Argentina necesita de todas las fuerzas vivas de la producción

La continuidad de políticas públicas a lo largo de los distintos gobiernos no parece ser algo común en Argentina. Todo gobierno electo pretende venir a hacer las cosas distinto de su antecesor refugiándose en el reclamo de cambio de la sociedad. En el ideal de la gobernanza, se aspira a que el nuevo gobierno sea mejor que el anterior. Ser mejor implica, entre muchas otras cosas, reconocer lo que está mal para hacer algo mejor, pero también reconocer lo que está bien y tener la capacidad de mantener y mejorar esa situación.

En el mes de gobierno que lleva Javier Milei al frente del Ejecutivo claramente hay aires refundacionales, esto lo demuestra el envío de una Ley Ómnibus con más de 600 artículos que pasan por todos los temas y que, por ende, debería pasar por absolutamente todas las comisiones del congreso. Este proyecto de ley, sucede a un DNU con más de 300 reformas que ya ha encontrado un freno en el fuero laboral de la justicia luego de un pedido de amparo por parte de las centrales sindicales. Seguramente ese decreto siga encontrando frenos en la Justicia hasta llegar a la Corte Suprema.

No es el motivo de este artículo hablar sobre la mala redacción, estructuración y tratamiento que están teniendo tanto el DNU como la Ley. Se pretende hablar sobre algunas soluciones de política industrial que se han ido implementando en los últimos años y que podrían mantenerse y mejorarse para acompañar el crecimiento de la industria a fin de lograr la tan ansiada industrialización y así terminar con esta discusión de tantos años en Argentina.

A continuación enumerare algunas leyes que deroga el DNU, que implican programas que podrían dejar de funcionar y algunas problemáticas que trae el proyecto de ley ómnibus para nuestra industria.

Entre las leyes que deroga el DNU se encuentra la ley 27.437 conocida como ley “Compre Argentino” que tiene entre sus principales programas al Programa de Desarrollo de Proveedores que propicia el crecimiento de empresas nacionales en sectores estratégicos, el 97% de las empresas que pasaron por el Prodepro aumentaron su productividad y el 95% sus ganancias. El 74% de la inversión de las empresas fue a investigación y desarrollo, logrando así que el 47% innoven y creen nuevos productos y procesos productivos. Este programa, que fue creado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, fue derogado sin tener en cuenta estos números claves para el desarrollo de nuestra industria.

Por otra parte, se encuentran algunas políticas productivas aplicadas en estos años que merecen ser estudiados para su mejora y potenciación, algunos de ellos son: el PAC, Programa de Apoyo a la Competitividad, contó con fondos del BID y otorgaba aportes no reembolsables que iban de 4,5 millones a 9 millones de pesos exclusivamente para innovación de procesos, productos y comercialización. Pasaron por el PAC alrededor de 500 pymes nacionales que crecieron en su productividad y comercialización para la exportación. Muchos de sus beneficiarios usaron esos aportes para la innovación en desarrollo sustentable, gestión ambiental urbana, energías renovables, inclusión financiera y movilidad sustentable entre otros.

Otra política productiva afectada por el cambio de gobierno es el sello de buen diseño argentino, un programa implementado hace 10 años que brindó apoyo a las 8.500 pymes exportadoras para fomentar y premiar a las pymes que presenten productos innovadores ayudándolas a insertarse en mercados internacionales. El programa cerró 2023 con una muestra en el Centro Cultural Kirchner donde más de 450 productos brillaron en una exposición que contó con la presencia de más de diez mil asistentes en los tres días que duró la muestra.

Como si la preocupación de los sectores industriales por la derogación y la no continuidad de programas de acompañamiento del Estado Nacional no alcanzará, el Gobierno decidió enviar en el proyecto de Ley Ómnibus un artículo que pretende imponer un 15% de retenciones a toda industria que exporte sus productos.

Argentina necesita de todas las fuerzas vivas de la producción. De todas las industrias para poder crecer, exportar y generar las divisas que nos saquen de esta situación. Manufactura, conocimiento, minería y servicios son algunas de ellas. El artículo 200 y 201 de la Ley propone la elevación de los derechos de exportación al 15%, lo que la convierte en una norma antiexportadora. Hay industrias como la metalúrgica que hoy solo tienen un techo de retención del 3%, y que pasarían a quintuplicar ese impuesto, atentando así contra la competitividad de toda la industria. El esquema propuesto no tiende a mantener ni a estimular la exportación, sino todo lo contrario. El país necesita del ingreso genuino de divisas por lo que esta medida generará impacto negativo en la balanza comercial.

La industria nacional tiene potencial, hay que acompañarla integralmente, ayudarla a crecer y dejar de verla como parte del problema porque, sin dudas, es parte de la solución.

El autor es politólogo