Esclavos del mar: los trabajos forzados en pesqueros violan DDHH y favorecen la ecuación económica de la depredación en el Atlántico Sur

La pesca es un trabajo peligroso. De acuerdo con estudios de la Organizacion Internacional del Trabajo se trata de unos 20 millones de pescadores de los cuales más de 20.000 mueren cada año. Muchos de ellos, desaparecen.

El 29 de febrero de 2016, las autoridades argentinas se acercaron al HUA LI 8, un potero de bandera de China que había sido observado pescando ilegalmente en la ZEE. A pesar de los esfuerzos que incluyeron disparos de advertencia, el HUA LI 8 se dió a la fuga. Argentina solicitó apoyo de INTERPOL, quien emitió una notificación morada para alertar a los países miembros que el buque seguía prófugo.

Dos meses después, autoridades de Indonesia arrestaron al buque en aguas de Sumatra. La noticia más relevante del arresto fue la presencia en la tripulación, de 29 ciudadanos indonesios que habían sido sujetos del tráfico de personas y trabajos forzados, según una investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones. El informe es uno entre centenares que, originados en ONG´s, gobiernos u organismos multilaterales, procuran visibilizar y generar conciencia acerca de las condiciones infrahumanas, rayanas en la esclavitud, el tráfico de personas y los trabajos forzados que deben soportar cientos de miles de tripulantes de buques pesqueros en muchas partes del mundo.

Según investigaciones realizadas por la ONG Global Fishing Watch (GFW), el caso del HUA LI 8 es un ejemplo paradigmático de una patología crónica de la industria pesquera. Las condiciones severamente inhumanas que caracterizan la vida de los marineros incluyen violencia física, privación del sueño, abuso verbal y amenazas de muerte, retención de pago y tratamiento médico, confiscación de identificación personal, alimentación escasa o inadecuada y, en casos graves, incluso asesinato. Estos hechos son indicadores de prácticas análogas a la esclavitud, trabajos forzados, servidumbre por deudas y trata de personas. Según la OIT, decenas de millones de personas fueron víctimas de trabajos forzados en todo el mundo. El Índice Global de Esclavitud publicado por la Fundación Minderoo informa que los siete países con mayor riesgo de esclavitud generan casi un 40% de las capturas pesqueras mundiales.

Desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas prácticas implican violaciones claras y flagrantes, aunque muy distantes de ser reconocidas y menos reprimidas. En la inmensidad del mar, y largos meses de aislamiento es fácil ignorar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad (Art. 3), a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trata de esclavos (Art. 4), a no ser objeto de torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art.5), a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (Art. 23) y al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo (Art. 24).

Informes más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que el trabajo forzoso y la trata de personas en el sector pesquero son un problema grave. Estos informes dan cuenta que los pescadores, muchos de ellos trabajadores migrantes, son vulnerables a formas graves de abuso de los derechos humanos a bordo de los barcos pesqueros y son muy vulnerables a ser engañados y coaccionados por intermediarios y agencias de contratación.

Diversos estados tienen prácticas que afectan los DDHH de los marineros. China, que posee la mayor flota pesquera de larga distancia del mundo, es objeto de incontables reproches en relación con estas formas sutiles de esclavitud. Los tripulantes indonesios son las víctimas más comunes de las condiciones de tráfico de personas o trabajos forzados en buques chinos. De acuerdo con informes de Environmental Justice Foundation, los marineros son objeto de crueldades poco vistas en otros ámbitos laborales. En numerosos procesos judiciales, “los pescadores indonesios también describieron palizas frecuentes a manos de capitanes chinos y tripulantes de alto nivel. Los trabajadores vivían en la miseria y eran alimentados con comida caducada. A menudo se les obligaba a trabajar durante días y días, solo para luego sufrir deducciones salariales inexplicables y salarios robados por agentes de empleo indonesios corruptos”.

Frente a este panorama, cabe preguntarse cuáles son las cadenas de causa y efecto que generan este desastre humanitario. La respuesta, como es usual, pasa por fuertes incentivos económicos para que las cuentas cierren y por una violación de la diligencia debida en relación con la protección de las personas. La teoría económica del crimen instalada por el Premio Nobel Gary Becker encuentra en las decisiones racionales que conducen al crimen la explicación suficiente de estas dinámicas. Si el incumplimiento de la diligencia debida o el dolo implican un riesgo bajo de ser atrapado y el beneficio es alto, la opción criminal es seleccionada. El ser humano se transforma así en una de las variables de ajuste económico más relevantes para la reducción de costos operativos. El fin justifica los medios.

La defensa del ser humano requiere de la identificación de espacios que sirvan de contexto y plataforma para comprender procesos y diseñar estrategias. Entre muchos otros, dos se hacen relevantes: el determinado por los DDHH en relación con la CONVEMAR y el de los Derechos Laborales en relación con los consensos, instrumentos y dinámica del comercio internacional.

En el campo de los DDHH, el sistema de gobernanza de los mares consagrado en la CONVEMAR resulta débil para enfrentar la explotación del ser humano por la distancia formal que existe entre la esclavitud y las nuevas y sutiles formas que adquiere esa lacra moral. En efecto, la CONVEMAR, en su artículo 110, otorga a los buques de guerra el derecho de visita a un buque de otra bandera sólo si existen suficientes indicios razonables que permitan sospechar que dicho buque se dedica al tráfico de esclavos. Esta tipificación deja fuera las aberrantes violaciones de los DDHH evidenciados en la pesca de ultramar.

En este sentido, surge en el plano moral una responsabilidad para proteger la vida, la dignidad y la integridad mental y física de los marineros, o sea sus derechos humanos esenciales. Lógicamente esta responsabilidad, que reside en toda la comunidad internacional, entra en tensión con la soberanía del estado de bandera. Frente a este panorama de vías muertas, puede concluirse que la CONVEMAR ha quedado desactualizada en su capacidad de enfrentar amenazas al ser humano a bordo de los buques. La sensibilidad y conciencia de la comunidad internacional respecto a los DDHH es creciente pero sin vasos comunicantes con la gobernanza de los mares. Para la fundación Human Rights at Sea, “es casi imposible asegurar que el pez que se come no fue capturado por personas en esclavitud”. Tarde o temprano la agenda de la ONU debería incluir estas cuestiones en las revisiones periódicas de la “constitución de los mares”. Expandir la frontera del Art. 110 de la CONVEMAR a las prácticas de esclavitud sutil objeto de este trabajo sería un salto tan difícil como moralmente valioso para la humanidad.

En el campo de los derechos laborales desde la perspectiva del comercio internacional existen otros contextos para fortalecer la comprensión y diseñar estrategias. La estructura de subsidios, transfiere esta criminalidad al estado, violentando el principio del comercio justo. En ese sentido, una plataforma estratégica de valor es la idea de la trazabilidad social para analizar la cadena de valor de la industria pesquera. En efecto, la aplicación de este marco debería permitir el desarrollo de mecanismos según los cuales se garantiza que en la extracción o las cadenas de abastecimiento no han existido procesos que impliquen trabajos forzados, servidumbre o trata de personas. La exportación de muchas materias primas a la Unión Europea ya exige certificados de trazabilidad social.

Crecientes consensos al respecto han generado instrumentos internacionales que identifican el desastre humanitario y procuran enfrentarlo. Las convenciones de la OIT sobre Trabajos Forzados (1930), Trabajo Pesquero (2007) y el Protocolo para Convención de Trabajos Forzados (2014) constituyen una plataforma básica de referencias para diseñar estrategias de trazabilidad social en la pesca. El desarrollo de consensos e instrumentos para tal fin contribuye a formar una barrera para aumentar los costos y riesgos del incumplimiento en la lógica de la economía del crimen. China, por caso, es el segundo exportador mundial de productos del mar por un valor aproximado a los USD 20 mil millones y el primero en materia de subsidios a la pesca con 7 mil millones de dólares anuales en 2018.

La imposición de sanciones tales como prohibición de importaciones por incumplimiento de la diligencia debida en la protección de los marineros, se transformaría así en un límite cada vez más relevante. Aún en ausencia de normativas consensuadas, el margen para las sanciones existe. En efecto, la administración del Presidente Biden impuso recientemente sanciones financieras a dos grandes compañías de flotas pesqueras chinas: Pingtan Marine Enterprise, que cotiza en el Nasdaq, y Dalian Ocean Fishing. Ambas fueron acusadas de participar en pesca ilegal y abusos contra los derechos humanos. La responsabilidad del embanderamiento, los subsidios, el “transhipping” (reabastecimiento en el mar de las flotas pesqueras), extienden el reproche al estado chino. Una nueva guerra fría toma temperatura. Por otra parte, las responsabilidades del estado rector del puerto, extienden el escrutinio a otros países que participan como punto de apoyo logístico de la cadena de valor.

A nivel global, el Área Adyacente Argentina (AAA), que es el borde exterior de la ZEE, se constituye en uno de los focos más relevantes de la pesca no declarada, no regulada y, eventualmente, depredatoria. En ella se reúnen cientos de buques que aprovechan la riqueza estacional del calamar y de “lo que salga”. Si bien la extracción del recurso se realiza legalmente fuera de la ZEE, el impacto en ésta, a través de las especies altamente migratorias y transzonales constituye una amenaza a un interés nacional. Desde la mirada de los consensos e instrumentos orientados a la protección del ser humano, la biomasa y el comercio justo, la ilegalidad no surge por el lugar donde se pesca sino por las prácticas a bordo de los buques. El responsable final es el estado de bandera.

La ZEE es un espacio jurisdiccional en el cual el ejercicio de derechos soberanos conforme a la CONVEMAR es irrestricto. El Área Adyacente, en cambio, es un espacio marítimo de interés en virtud del impacto en la ZEE y en propósitos compartidos de la humanidad para proteger la biomasa marina. En tal sentido, se genera una obligación de proteger dichos intereses. Ambos. Sin embargo, la protección es difícil por ser alta mar y por la complejidad geopolítica del conflicto por Malvinas.

En ese contexto de débil gobernanza, la masiva cantidad de antecedentes de prácticas de trabajos forzados, servidumbre o trata de personas, rayanas con la esclavitud, sumada a las grandes distancias a los puertos de origen de los buques y el transshipping como método logístico primario, permiten inferir que en el AAA existen miles de seres humanos explotados y en situaciones de violación a sus DDHH. Esta crisis humanitaria invisible y muda, construye en el plano moral y de un modo ineludible, una responsabilidad para proteger. Se trata de algo que, para la escala de valores declarada y practicada por la comunidad internacional, es infinitamente más importante que los recursos naturales: el ser humano.

La responsabilidad para proteger implica el desafío moral de hacer algo por los seres humanos víctimas de atropellos. Es un desafío difícil y complejo porque la bandera en los buques impone un límite soberano infranqueable. Sin embargo, mirar al costado no debería ser una opción para un país comprometido con el orden internacional. La historia de los DDHH en nuestro país obliga. Pero este desafío inmenso y difícil encierra una gran oportunidad. En efecto, todo avance en materia de protección del ser humano en la pesca en la alta mar, implica un incremento de los costos de operación y, consecuentemente, una disminución en la intensidad de la pesca no regulada y no declarada.

El desafío de evitar las violaciones a los DDHH en el mar requiere de una acción diplomática de largo plazo orientada a fortalecer el carácter vinculante de las responsabilidades del estado de embanderamiento y el estado rector de puerto en relación a los buques y de todos los estados que participan de la cadena de valor desde los abastecimientos a la distribución.

Existen infinidad de escenarios para generar visibilización, conciencia, consensos y, eventualmente, acciones para enfrentar este desastre humanitario. La finalidad estratégica de la acción es la enérgica construcción de casos y argumentos para construir y fortalecer posiciones en agendas bilaterales y multilaterales. Pero para ello hacen falta procesos que transformen datos, información e inteligencia en tales casos y argumentos.

La vigilancia informática, naval, aérea y satelital de los espacios marítimos provee cantidades masivas de datos que pueden ser caracterizados como tácticos puesto que se limitan a la identidad, posición y movimiento de los buques pesqueros. Otras fuentes públicas y privadas permiten acceder a más datos tácticos y otros vinculados a la historia operativa y logística de los buques. Las flotas y las empresas que los operan dejan “huellas en la nube” que resultan piezas de un rompecabezas complejo e imprescindible. Esa nube inmensa de datos no puede ser objeto de una analítica de datos convencional llevada a cabo por el ser humano.

Es imprescindible recurrir a recursos de la tecnología de la información como la inteligencia artificial para descubrir hechos o indicios que indiquen faltas de cumplimiento de la diligencia debida en relación con la protección de los derechos humanos de los marineros a lo largo de toda la cadena de valor desde los puertos de partida hasta los puertos de arribo. La lucha contra los trabajos forzados o la trata de personas deja huellas visibles en todo el camino. Se trata de habilitar un “canal” especial de búsqueda, análisis y construcción de una inteligencia que sea el insumo de una diplomacia proactiva e innovadora. El país puede asumir un rol de liderazgo en la protección del ser humano en el mar.

Al igual que con todos los propósitos de la vigilancia estratégica de los espacios, es imprescindible un trabajo multiagencial de grandes niveles de coordinación y orientado a procesos concretos. Las estructuras deben adaptarse a los mismos.

Los procesos orientados al desafío de luchar contra las violaciones a los DDHH impllícitas en los trabajos forzados, la servidumbre y la trata de personas, no sólo son armonizables con aquellos orientados a la protección de los recursos vivos del mar y el comercio justo sino que permiten un apalancamiento de efectos positivos.

El desafío implícito en la responsabilidad para proteger al ser humano, mandato moral ineludible, abre hoy una gran oportunidad para diseñar una estrategia abarcativa y de largo plazo para la protección de los intereses argentinos en el mar que incluyen los de la humanidad en su esencia y exceden, por mucho el límite espacial de la ZEE.