Crimen organizado transnacional: mediciones y tendencias acerca de su empoderamiento en la región

Las noticias casi sin solución de continuidad, nos sumergen en un mundo donde la actividad criminal, crece, se diversifica y expande sin permitirnos a los ciudadanos de a pie, imaginarnos las tremendas consecuencias político sociales que esta actividad ilícita trae aparejada.

La actividad criminal suele ser advertida por la sociedad, únicamente por sus efectos. Muerte, terror, incertidumbre y caos. Pero no siempre las empresas criminales necesitan de este tipo de acciones para funcionar. El crimen organizado no es únicamente el trafico de drogas, de personas, de armas o la extorsión.

Los mercados ilegales se han diversificado, explotando las organizaciones criminales, aquellas variables que los estados, por acción u omisión, ofrecen como flancos vulnerables o como parte de la estructura ilegal donde canalizar el producto de la actividad. La criminalidad económica comienza a marcar presencia en este juego perverso.

A pesar de existir evidencia empírica, los estados parecen estar diseñados para reaccionar solamente ante la percepción de los efectos, revelándose como incapaces de efectuar diagnósticos proactivos de carácter anticipatorio, preventivos.

Mediciones efectuadas sobre la actividad criminal a nivel mundial anticipaban con bastante exactitud estos escenarios futuros que ya son presente a nivel global y en particular en la región.

En el año 2023, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en ingles), aportó por segunda vez, desde el año 2021, los resultados emergentes de la primera herramienta diseñada para evaluar los niveles de crimen organizado y la resiliencia ante la actividad criminal organizada, medida sobre los 193 estados miembros de la ONU, con el objetivo de proporcionar información basada en análisis de datos de la actividad criminal.

Esta organización civil con sede en Ginebra, que administra una red de expertos a nivel global con implicaciones profesionales en la temática, nos ilustra sobre las complejas redes funcionales a través de las que las organizaciones criminales, mutan, crecen y se adecuan a los distintos marcos en que pueden desarrollar su operatoria.

Para que este fenómeno exista, son imprescindibles dos constantes: un grupo de crimen organizado y un delito grave. Asimismo, los Estados a nivel global, determinaron como características del crimen organizado la flexibilidad, la diversificación de sus actividades y la condición de cambio constante.

El análisis efectuado por la organización, nos muestra los distintos componentes que requiere la actividad criminal a nivel global, así como también, las herramientas que los diversos países, tomados por regiones, generan para luchar contra este flagelo, centrando en la resiliencia, la capacidad de contención mitigación y neutralización de este fenómeno criminal.

Para el GI-TOC, la resiliencia es la capacidad que tiene un país para resistir y contrarrestar la actividad del crimen organizado, sea local o transnacional.

A su vez, para la medición establece que la criminalidad está integrada por dos componentes, los mercados criminales y los actores criminales. Para esta organización, estos últimos son cinco. A saber:

1) Grupos que operan al estilo mafioso. Hay cuatro características que definen a este grupo: un nombre conocido, un liderazgo definido, control territorial y membresía identificable

2) Redes criminales. Estas incluyen grupos relativamente pequeños que no controlan territorio y no son ampliamente conocidos por un nombre o no tienen un líder conocido

3) Actores integrados en el Estado. Funcionarios que actúan dentro del aparato estatal

4) Actores extranjeros. Se refiere a actores criminales estatales o no estatales, que operan fuera de su país de origen

5) Actores del sector privado. Son personas o entidades con fines de lucro que poseen, administran o controlan un segmento de la economía legal libre de propiedad o control estatal, que colaboran o cooperan con actores criminales voluntariamente, mediante coerción o negligencia

Los mercados criminales que evalúa la organización son 15 y los definen en este orden: a) Trata de personas; b) Contrabando de personas; c) Extorsión y crimen organizado de protección; d) Trafico de armas; e) Comercio de productos falsificados; f) Comercio ilícito de bienes sujetos a impuestos especiales; g) Crímenes de flora; h) Delitos de fauna; i) Delitos contra recursos no renovables; j) Comercio de heroína; k) Comercio de cocaína; l) Comercio de cannabis; m) Comercio de drogas sintéticas; n) Delitos ciber dependientes; o) Delitos financieros.

Del análisis efectuado sobre los resultados de esta herramienta, podemos afirmar como meta hallazgos del documento que, la brecha entre la criminalidad y la resiliencia se está ampliando a nivel global y que las democracias siguen teniendo mayores niveles de resiliencia en contraposición con las autocracias o gobiernos dictatoriales.

Además, que en aquellas regiones con países inmersos en conflictos sociales, se exacerba la vulnerabilidad ante el crimen organizado y, por último, un dato no menor pero que no escapa al conocimiento de los analistas: conforme los datos del análisis 2023, los delitos financieros son el mercado criminal más generalizado, desplazando al segundo lugar a la trata de personas.

Del mismo documento surge que desde la pandemia se ha fortalecido en el ecosistema ilegal, la influencia de los actores criminales; entre ellos los agentes estatales siguen siendo los dominantes a la hora de facilitar el acceso y creación de economías ilícitas no solo para el flujo de capitales producto de la actividad criminal sino como principal herramienta para inhibir la resiliencia.

Dentro de estos actores criminales, a nivel global, pero particularmente en la región latinoamericana, la influencia de los actores extranjeros está creciendo de la mano de mafias internacionales que se afincan en la zona para asegurar sus negocios ilícitos, generando interacciones con bandas locales, lo que lleva a una lenta pero persistente mutación de la cultura criminal.

Los dispositivos del delito local comienzan a incorporar pautas actuariales de grupos extranjeros, generando cambios que van desde lo dialectico hasta la violencia física que ha escalado a niveles dramáticos.

Por años hemos asistido impávidos a un escenario en el que, el tráfico de sustancias, de seres humanos y la muerte fue golpeando con dureza y con cada golpe, moldeando los contornos de una sufrida sociedad que, como la mexicana, se encuentra atravesada por las devastadoras consecuencias de un Estado ausente; resumiendo, los ciudadanos mexicanos sufren el daño que ocasiona un estado fallido. Pero los criminales fueron por más.

Así, pudimos ver como los carteles mexicanos desplegaban su influencia en dirección ascendente y descendente desde su situación geográfica.

En dirección ascendente, disputaron territorios y mercados con organizaciones transnacionales para asegurar las rutas del primer consumidor mundial de estupefacientes como lo son los Estados Unidos de Norteamérica. En dirección descendente, tensaron sus tentáculos sobre los nodos productores de cocaína, para robustecer la oferta en los mercados que luchaban por conquistar. Sus consignas fueron claras, fuera de la ley todo. En el submundo criminal, ellos son la ley.

En su empresa ilegal, interactuaron con actores criminales de diversos países, entre ellos colombianos, pero también con peruanos y bolivianos. Sin embargo, su incidencia se haría notar con mayor crudeza en un país en el que convergen sus intereses con el de mafias europeas y otras de la región.

En Ecuador, los grupos criminales locales (conforme el decreto presidencial de combate a la actividad terrorista criminal serían 22), desempeñan un papel destacado en el tráfico de estupefacientes y, a menudo, alimentan conflictos violentos mientras compiten por el control de las rutas de la droga.

Para aumentar la complejidad de la situación, los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco. Una nueva generación han establecido una fuerte presencia en Ecuador. Grupos criminales de Albania, Croacia, Montenegro, Rusia y Serbia también se han infiltrado en el país, con su participación principal en los mercados del narcotráfico.

Esos proxis (bandas locales), crecieron en estructura y en audacia, (ante la pasividad del Estado), transformándose lentamente en franquicias operadoras de carteles y mafias supranacionales.

Claramente nada de esto podría haber sido posible de no contar con la porosidad que genera un entorno de corrupción donde los actores estatales terminan coludidos por las actividades criminales. Así, pequeños sectores de la sociedad, pero con un gran poder de decisión, fueron coptados por estas organizaciones generando una simbiosis fatal entre la actividad criminal organizada y la complacencia de un Estado que dio el marco adecuado para el desarrollo estas estructuras ilegales.

Los recientes hechos de violencia que sacudieron ese país, confirman estos datos, revelando, además, que están dispuestos a imponerse por la fuerza, desestabilizando si es necesario el orden institucional y a los regímenes democráticos. Los magnicidios ocurridos con candidatos presidenciales y a diversos cargos electivos refuerzan lo expuesto.

De acuerdo al informe del GI-TOC, Ecuador se destaca como el país con el aumento más significativo en las puntuaciones del mercado criminal.

Otro país que experimentó un aumento similar es Chile. Si bien la situación de Chile puede no ser todavía comparable a la de México y Colombia, el país está mostrando paralelos alarmantes en términos de prácticas asociadas con el crimen organizado.

Se han observado signos de control territorial por parte de bandas criminales, así como fenómenos extraños para la cultura criminal local, como los funerales de ‘narcos’, secuestros extorsivos seguidos de muerte, desaparición de personas y asesinatos con desmembramiento de las víctimas.

Dentro de los 20 países con mayor índice de criminalidad a nivel mundial, Latinoamérica registra entre ellos seis estados, siendo Colombia el segundo país, detrás de Birmania; en el tercer puesto se coloca México, en el cuarto Paraguay, en el puesto once, Ecuador. En tanto que en el 13 aparece Honduras y, en el 17, Panamá.

Argentina, aún mira desde muy lejos este ranking, se ubica en el puesto 79 de 193 naciones medidas pero con indicadores que deberían encender las alarmas. La criminalidad organizada que opera, por ahora, dispersa dentro de nuestro país, sumada a la falta de transparencia que las actividades estatales evidenciaron en los últimos años. Colocan (reiteramos, si bien muy lejos), al país en el camino de la pérdida de resiliencia y consolidación de estructuras criminales con capacidad de daño.

Chile, jaqueado al norte por la presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, con prácticas similares a la de los carteles mexicanos, Bolivia convertido en el tercer productor mundial de cocaína y no solo de pasta base sino en su producto final, el clorhidrato de cocaína (más barata en el mercado que el producto de sus competidores colombianos y peruanos), ha evolucionado hasta experimentar asesinatos en bloque como el de los militares ejecutados cruelmente por un supuesto grupo confederado narco Boliviano (hecho ocurrido la primer semana de este 2024).

Recientes incursiones de la Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico (F.E.L.C.N.), de la policía boliviana, han descubierto en la región del Chapare, 25 laboratorios móviles de producción de cocaína, algo inédito en ese país y potencialmente riesgoso para quienes comparten fronteras con el estado plurinacional.

Paraguay colonizado por el Primer Comando de la Capital en disputa permanente con el Clan Rotela y en menor medida, con el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), envía permanentemente a la región marihuana procedente de Pedro Juan Caballero (Estado de Amambay).

Brasil con la actividad desplegada por diferentes facciones criminales que inciden sistemáticamente en el norte y centro de nuestro país, como el PCC, Comando Vermelho, y organizaciones menores como Bala na Cara, Primer Grupo Catarinense y similares; Uruguay, con presencia activa y casi permanente de la ‘Ndrangheta, mafia que desde principios de este siglo ha elegido a ese país para asentar a los responsables de generar nexos con productores de cocaína de Bolivia, Colombia y Perú. De esos grupos surgen figuras locales como el prófugo Sebastián Marset sospechado de ser uno de los interesados en el asesinato del Fiscal Pecci en Colombia.

Podríamos resumir diciendo que estos grupos constituyen el círculo de criminalidad organizada que rodea a nuestro país y que, sin necesidad de profundizar en análisis sofisticados sobre la actividad descripta, nos colocan en un estado de riesgo real. Si esto no es entendido y abordado a través de una política de seguridad pública de carácter integral, puede escalar a niveles de potencial vulnerabilidad, que estás organizaciones aprovecharán para expandir o potenciar sus actividades dentro de nuestro territorio.

La seguridad pública es un derecho humano fundamental y los funcionarios son los responsables de que este derecho se cumpla.