El Gobierno encabezado por Javier Milei insiste en el cumplimiento del déficit fiscal cero, pero debería hacer más fuerza en que el logro de este objetivo sea mediante una importante baja del gasto público superfluo.
Hace algunos días el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaba la baja del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. En el apartado eliminado se plantean medidas relacionadas con los ingresos públicos, como el aumento de los derechos de exportación, una nueva moratoria y blanqueo de capitales. Más allá de la “derrota” política del Gobierno, el jefe de la cartera económica reafirmaba su compromiso con el déficit 0. ¿Pero es esta la manera de reencauzar la economía?
Existe un simplismo riesgoso en los ajustes fiscales tradicionales. Tratar de eliminar el déficit con más tributos distorsivos, como los derechos de exportación, es una estrategia contraproducente porque suprime la producción. El fin (déficit cero) no justifica los medios (subida de impuestos).
Centrar toda la atención en mostrar equilibrio en las cuentas públicas asumiendo que esto bastaría para automáticamente reducir la inflación y reactivar la producción, sería un grave error de diagnóstico.
El problema del Estado argentino no reside en sus ingresos (los impuestos que percibe de los ciudadanos) sino en su abultado y desenfrenado gasto. Llegar a déficit cero debería ser la consecuencia de aplicar la tiza (para tachar) y la sierra (para cortar) sobre los enormes e ineficientes desembolsos que el Estado realiza con los tributos de la población y la emisión monetaria. El equilibrio fiscal debe ser el resultado del ordenamiento del Estado, no del incremento de impuestos. Perseguir el equilibrio fiscal de manera aislada llevará a una nueva frustración.
El resultado fiscal del sector público nacional en el 2023 fue de un déficit fiscal primario del 3% del PBI y si a esto le sumamos el pago de intereses de deuda pública obtenemos un desequilibrio de casi el 6% del PBI. Esta brecha de gastos respecto a ingresos siempre ha sido financiada vía aumento de impuestos, toma de deuda pública o emisión monetaria. Pero por estos momentos la Argentina tiene cerrado el acceso al crédito y “darle a la maquinita monetaria” pone al país al borde de una hiperinflación.
La realidad es que al país “le sobra pasado” con el déficit fiscal cuando recordamos que de los últimos 123 años tuvimos déficit en 113 años. Estos números muestran que el desequilibrio en las cuentas públicas es crónico.
Esta negativa historia fiscal siempre ha ido acompañada de la creación y el aumento de malos impuestos. Para dimensionar solo un tercio de la recaudación impositiva nacional proviene del IVA y Ganancias que son los impuestos en los que se sostienen los Estados más organizados. Los dos tercios restantes provienen mayoritariamente de tributos que penalizan el empleo y la producción (cargas sociales, retenciones a las exportaciones, derechos de importación, impuestos internos, impuesto al cheque, entre otros).
Por su parte, la falsa retórica del Estado “Presente” ha ensanchado sus funciones y engordado presupuestos de áreas no prioritarias a cambio de la descapitalización de la población. Enquistando muy malas prácticas de administración del gasto público y con un profundo desprecio por la eficiencia. De manera tal que la actual crisis y la eterna decadencia son la consecuencia de fallas crónicas del Estado.
Alcanzar el déficit cero vía un saneamiento y ordenamiento de las cuentas públicas sin entorpecer la actividad productiva, son las primeras medidas necesarias para revertir la trágica historia de la economía argentina.