Vaca Muerta y el impacto Milei

Ya es por todos conocido que Vaca Muerta es una realidad en cuanto a su potencialidad de producción de petróleo y gas natural. Entre los obstáculos con los que ha tropezado su desarrollo, destacan medidas macroeconómicas (como el cepo) y las políticas demagógicas de un trastocamiento de los precios relativos de la energía, en relación al resto de los servicios y productos de consumo. El mecanismo estuvo compuesto por extraordinarios subsidios a la demanda, que ocasionaron el efecto contrario de la intención, que era proteger al consumo. Por el contrario, se favoreció el crecimiento de la espiral inflacionaria, fogoneada además por ambiciones políticas desmedidas a “como de lugar”. La consecuencia: un acomodamiento de precios relativos que nos enfrenta a una cruda realidad, que exige grandes sacrificios de la sociedad en su conjunto.

Debe reconocerse que algunas acciones evitaron un mayor estrago en el sector y en el país, como el plan “gas.ar” de diciembre 2020, y la decisión de construir la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner. Aunque también debe decirse que estas decisiones fueron adoptadas sin convencimiento y empujadas por la realidad de las circunstancias. El balance comercial energético se observa deficitario los últimos cuatro años (USD 6.000 millones) y si acumulamos desde 2010, el déficit supera los USD 40 millones.

Un hecho no menor es que, algunas modificaciones a los parches realizados a la ley de gas y de hidrocarburos por la Ley de Emergencia Económica de 2019, ante la cruel realidad del déficit energético y la coyuntura de precios altos en gas natural (afectando negativamente en 2022) y en crudo (afectando positivamente 2022-23), permitieron alcanzar el récord de set de fracturas por mes de 1400 (en septiembre 2023), con un total de 14.200 fracturas al año. Incluso se alcanzó la mayor exportación de crudo de 160 miles de bpd.

Seguidamente, y ante la realidad de nuestro potencial exportador de gas y petróleo, los consultores energéticos planteaban la necesidad de retomar la senda de la seguridad jurídica, la normalización del mercado de divisas, la libre disponibilidad de la producción, un esquema previsible a las exportaciones, acceso al mercado de cambios, y claros marcos regulatorios e impositivos que se mantengan durante la vida útil de los proyectos. La ley de GNL –con media sanción– esbozaba algunas de estas recomendaciones, pero se presentaba injusta frente a cualquier proyecto de inversión que no dispondría de estos beneficios.

Podemos preguntarnos que, si se logró aumentar la producción de crudo y gas en un contexto extremadamente adverso, cuánto más se lograría si estamos convencidos de esos cambios y se aplican con solidez y consenso, en lugar de hacerlos discrecionales, tardíos y pagados por el erario público (a través de subsidios a la demanda, gasoductos, etc.).

Hoy nos encontramos con el desafío de recuperar la cordura económica –perdida desde hace varios años– y lograr reducir la inflación eliminando el déficit público. Y para esto es prioritario y necesario incentivar todo tipo de exportación.

El paquete de medidas de la Ley Ómnibus, en lo que respecta al sector energético, es en líneas generales volver a las políticas del 90, pero aún más disruptivas. Recordemos que la desregulación del 93 estableció las condiciones adecuadas para importantes proyectos que requirieron grandes inversiones, todas privadas. Detallemos algunas de gran impacto como: la duplicación de la capacidad de los gasoductos locales, los gasoductos de exportación (que implican poder exportar más del 20% de nuestra producción), el aumento de la potencia instalada de electricidad por centrales de ciclos combinados a gas natural, el crecimiento de la petroquímica (Gas Licuado de Petróleo, Etano, Urea). Todas obras que lograron posicionarnos como exportadores con balanza comercial energética altamente positiva.

Concretamente, en lo referente a fomentar exportaciones, el DNU y el proyecto de la Ley Ómnibus liberan la exportación e importación de crudo, gas y combustible, y prohíbe poner limitaciones por motivos económicos. Ya no será el objetivo prioritario del estado el auto-abastecimiento y la prelación de la demanda doméstica frente a la exportación, sino maximizar la renta. Habrá un programa para grandes proyectos de inversión en infraestructura y genera el concepto de autorización de transporte, tanto para gas, crudo o combustible.

En su exposición en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo reconoce la importancia de la ley de Gas 24.065 (1993), y tiene por objetivos recuperar la confianza de los inversores, garantizar transparencia en la regulación, fomentar la contractualización de los contratos, y proveer mayor estabilidad fiscal. Y además propone un cambio sustancial en la seguridad jurídica, la libre comercialización de los hidrocarburos.

De manera que, en cuanto a su espíritu para favorecer las exportaciones en hidrocarburos, el proyecto de ley responde en general a los pedidos del sector. Si la letra chica no tergiversa los grandes lineamientos mencionados, favorecería a que se concrete un posible aumento de la producción, con inversiones en upstream que superarían los USD 13.000 millones, y nuestra balanza comercial podría alcanzar los 6.000 millones de dólares.

El autor es director del Instituto de Energía de la Universidad Austral