Atraso tarifario

La administración del presidente Javier Milei, ha definido como objetivo supremo reducir el déficit fiscal. En este sentido diversas medidas se han adoptado y muchas otras se encuentran en discusión.

En materia de servicios públicos desde hace más de 20 años existen diferentes formas en la que el Estado interviene distorsionando los precios, retrasando tarifas, suministrando combustibles a los generadores de energía térmica o financiando las obras de mantenimiento y ampliación de redes de transporte y distribución, tanto de gas, agua o electricidad.

Todas estas acciones se agrupan dentro de la política de subsidios a los servicios públicos que los anteriores gobiernos definieron para mejorar el poder adquisitivo de los usuarios y, en consecuencia, sostener el consumo de otros bienes y servicios, pues con lo que se dejó de pagar de luz, gas o agua, se pudo comprar otras cosas, por ejemplo, televisores, equipos de calefacción para piscinas, aire acondicionados, paquetes turísticos, por citar algunos ejemplos.

La falta de actualización tarifaria trajo algunas otras consecuencias negativas, además del incremento en el gasto público producto de los subsidios, quizás, tan o más complejas que la intervención estatal.

Un mercado en el que el precio de los servicios es “barato” conlleva al mal uso. Luces encendidas todo el día, estufas funcionando sin personas en las casas o equipos desechados en otros mercados por no cumplir los estándares de consumo máximo internacionales han proliferado en nuestro país. De esta forma, el consumo sin restricciones se ha visto estimulado.

En la actualidad se plantea un cambio de modelo, migrando hacia lo que fuera la idea e intención original al momento de las privatizaciones en los 90, los usuarios deben pagar por los servicios públicos que consumen el valor que corresponda, sin subsidios ni aportes del Estado.

Los retrasos tarifarios varían en virtud de qué tipo de servicio se trate o de qué instancia en su producción y distribución se analice, sin embargo, en la mayoría de las prestaciones, existen consensos en los que la magnitud de la actualización debería superar el 200% de lo que se paga hoy en día en muchos casos, es decir, que se debería multiplicar por 3 el valor de la factura actual.

Este cambio estratégico demanda adecuaciones económicas y culturales. Las económicas afectarán al bolsillo de los consumidores y a los prestadores de servicios, pues, si bien recibirán mayores ingresos, quedarán sin la excusa del retraso tarifario para justificar incumplimientos contractuales, mientras tanto, los cambios culturales podrían llevar más tiempo, sobre todo para quienes no sean responsables directos en el pago de las facturas.

El gobierno, a través de su secretario de energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, propone la creación de la “Canasta Básica Energética” que establece un mínimo de consumo necesario, en principio para electricidad y gas. Este sistema tiene como objetivo definir las tarifas de luz y gas.

Actualmente, el esquema de subsidios al gas y la energía define tres segmentos tarifarios según los ingresos mensuales totales de cada hogar, en referencia con lo que establece el Indec para la canasta básica de hogares tipo 2 (familia tipo de dos adultos y dos menores):

a) Segmento de ingresos altos: el nivel mensual supera al de 3,5 canastas básicas totales del segmento de referencia;

b) Segmento de ingresos medios: el parámetro de marras varía entre 1 y 3,5 CBT; y

c) Segmento de menores ingresos: no superan el valor de 1 CBT.

A noviembre de 2023 el valor de una Canasta Básica Total tipo 2 según Indec era de 390.456 pesos.

Entre regalar la luz y el gas y volver estos servicios esenciales inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos existen esquemas intermedios que pueden atender los requerimientos de todos los sectores involucrados.

Diferenciar el valor tarifario en virtud de una ubicación geográfica o de ingreso estimado es discrecional, injusta, de difícil aplicación y de administración costos e ineficiente.

Por otro lado, el criterio de quien más tiene más paga podría ser racional en términos de impuestos, sin embargo, estamos hablando de servicios que tienen un costo, un margen y un precio de venta. Podría darse el caso en el que los que menos pagan más consumen.

Es aquí donde los conceptos de racionalidad de las propuestas y racionar el uso de los servicios a través de costos incrementales adquiere sentido. Las tarifas deberían ser las mismas para todos los consumidores, con la particularidad de que a mayor consumo mayor precio de la unidad de medida.

De esta forma, los hogares de menor consumo tendrían asegurada una tarifa muy baja, los de consumo promedio abonarán por el consumo excedente un incremento creciente en virtud de sus mediciones.

En definitiva, el uso racional de los recursos significa un premio al consumidor responsable mientras que quienes mantienen las modalidades actuales de despilfarro y ostentación energética paguen por ello.

Las infraestructuras de generación, transporte y distribución tanto de energía eléctrica como de gas están diseñadas para soportar picos de consumo, es decir que durante gran parte de su vida útil están sub aprovechadas a la espera de esos momentos en los que la demanda se concentra, es por eso que existen baches y picos.

Un modelo racional y racionalizador debe contemplar estos factores, cuánto y cuándo consumen los clientes en lugar de quién y dónde.

Los precios diferenciales permiten asegurar a los consumidores tarifas bajas para quienes consumen menos y a horarios más convenientes.

De esta forma, los usuarios contarán con tarifas justas, los proveedores de los servicios podrán percibir lo que corresponde, los entes reguladores podrán aplicar las sanciones que se merezcan y el estado dejará de subsidiar reduciendo parte del déficit fiscal que tanto preocupa.

El autor es director de Fundación Iberoamericana de Telemedicina