiva hacia adelante. Solo así, en esta sinfonía de voluntades unidas, podremos escribir una nueva página en la historia de nuestra nación, una que defina un mejor futuro.

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