Lo que falta para poder instrumentar un plan de estabilización

Para poder instrumentar un plan de estabilización de los precios de la economía argentina se requieren dos cuestiones básicas: la primera es que haya precios, en el sentido de normalizar precios relativos, dramáticamente distorsionados y reprimidos durante el gobierno peronista- kirchnerista. La segunda cuestión, es que el Banco Central pueda poner en práctica una política monetaria autónoma, en el sentido de no tener que emitir para financiar el déficit fiscal.

Por ahora, ninguna de las dos condiciones está disponible, aunque, justo es reconocerlo, se ha comenzado a transitar el camino.

Veamos. Respecto de la normalización de precios relativos queda claro, al descomponer la tasa de inflación del mes de diciembre conocida esta semana, que se han recuperado los precios de muchos exportables, dada la devaluación y la liberalización de restricciones cuantitativas al sector exportador, aunque todavía no se han incorporado las retenciones a las exportaciones (vuelvo más adelante sobre el tema) que afectan dichos precios, y tampoco se ha completado la normalización del precio de los combustibles para llevarlos a su precio único de exportación. Respecto de los precios de los servicios, si bien se están liberando algunos precios de servicios privados, todavía falta la quita de subsidios gradual a la energía y al transporte público en el AMBA.

En cuanto a los precios de los insumos y productos importados, si bien se ha desarmado la maraña de regulaciones que regían el comercio exterior, se está aplicando un incremento del impuesto país, y no se ha regularizado totalmente el acceso al mercado de cambios para el pago del nuevo flujo de importaciones, mientras que se trata de colocar deuda del Banco Central en dólares para cancelar el stock impago. Es decir, se han normalizado algunos precios de exportables, siguen en una situación menos clara los importables, mientras se están liberando precios de los servicios privados, y falta la quita de subsidios en servicios públicos. A ello hay que sumarle el atraso de los “precios” del salario, en particular el informal, y de las jubilaciones, en especial las superan el pago mínimo.

En síntesis, hasta aquí, falta bastante para completar la etapa de “desrepresión” de precios y limpiar la herencia recibida, en ese rubro, por este gobierno.

La segunda condición para poder encarar un programa de estabilidad consiste en cerrar la caja del Banco Central para financiar al Tesoro, y dados los costos reputacionales del Estado Argentino y su incapacidad de acceder al crédito voluntario a costos razonables, ello implica eliminar el déficit consolidado del sector público.

Como mencionara claramente el presidente Milei, dicho déficit consolidado alcanza, redondeando, el 15% del PBI, 5% correspondiente a la caja del Tesoro y 10% correspondiente a la caja del Banco Central.

Empezando por lo segundo, la autoridad monetaria ha dejado de absorber pesos emitiendo deuda en forma de leliqs (para los amigos periodistas, con cariño, de pronto el problemón de la bola de leliqs desapareció) para concentrar el stock de deuda remunerada en colocaciones de pases de muy corto plazo (para los amigos periodistas, con cariño, ¿la bola de pases?) y también se está incentivando al sistema financiero a reemplazar deuda del Banco Central, por deuda emitida por el Tesoro.

Como usted es un lector o lectora inteligente (un poco de obsecuencia no viene mal) se dará cuenta que pasar deuda del Banco Central al Tesoro, no modifica el déficit consolidado, sólo cambia de qué bolsillo sale la plata para pagarlo. Es más, como la deuda del Banco Central se remunera a una tasa de interés inferior a la tasa de inflación, o al crecimiento del PBI nominal, la deuda del Banco Central se licúa. Pero sucede que el Tesoro mayoritariamente está colocando deuda indexada, de manera que, al pasar deuda del Central al Tesoro, la deuda aumenta por esa porción.

Entonces, del 10% del PBI del déficit correspondiente a los pagos de intereses del Banco Central, una parte se está licuando por tasa, y otra parte, la que pasó al Tesoro, se está “inflando” por la indexación. El neto debe ser menor al 10%, pero claramente mayor que cero.

Nota al pie. La actualización por indexación de la deuda pública no se contabiliza mientras se devenga, recién se computa cuando se paga, de manera que se produce la ficción de que la deuda no crece. (Esta trampa es vieja. Dentro del cambio de régimen que propone el nuevo gobierno sería verdaderamente revolucionario que la contabilidad pública se llevara como la contabilidad privada, con activos, pasivos, ganancias y pérdidas y un verdadero balance).

Retomo, restan ahora los 5 puntos del PBI correspondientes al déficit fiscal del Tesoro heredado por este gobierno.

De esos 5 puntos, otra vez redondeando, 2 puntos son los intereses que quedan mezclados en la contabilidad entre deuda indexada, y pagos a tasa de deuda en pesos y de deuda en dólares.

De los otros 3 puntos, 0,5 puntos son la baja de subsidios a la energía todavía no instrumentados (y que son un “blanco móvil” porque una parte de los costos están dolarizados a un tipo de cambio mix entre un tipo de cambio oficial semifijo y un tipo de cambio libre semiflotante y el resto de los costos también se mueven. Salarios y otros insumos). Y después queda un 1,8% del PBI que tiene que ser votado por el Congreso -retenciones, blanqueo, moratoria, cambios en bienes personales, fórmula jubilatoria- dentro de la ley ómnibus, y otro 0,4% que todavía ni siquiera entró al Congreso -la reversión de la desastrosa reforma electoral del impuesto a las ganancias y su reemplazo por un bien diseñado impuesto a los ingresos-.

Tiene razón el ministro Caputo cuando advierte que de no votarse la reforma impositiva la situación será peor, porque el ajuste obligará a más licuación inflacionaria y más recortes en los gastos discrecionales y en la obra pública.

De hecho, sin las dos condiciones enumeradas despejadas, la única política antiinflacionaria que se está instrumentando es la licuación del stock real de pesos. En otras palabras, hay menos poder de compra de los pesos en el sistema monetario y financiero, dados los bienes y servicios disponibles en la economía a estos precios. Es decir, salvo un ingreso voluntario de dólares “acolchonados” al sistema, estamos frente a una recesión fuerte o a una menor tasa de inflación impulsada por la imposibilidad de vender a los precios actuales.

Pero, más allá del blanqueo los dólares volverán al sistema si se normalizan los precios, se consolida la situación fiscal, y si se ratifica la reforma al Código Civil y Comercial que legaliza la bimonetariedad.

Como puede apreciarse, falta un largo camino para poder aplicar un plan de estabilización. Cuánto más rápido se avance en normalizar precios relativos y en reducir el consolidado de déficit fiscal de manera sostenible, antes se podrá atender la demanda de la sociedad de una reducción sustancial del impuesto inflacionario. Y ello requiere una tarea conjunta entre el Ejecutivo, el Congreso, y el Poder Judicial. Atender la demanda de la sociedad requiere acuerdos.