La ambición de reforma del presidente Milei avanza sobre todas las dimensiones de la agenda pública y el desarrollo sostenible no es la excepción. El mundo, aún aturdido por estar atravesando el cénit de dos guerras cruentísimas en Ucrania y Medio Oriente – por cierto, dos puntos estratégicos del mapa en materia de recursos energéticos -, retoma con brío la agenda de sustentabilidad después del receso navideño y de una COP28 que podría significar el principio del fin de la desfosilización de la matriz energética global.
¿Las “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” están a tono con los tiempos que corren, con el momentum de la sostenibilidad en las agendas globales y con el sentido de urgencia que ha impreso el Acuerdo de Dubái para abordar la crisis climática? Durante la campaña, el actual Presidente consideró al calentamiento global como “otra de las mentiras del socialismo”, en sintonía con Donald Trump, que se ha referido al cambio climático como “un cuento chino”. Por otra parte, tras ganar el balotaje, Milei fue felicitado por Jair Bolsonaro, quien durante su presidencia registró cifras récord de desforestación del Amazonas, ecosistema clave en la regulación climática global. Si bien el posicionamiento político de Milei podría hacer dudar de que las reformas del proyecto de Ley Ómnibus pudieran ser amigables con el ambiente, el texto disipa suspicacias, aunque deja frentes abiertos.
Dentro del eje “Libertad de producir”, hay reformas que buscan maximizar la explotación y el libre comercio de hidrocarburos a lo largo de toda su cadena de valor, identificada como de enorme potencial para la generación de empleo y divisas. El proyecto también elimina exenciones impositivas para la producción de biocombustibles.
No obstante, el proyecto también ratifica explícitamente los compromisos suscriptos en el Acuerdo de París en materia de control de emisiones, en sintonía con el Acuerdo de Dubái de la última COP. Este último acuerdo reconoce al gas natural, dentro del complejo de hidrocarburos, como combustible de transición. Además, la nueva legislación reconoce la necesidad de mejorar la coordinación entre Nación y provincias para aplicar mejores prácticas de gestión ambiental en la producción.
Ahora bien, ¿cuál es la letra chica a ser atendida para evitar que la libertad y el cuidado del medio ambiente colisionen? El proyecto de Ley prevé la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y el acceso a financiamiento climático con “amplia y decisiva” participación del sector privado. Esto último no sorprende tratándose de una propuesta legislativa de corte libertario. El mercado de derechos de emisión supone la transacción de offsets (créditos de carbono) que compensen emisiones a partir de una variedad de estrategias, como inversiones en energía renovable (lo que podría indirectamente re-favorecer al sector de biocombustibles) y proyectos de reforestación.
Aunque la lógica de las compensaciones de carbono sea fácil de comprender, existen desafíos en su implementación. Un offset de buena calidad supone el desarrollo de proyectos que realmente reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero de forma medible. Este proceso requiere estándares y protocolos bien documentados, que pueden traer aparejados dificultades técnicas y costos no desdeñables. Adicionalmente, no faltan críticos al espíritu de las compensaciones como meras licencias para contaminar.
Ante este panorama, deberá establecerse una estrecha colaboración público-privada para coordinar los esfuerzos en pos de un efectivo cumplimiento de las metas de París, de modo tal de lograr un abordaje auténticamente holístico de la transición energética para un desarrollo sostenible. Más profundamente, el ideal que la Ley propone implica zanjar pasadas grietas en busca del bien común. ¿Estaremos a la altura del desafío?