Javier Milei se cansó durante toda la campaña, visto desde una perspectiva comunicacional, de expresar su decisión de combatir a la casta, o a los políticos “chorros”, o a los “empresaurios”, y así otras caracterizaciones que al momento ya podemos tranquilamente decir son estereotipos, desde una perspectiva sociológica.
Lo que acompañó comunicacionalmente hablando como medida para combatir todo lo anterior fueron las ideas de bajar el déficit del Estado y mejorar el uso de la inversión y deuda pública. Pero, increíblemente, le falta una tercera pata a esta concepción que sería interesante también la pueda llevar a cabo.
Y es la agenda económica relacionada con los efectos positivos que tendrían sobre las finanzas las políticas reales de transparencia e integridad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus ámbitos de acciones y funciones, en tanto es consecuente la dimensión ética con los aspectos o los resultados que se buscan a la hora de mejorar la administración de los recursos públicos.
Hemos dicho de modo anticipatorio en este mismo medio, bajo el título: 2019-2023: una etapa de menor integridad, que la agenda de transparencia e integridad no era importante para el gobierno anterior y de allí los resultados a la fecha.
Una Estrategia Nacional de Integridad Pública en Argentina podría tener en cuenta cambios no sólo a las leyes que no tenemos aún, como las señaladas anteriormente
Para justificar la posición basta tomar como indicador que no hubo una sola mención por parte de Alberto Fernández sobre alguna la implementación de un plan de integridad en las cuatro aperturas con la Asamblea Legislativa y no se sancionaron las necesarias leyes de lobby, la nueva ley de ética pública y de protección de datos personales, a modo de ejemplo.
Para aportar al debate público, tomemos como ejemplo el debate reciente de un país cercano como Chile. Acaba de presentarse una Estrategia Nacional de Integridad Pública con cerca de 200 medidas de anticorrupción.
Desde sus portales oficiales expresan que la estrategia fue formulada del siguiente modo: La Estrategia Nacional de Integridad Pública es una política hecha de manera participativa, basada en evidencia, y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en un país.
Una Estrategia Nacional de Integridad Pública en Argentina podría tener en cuenta cambios no sólo a las leyes que no tenemos aún, como las señaladas anteriormente, sino también plantear la normativa administrativa y penal para prevenir y sancionar la restricción de contrataciones de personal por conflictos de interés, delitos económicos, secreto bancario, mejoras en la ley de compras públicas, transferencias a las provincias, ONG y la rendición de cuentas, la ficha limpia para candidatos y funcionarios públicos, topes al gasto electoral en el ámbito físico y digital, entre otras necesidades.
La ética tiene mucho que aportar a la mejora de la implementación de una política de reforma del Estado
Un punto destacado para alentar inversiones internacionales, es también poder avanzar en todo lo necesario para desalentar la evasión fiscal, el crimen organizado y terrorismo, lavado de activos y otorgar seguridad jurídica.
Por esto, el planteamiento discursivo y del nuevo paquete normativo desarrollado por economistas solo desde la perspectiva del recorte y la reasignación de fondos se resiente por el déficit en una dimensión sustancial no tratada a la fecha, para la mejora en la administración de los recursos públicos, que es la dimensión comportamental. La ética tiene mucho que aportar a la mejora de la implementación de una política de reforma del Estado y la posterior modernización de la administración pública nacional.
Esta agenda de integridad colabora en que la agenda macroeconómica tenga otra sustancia y esto podría ser parte de los bloques o partes normativas que son enviadas el Poder Legislativo en estas semanas y durante el verano 2024.
El autor es analista de Asuntos Públicos