La inflación argentina no es un fenómeno exclusivo de la Economía. También se la observa en el Derecho. Como dijo el inolvidable Dr. Marco Aurelio Risolía, en su “Grandeza y Desprestigio de la Ley”, en Argentina padecemos de inflación legislativa: un inmenso número de leyes, muchas sin valor, muchas contradictorias, emitidas sin ton ni son por un Congreso con muchísimos integrantes no calificados, termina generando una maraña que simultáneamente contiene disposiciones totalmente contradictorias. La ley está inflada, desprestigiada, por su enorme número y su baja calidad jurídica e institucional. El famoso “derógase toda norma que se oponga a la presente” colocado al final de muchas leyes, habla de la supina ignorancia de esos legisladores, que irrumpen en nuestro ordenamiento jurídico como paquidermos en cristalería, y dictan normas que contradicen abiertamente el orden jurídico imperante, sin saber exactamente qué normas derogan, dejando así un caos en el que “todo vale”. Y ni qué decir de las ridículamente autoproclamadas “normas de orden público” que rezan “esta ley es de orden público”, como si colocar esa disposición en el texto le diera a la ley dicho carácter.
El Poder Judicial, por su parte, se ve ante verdaderas encrucijadas, laberintos, que trata de componer como puede; “atando con alambre” lo que antes era sólido e indubitable; con lo cual, las soluciones para el caso concreto dictadas por Tribunales de Primera Instancia y Cámaras se van adoptando para la generalidad, con la grave injusticia que ello acarrea.
El Derecho es una ciencia, pero en Argentina pocos parecen advertirlo. Para que una ciencia sea eficiente, debe ser operada por científicos. En nuestro Congreso han pasado miles de “operarios no calificados” (en el decir de Risolía), que sólo guiados por motivos políticos, o intereses sectoriales, o simplemente por ignorancia (de la cual muchos hacen gala), emiten cual moneda sin respaldo miles (literalmente) de normas que no tienen ninguna base científica y no se corresponden con nuestro ordenamiento jurídico vigente, empezando por nuestra Constitución.
Nadie acepta que una persona sin título universitario de médico recete un medicamento, pero todos parecen aceptar sin hesitación que cualquier iletrado o inexperto confeccione un texto legal. En el primer caso, el afectado es un paciente individual; en el segundo, toda la población.
La ley producto de la inflación legislativa es igual que la moneda emitida sin respaldo: su único efecto perdurable es perjudicar al país. No tiene valor alguno, pero funge como tal.
Los sectores que han logrado éstas “conquistas” o “victorias” legislativas, se resisten hoy a que sus ventajas sean derogadas. No interesa ya que dichas ventajas se hayan logrado mediante normas que contradicen la estructura jurídica fundacional de la Nación, porque consideran que esas ventajas son “derechos adquiridos”, término mágico con el que se pretende amparar todo atropello y todo privilegio anticonstitucional.
¿Podemos esperar que la Corte Suprema declare inconstitucionales cada una de las miles de leyes que en verdad lo son? Eso sería darle a la Justicia el rol de arreglar todos los desastres que los otros dos Poderes, en forma irresponsable, cometen. Además de ser fácticamente imposible por muchas razones, empezando por el tema temporal.
Así, entonces, esta iniciativa de volver al espíritu de nuestra Constitución y de nuestros Códigos fundamentales se ve ante una inmensa dificultad: legisladores que no conocen el Derecho, intereses sectoriales en pugna, y una oposición política que no deja pasar ninguna ocasión para desgastar al Gobierno, haciendo prevalecer el oportunismo por sobre el bien de los ciudadanos.
Para poner sólo un ejemplo, esta maraña explica cómo una ley de corte absolutamente totalitario, como la Ley 20.680 de Abastecimiento, que nunca se aplicó completamente pues es tan monstruosa que bastaba con la amenaza de su aplicación, pudo haberse dictado y sobrevivido todos éstos años. ¿Cómo pudo semejante engendro totalitario sobrevivir a la desregulación de Menem, que la suspendió (por decreto también) pero no la derogó? ¿Y cómo los legisladores no la derogaron viendo que, a todas luces, era absolutamente incompatible con la desregulación propuesta; y que se superpone con otra cantidad de normas? Estos legisladores han permitido que subsistan simultáneamente leyes antagónicas. Así, entonces, mientras se daba la apariencia de la subsistencia de nuestro liberalismo constitucional, nuestra Democracia, utilizando la inflación legislativa, encubre un socialismo totalitario.
Podrán decir que el decreto de Menem suspendió la ley “válidamente” porque estaba “autorizado” en forma genérica por una ley previa (23.696) que lo facultaba al declarar la emergencia pública. ¿Pero es que acaso ahora no estamos en emergencia? Pues bien, si no estamos en emergencia, carecen de cualquier fundamento impuestos “de emergencia”, como por ejemplo ni más ni menos, el Impuesto a las Ganancias. Así, entonces, si no hay emergencia, se cae irremisiblemente la mayor parte de las normas impositivas, entre ellas, como digo, la del Impuesto a las Ganancias.
Cientos de leyes sin sentido que se han dictado hasta ahora declaran sin ningún pudor la emergencia pública, la prorrogan hasta el infinito y sobre ello construyen un ordenamiento jurídico paralelo, que es el que nos gobierna. Y en ese contexto, el intento de volver a las libertades de la Constitución, y dejar el ordenamiento paralelo creado por el socialismo, se cataloga de “tiránico” por muchos que prescinden de cualquier fundamento jurídico.
Los poderes absolutos que confirió al Ejecutivo la Ley de Abastecimiento, son directamente derogatorios de las garantías constitucionales de propiedad y libertad. Sirvieron desde su dictado para que los gobiernos intervencionistas que hemos tenido amenacen a todo tipo de empresas y productores con privarlos de su propiedad y del fruto de su trabajo, a su solo capricho. Ha producido, más que ninguna otra, escasez y suba de precios. Y si no, podemos recordar cómo durante los gobiernos anteriores muchos funcionarios amenazaban incluso con entrar a los campos y apoderarse del ganado para “bajar el precio de la carne”. Igual que en la década de 1970. Y ocasionaron como nunca aumentos de precios y la pérdida de stock ganadero más profunda de la historia, pues desalentaron como nadie dicha fundamental actividad.
¿Quién puede entonces sentirse ahora agraviado por la derogación de esta Ley eufemísticamente llamada “de Abastecimiento”, que confiere al poder Ejecutivo más poder que a cualquier tirano? No he escuchado a ningún legislador quejarse por los poderes extraordinarios que dicha norma le da al Ejecutivo. No obstante, reclaman que es “tiránico” pretender derogarla por decreto. Y éste, reitero, es sólo un ejemplo.
Las formas en la República son importantes; y por ello siempre debieron respetarse, no sólo ahora. Los DNU fueron hasta ahora la moneda más corriente en la República; y muchos de ellos afectaron leyes laborales, fiscales y de toda índole mucho más que el tan criticado “DNU de Milei”, pero sólo ahora, que el Ejecutivo contraría muchos intereses creados por falsas normas, muchos lobistas se rasgan las vestiduras por las formas legales.
El Congreso, el mismo que dictó estas normas tan dañinas que ahora se derogan o reforman por DNU, tiene hoy una oportunidad de volver a nuestro Orden Jurídico fundacional.
La llamada “Ley Omnibus” dará la oportunidad a los legisladores de demostrar cuán fundadas están sus objeciones, o sus apoyos; y volver al marco jurídico fundacional con seriedad, prudencia y conocimiento. Esperemos no la desperdicien. Es un primer paso para acabar con la inflación legislativa que, a no dudarlo, es más perniciosa para el país que la inflación monetaria.