El desafío liberal tras 20 años de populismo energético

Las administraciones Kirchner y Fernández gestionaron la energía basados en el manual populista y generaron tres grandes desbarajustes en la microeconomía sectorial:

1. Entramparon un sector capital intensivo en el corto plazo dejándolo librado al puro presente, sin estrategia y sin rumbo. Intervinieron los precios y las tarifas del sector con discrecionalidad, y estos dejaron de reflejar sus costos económicos.
2. Como contracara generaron un festival de subsidios haciendo creer a muchos argentinos que los subsidios eran un “pagadiós”, cuando en realidad se financiaron con emisión inflacionaria.
3. Retomaron la gestión sometiendo a un sector bastante recuperado en la administración Macri a una nueva emergencia que volvió a arrasar con la estabilidad normativa e institucional. Sin rumbo, con precios y tarifas congeladas y reglas contingentes, en un contexto de creciente inflación, repitieron los errores de las administraciones K anteriores. “Ni aprendieron nada, ni se olvidaron de nada” parafraseando a Charles Maurice de Talleyrand.

Si tuviésemos que evaluar el daño de estas políticas fallidas una guía ilustrativa nos la darían las categorías resarcitorias del daño civil: hubo un daño emergente, un lucro cesante y un daño moral.

El daño emergente se puede aproximar por el impacto que estas políticas tuvieron en las cuentas externas y en las cuentas públicas.

Si se toman las series de comercio exterior, por el populismo energético Argentina terminó perdiendo el autoabastecimiento energético y terminó importando energía por USD 120.000 millones los últimos 20 años (2002-2023).

Desde 2003 hasta el último año la balanza comercial energética fue: superavitaria hasta 2010 en USD 35.000 millones, y entre 2011-2023 acumuló un déficit de USD 35.600 millones.

Si se contabiliza el superávit consumido y el déficit incurrido estamos hablando de una pérdida de divisas neta de USD 70.500 millones.

El sacudón en las cuentas públicas de los subsidios energéticos con impacto presupuestario que se entraron a acumular desde el 2004 fue en todo el período de USD 176.500 millones corrientes.

Los subsidios energéticos alcanzaron un máximo en relación con el producto en 2014 (USD 15.800 millones) equivalente a 2,8% del PBI.

Pero a este “daño emergente” del desvarío populista hay que sumarle tantos otros menos expuestos, como el daño reparatorio que ha significado la expropiación de YPF, el costo en producción y en horas paralizadas en los hogares por el deterioro de la calidad de los servicios energéticos, además de la baja de muchos aparatos que quedaron fuera de servicio.

La aproximación al lucro cesante de estas políticas distorsivas es más especulativa porque demanda contra facticos, pero una mirada a la evolución de las series productivas de petróleo y gas natural invita a una reflexión sobre las inversiones que quedaron en el camino, y la pérdida de oportunidades de negocios que tuvo el sector.

En petróleo desde hace tiempo que el país es superavitario con algunos saldos exportables. Pero mientras en el siglo pasado se llegó a producir más de 800 mil b/d, con las políticas populistas de desalinear precios internos de las referencias internacionales y fijar retenciones (en ciertos lapsos móviles y crecientes) en las dos primeras décadas de este siglo la producción se contrajo a 500 mil barriles por día.

La irrupción de Vaca Muerta ha permitido remontar la producción a un promedio de 650 mil b/d, pero la pregunta relevante es: ¿con políticas alternativas cuánto estaríamos produciendo y cuánto nos perdimos de producir?

El potencial de Vaca Muerta es mayor en gas que en petróleo, pero por las distintas proyecciones no es aventurado sostener que ya podría estar produciendo más de 1 millón de b/d.

El gas natural es clave en la Argentina: domina la matriz primaria, sustituye petróleo y líquidos, tiene una industria madura y es parte de la transición energética en la matriz fósil. Tenemos muchas más reservas potenciales de gas que de petróleo. Vaca Muerta en un 70% es gas natural.

Pero las políticas populistas fueron responsables de que la producción en la primera década del siglo cayera un 20% y que tras la recuperación aportada -cuándo no- por el desarrollo del gas no convencional la producción empezara a recuperarse, pero sin alcanzar todavía el pico de los 140 millones de m3/d promedio de principios de siglo.

Es posible, por las proyecciones que hacen algunos especialistas, que con políticas alternativas el país podría estar produciendo ya unos 200 millones de m3/d para el mercado interno, para el regional, y, tal vez, para el desarrollo en curso de un proyecto de GNL.

Por último, creo que el mayor daño que ha hecho el populismo energético es el cultural, asimilable a un daño moral social. Persuadió a muchos argentinos que los bienes energéticos eran “bienes públicos” (desde el punto de vista económico son bienes privados, aunque algunas prestaciones estén caracterizadas como servicios públicos) y que como tales debían ser gratuitos, como el acceso a la salud o a la educación pública (la supuesta “gratuidad” de bienes y servicios públicos: otra deformidad populista arraigada en la cultura argentina). Bienes gratuitos con subsidios que los paga Dios. Tremendo daño cultural.

Para revertir el daño emergente, el lucro cesante y el daño cultural del populismo energético hay que librar una batalla en varios frentes. La administración Milei debe reconstruir desde los escombros.

Primero debe empezar por la macro estabilización económica de la que dependen todos los sectores económicos y que condiciona la liberación del mercado cambiario (no más cepos) además de la secuencia de los ajustes de los precios y las tarifas energéticas hasta recuperar sus costos económicos rediseñando la tarifa social (han planteado una “canasta básica energética” para subsidiar ciertos niveles de consumo familiar de quienes lo necesiten).

Luego vendrá la reconstitución de la institucionalidad sectorial, donde el gobierno ha explicitado la intención de llevar adelante una serie de reformas que tocan los hidrocarburos (reforma de la Ley 17.319, objetivo de maximizar renta, internacionalizar el mercado, eliminación de algunas prórrogas, régimen más flexible para cobro de regalías, etc.); los marcos regulatorios de gas y electricidad (fusión de los entes, prórroga de concesiones, elección del proveedor de energía eléctrica, etc.); la posible privatización de empresas del sector (YPF, NASA, Enarsa); otro régimen para los biocombustibles; y garantía de estabilidad tributaria para grandes obras de infraestructura.

En el espíritu de la reforma contenida en la bautizada Ley de Bases creo que hay algunos lineamientos estratégicos que permiten inferir el rumbo sectorial que se quiere seguir: internacionalización del mercado de crudo y derivados, desarrollo intensivo del gas natural aprovechando oportunidades de negocio en la región y el mercado del GNL, prioridad excluyente de la inversión privada, y acompañamiento del proceso de transición energética complementando los desafíos de las energías renovables con la ventana de oportunidad que todavía se abre a los fósiles (petróleo y gas). Veremos la evolución de esas reformas en el marco de negociación de la ley en el Congreso.

En mi opinión, la estrategia sectorial de largo plazo para evitar futuras reincidencias en errores pasados debe estar asociada a una nueva estrategia de desarrollo productivo de valor agregado exportable donde el capítulo energético es clave.

La reincidencia en políticas energéticas fallidas es otra consecuencia del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y su deriva asociada al pobrismo distributivo y al capitalismo de amigos que nos han traído hasta los niveles actuales de exclusión, indigencia y pobreza.

Con estabilidad macro, reformas estructurales (muchas incluidas en el DNU y la ley de Bases) y la decisión política de avanzar en una estrategia de desarrollo de valor agregado exportable que reemplace el vetusto andamiaje del capitalismo corporativo, el sector energético tiene un inmenso potencial a desarrollar proveyendo dólares de inversión y de exportación, y pudiendo contribuir también con parte de los gravámenes que inciden sobre su renta (renta apropiada por las Provincias y la Nación) a la constitución de un fondo contra cíclico e intergeneracional para dar sustentabilidad a la nueva estrategia de valor agregado exportable.

Por último, pero no menos importante, no olvidar la batalla por la narrativa referencial capturada por el populismo desde hace décadas.

El autor es Ex secretario de Energía, ex presidente de YPF