Un arranque complejo, entre la herencia y la gobernabilidad

“¿Y…arranca o no arranca?”. Esta era la frase publicitaria de una marca de bujías para automóviles que encabezaba las transmisiones codificadas de los campeonatos del fútbol argentino.

Traigo a colación esta frase “metabólica”, diría Pablo Moyano, justo en el fin de semana en que comienza otro desorganizado torneo de fútbol local, para referirme a la pregunta que prevalece estos días, al menos en mi limitado círculo de amigos, parientes y clientes, respecto del gobierno.

El gobierno del presidente Milei, como pudo verse estos días, todavía está en fase de organización, mientras recibe una protesta sindical anacrónica.

Anacrónica, porque si se trata de repudiar la caída del salario real, el aumento de la pobreza, o la falta de oportunidades de trabajo, dicha protesta llega tarde, demasiado tarde. Y si se trata de defender a la clase trabajadora de los supuestos atropellos a sus derechos, impulsados por los cambios regulatorios propuestos, esa movilización llega demasiado temprano, dado que la modesta reforma a ciertos temas de las relaciones laborales, en particular las que tocan la caja de los sindicatos, todavía no fue ratificada en la Justicia.

A su vez, mientras los funcionarios intentan empezar a funcionar, el Poder Ejecutivo acaba de chocar con la realidad de la escasa representatividad del oficialismo en el Congreso, surgida del particular sistema electoral de la Argentina.

Dicho de otra manera, las dudas iniciales acerca de la gobernabilidad, definida como la capacidad del equipo del presidente Milei de llevar adelante el necesario cambio de régimen que necesita la Argentina, siguen sin despejarse. De hecho, al momento de escribir estas líneas, dicha dificultad parece agravarse.

En efecto, el oficialismo no sólo tuvo que bajar el paquete fiscal que había enviado al Congreso, sino que debió arriar, además, algunas banderas libertarias incluidas en otros capítulos de las reformas propuestas tanto en el DNU como en la ley Ómnibus (independientemente de si esas propuestas eran razonables o no).

Desde el punto de vista estrictamente fiscal, la ley ómnibus tenía que otorgarle al Ejecutivo la capacidad de reemplazar parte del elevado e injusto impuesto inflacionario, por algunos impuestos “genuinos” y una reducción más sustentable del gasto.

El Gobierno fue a buscar al Congreso casi un punto y medio del PBI entre más impuestos -retenciones, moratoria, bienes personales, blanqueo- y menos gasto -principalmente más licuación de las jubilaciones-. A esto hay que agregarle casi otro medio punto del PBI, que también había ido al Congreso en otra ley que revierte la eliminación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, votada por la mayoría peronista y acompañada por la bancada de LLA en el tercer trimestre del año pasado.

Cabe destacar, que esos casi dos puntos de PBI que fue a buscar el Ejecutivo al Congreso, servirían para llevar el déficit fiscal a cero, cuando se le suman los más de tres puntos del PBI que, eventualmente, se podrán conseguir sin necesidad de pasar por el Congreso con la recaudación del impuesto PAIS, la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, menores gastos de funcionamiento (sobre esto vuelvo), menos transferencias a Provincias y menos gastos de capital,

Y eliminar el déficit resulta condición necesaria para iniciar un plan de estabilización que reduzca el impuesto inflacionario lo más rápido posible.

Ahora esos dos puntos del PBI habrá que ir a buscarlos a otro lado, a menos que una nueva negociación en el Congreso permita, quizás fuera de la ley Ómnibus, reimplantar el programa original.

¿Candidatos? Probablemente el descongelamiento del impuesto a los combustibles (con indexación postergada desde hace unos años), quizás la suba del impuesto PAIS. La licuación jubilatoria -si se mantiene la fórmula actual, que castiga los ingresos de los jubilados cuando la tasa de inflación se incrementa como pasó en los últimos meses- y ajustes adicionales derivados de un presupuesto 2023 no actualizado y a merced de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Reitero, lo que hay que tener en claro es que el déficit cero es parte de un programa antiinflacionario y que, por lo tanto, no se puede poner en la misma frase “estamos en contra del aumento de impuestos y de la reducción del gasto público” y “estamos a favor de que baje la tasa de inflación”.

Por supuesto, hay impuestos mejores que otros y hay bajas de gasto más eficientes que otras, pero no hay nada peor que el impuesto inflacionario.

Ahora bien, paradójicamente, dado que hay que armar un nuevo paquete impositivo fuera del Congreso, que la reducción de subsidios a la energía y el transporte tienen que pasar por mecanismos administrativos, y que los funcionarios todavía están jugando el juego de la silla y no terminan de armar equipos, ni la estructura de ajuste de sus propias dependencias -para reducir gastos de funcionamiento y presupuestarios en cada área- por ahora, el transitorio ajuste fiscal recae, principalmente, en el impuesto inflacionario, tanto para “aumentar” ingresos nominales, como para licuar gastos.

A este panorama fiscal hay que agregarle el problema de la deuda pública, porque el Gobierno mantiene el objetivo no sólo de déficit primario cero, sino que además pretende lograr un superávit que le permita pagar los intereses de la deuda del Tesoro. Pero sucede que el Tesoro ha heredado deuda indexada y está colocando más deuda indexada, es decir, deuda que no se puede licuar. De manera que la deuda pública está aumentando en términos reales.

Por el lado fiscal del programa entonces, entre la necesidad de un nuevo paquete fiscal o una nueva negociación y el incremento de la deuda pública, el ajuste fiscal sustentable todavía “no arranca”.

Por el lado cambiario y monetario, como le vine contando desde esta columna, el gobierno “super devaluó” el peso, -devaluación que debió ser parcialmente compensada con los impuestos a la exportación ahora postergados- y fijó una tasa en pesos “super negativa” para licuar los pasivos remunerados del Banco Central y la tenencia de pesos de los argentinos, mientras liberó o ajustó precios que no requerían trámites administrativos -fundamentalmente precios privados y combustibles-.

Este salto en la tasa de inflación de diciembre, mezcla de la herencia y la asincronía de las retenciones a la exportación, junto con el rezago de ajustes salariales formales, y licuación de salarios públicos e informales y jubilaciones, ha reducido fuertemente el poder de compra de los perceptores de ingresos fijos, profundizando la recesión de la economía que está sirviendo para moderar el impuesto inflacionario.

Ese mismo salto de la tasa de inflación, el mantenimiento del cepo cambiario y una tasa de interés fuertemente negativa, ha generado una fuerte reducción de la cantidad de pesos de los argentinos -en términos de poder de compra- y de los pasivos en pesos del Banco Central.

El Gobierno ha visto como un “logro” esta licuación de los pasivos en pesos del Banco Central ya que facilitaría, más rápidamente la liberación del cepo, por menor cantidad de pesos en busca de dólares o, en el extremo, y si se consiguieran dólares de algún lado, la prometida dolarización.

Sin embargo, resulta necesario aclarar algunos temas.

Primero, que la compra de dólares implica emisión de pesos, de manera que el Banco Central consigue más dólares para su activo, pero a costa de tener más pesos en su pasivo.

Es cierto, como mencionara, que la mega devaluación del 10 de diciembre redujo fuertemente los pasivos en pesos del Banco Central, medidos en dólares, pero no es menos cierto que las reservas siguen siendo negativas, y que, mientras tanto, esa fuerte caída inicial, medida en dólares, del pasivo del Banco Central, se está reduciendo porque la tasa de aumento del dólar oficial (2%) es inferior a la tasa que paga el Banco Central por los pases, ex leliqs, (9%).

De manera que los pasivos del Banco Central se están licuando contra la inflación, pero después de la devaluación inicial, se están “deslicuando” contra el valor del dólar oficial.

Simultáneamente, el Banco Central está absorbiendo pesos de los importadores que suscriben, con esos pesos, un bono en dólares (Bopreal). Pero sucede que una parte de esos pesos, ya estaban en el Banco Central, porque los importadores habían “comprado” un bono en pesos ajustable por tipo de cambio, a la espera de poder pagar sus deudas. (Ledivs).

Ahora están cancelando ese bono en pesos y comprando un bono en dólares. Visto desde el pasivo del Banco Central, se están absorbiendo pesos, pero también está bajando un pasivo en pesos ajustables y está creciendo un pasivo en dólares.

Lo mismo está pasando con el rescate que está haciendo el Tesoro de bonos que estaban en el activo del Banco Central. Está absorbiendo pesos y mejorando el Balance del Banco Central, pero a costa de endeudarse con el sector privado con deuda indexada. Es decir, el Tesoro está convirtiendo deuda no exigible en poder del Central en deuda exigible, en manos privadas.

Por todo esto, es cierto que el saneamiento del balance del Banco Central “arrancó”, pero está empeorando el perfil de su pasivo y también está empeorando la situación fiscal heredada, dado que aumenta la deuda consolidada del sector público en manos privadas.

Finalmente, existen dudas sobre la política cambiaria, en la medida que el “adelantamiento cambiario” se está empezando a reducir dada la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial.

Por lo tanto, aumentan las expectativas de devaluación, sea como parte de un plan de estabilización, o sea como camino a la dolarización que pretende el Gobierno, dado que cuanto mayor sea el tipo de cambio, menor será la cantidad de dólares necesaria para canjear los pesos.

En síntesis, el lado fiscal del programa de estabilización arrancó muy parcialmente y se concentra en el impuesto inflacionario, más ahora que hay que ir a buscar otro paquete fiscal, y siempre con la espada de Damocles de la recesión que afecta la recaudación.

El cambio de precios relativos necesario para después estabilizar también arrancó muy parcialmente, a la espera de la reducción de subsidios a la energía.

El saneamiento del balance del Banco Central mantiene el problema de que las reservas netas siguen siendo negativas, y a esto se suma el hecho de que se está dolarizando más el pasivo.

Finalmente, las señales de cambio de régimen dependerán de la consolidación de la gobernabilidad, con acuerdos en el Congreso y con el respaldo del Poder Judicial.

Por todo lo expuesto y para cerrar esta columna, no tengo más remedio que apelar a otro viejazo televisivo: “No se vayan que ahora viene lo mejor”.