Por una reforma laboral para una Argentina viable

En el actual escenario económico argentino es imperativo considerar medidas efectivas para impulsar el crecimiento y la competitividad. En este contexto, la propuesta de reforma laboral emerge como una opción digna de análisis y debate. El núcleo de la discusión no pasa solo por proteger los derechos de los trabajadores, sino por la necesidad de otorgar certeza a todo el sistema.

Hay dos factores en los que los inversores se centran a la hora de resolver la radicación de una inversión o la ampliación de su modelo de negocios. Son la disponibilidad del capital humano y la previsibilidad del país en materia laboral, y la mitigación de las contingencias asociadas.

La necesidad de modernizar las leyes laborales en Argentina no es un capricho, sino una respuesta a los desafíos que enfrenta nuestra economía. Una reforma laboral bien diseñada puede contribuir significativamente a la generación de empleo, la atracción de inversiones y la mejora de la productividad, eliminando impuestos y gravámenes distorsivos, y adecuando la regulación a los modelos laborales del siglo XXI. La actual legislación data del año 1974 y las modificaciones introducidas con posterioridad no hicieron más que agregar confusión, contradicciones e incertidumbre.

Repasemos por un momento el Decreto 70/2023 en materia laboral. Uno de los aspectos clave de la norma es la desregulación de las relaciones laborales: permitir acuerdos más adaptables entre empleadores y empleados puede ser la llave para fomentar la contratación y la innovación en el ámbito laboral. La rigidez actual ha demostrado ser un obstáculo para la creación de empleo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Además, la propuesta también aborda la necesidad de simplificar y agilizar los trámites burocráticos asociados al empleo. Reducir la carga administrativa, bajar los costos indemnizatorios, y la previsibilidad en la actualización de las sentencias, no solo beneficia a las empresas, sino que también puede traducirse en una mayor agilidad en la contratación y una respuesta más eficiente a las demandas del mercado. En un mundo cada vez más digital y dinámico, es crucial que los trabajadores tengan acceso a oportunidades de formación que les permitan mantenerse competitivos y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral.

Entre los aspectos que consideramos positivos incluidos en el DNU, y en el marco del derecho individual, podemos destacar:

1. Haber definido la tasa de interés aplicable a los créditos laborales, como así también la posibilidad de actualizar la indemnización por antigüedad abonada en el supuesto de reingreso de un trabajador.
2. Añadir el criterio “Vizzoti” en la redacción del art. 245 a los fines de establecer un mecanismo claro al respecto y reflejar una mecánica de cálculo que hasta el momento no tenía respaldo legal.
3. Incorporar la modernización de distintas cuestiones de documentación y la posibilidad del uso de documentos digitales, o plataformas
4. Agregar como sujetos activos de solicitar el subsidio por desempleo a las personas que hubieran celebrado acuerdo de extinción por voluntad concurrente.
5. Sumar la posibilidad de un régimen de capitalización con aporte del empleador para afrontar el pago de indemnizaciones por despido, aunque debería regularse en detalle esta cuestión a fin de evitar resultados disvaliosos.
6. Aclarar cuestiones relativas a la responsabilidad en materia de tercerización y limitando la responsabilidad de empresa usuaria en lo que refiere a las cargas sociales abonadas por la empresa tercerizada (eventual o no).
7. Brindar la posibilidad de que la empresa usuaria abone por cuenta y orden del contratista obligaciones laborales sin necesidad de autorización judicial, lo que simplifica los procesos en supuestos de incumplimientos de la empresa empleadora.
8. Establecer un formato de colaboradores para pymes de hasta 5 empleados, permitiendo el reconocimiento de un vínculo flexible y adecuado.

El resumen de los aspectos positivos es que se modifican distintas cuestiones de la Ley de Contrato de Trabajo, pero no todas tienen un impacto directo en las relaciones laborales activas, o que generen herramientas para un incremento del empleo formal. Por lo tanto, recomendamos que las mismas debieran ser complementadas por otras que se focalicen en este objetivo de acelerar la generación de empleo y la formalización del mismo.

Nos gustaría resaltar también otras que consideramos deben ser revisadas por ser incompletas o insuficientes, como por ejemplo:

1. La derogación de todo el andamiaje sancionatorio que tiene el régimen legal y que de alguna forma incentiva la litigiosidad, pero consideramos que tiene que existir un contrapeso para incentivar la formalización del empleo y evitar situaciones de incumplimiento normativo.
2. Posibilidad de la empleada embarazada o gestante de iniciar su licencia hasta 10 días antes, aunque sería conveniente una actualización más integral del régimen de licencias incorporando otros institutos y supuestos.

Por otro lado, no encontramos demasiadas razones para ser incluidos en un marco de carácter urgente y extraordinario, los siguientes aspectos:

1. Ampliación del período de prueba.
2. Autorización explícita del trabajador para la retención de aportes o cuotas sindicales, mutuales o cooperativas.
3. Modificación del principio de irrenunciabilidad y presunción del contrato de trabajo.

Desde AmCham hemos planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de introducir rápidamente reformas integrales y de profunda transformación para hacer de Argentina un país viable. Cambios imprescindibles para establecer un marco propicio e incentivar así la inversión privada, incrementar la producción y los servicios, aumentar el empleo privado formal, disminuir progresivamente los niveles de pobreza e impulsar la integración de nuestra sociedad.

La reforma laboral ofrece una oportunidad para revitalizar nuestra economía y crear un entorno laboral más dinámico y eficiente. El diálogo y la colaboración serán clave para alcanzar una reforma que beneficie a toda la sociedad argentina. Una eficiente articulación entre el sector público y privado es la única manera de alcanzarlo, y por ende estamos dispuestos a contribuir en la construcción de políticas de Estado que puedan concretar la transformación social y económica que nuestro país se merece.