DNU y Ley Ómnibus: redefiniendo la frontera entre regulación y competencia

“Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza” El mito de Sísifo, Albert Camus

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Camus, finalmente, en su interpretación del mito griego ”reconcilia” a Sísifo con su tarea independientemente del resultado.

Desde esa visión, existencial, los argentinos somos muy argentinos, apreciamos y valoramos nuestro carácter, inteligencia, fortaleza, capacidad de lucha, de tener aguante, de intentarlo siempre, y está muy bien, para poder seguir, buscar siempre conquistar la montaña.

Sin embargo, nuestros resultados como país, visto los indicadores que todos conocemos, nos emparenta con el drama de Sísifo.

Luego que la roca cae, a veces profundamente, de nuevo emprendemos a tratar de llevarla a la cima con un esfuerzo social tremendo. En realidad, la caída lastima y daña el tejido social, nos golpea, agravado porque se trata de lesiones autoinfligidas.

Y entonces pasamos de soluciones tipo a A a soluciones tipo Z atrapados por la urgencia, por el golpe de la estrepitosa “caída”.

Estamos asistiendo a un nuevo proceso de llevar la roca hacia arriba, y lo estamos haciendo bajo un nuevo paradigma, una nueva receta, que consiste en liberar las fuerza productivas de la Nación, ir hacia el mercado, limitar el Estado.

En ese marco una palabra insignia de esta nueva etapa es “desregulación” y aparece un poco lateralmente la palabra “competencia”.

En la relación de esos dos conceptos, a veces adversa, a veces complementaria, a veces sustitutiva, radica el núcleo de la conversación pública que se ha iniciado en este atípico enero.

Regular: Ajustar, reglar o poner en orden algo. Ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines. Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo. (Real Academia Española, RAE)

Desregular: Eliminar total o parcialmente las reglas o normas a las que debe ajustarse algo, especialmente una actividad económica. (RAE)

Competencia: Oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa. Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. (RAE)

Es innecesario aclarar que tanto el DNU como la Ley Ómnibus (con sus propios padeceres formales y de redacción) enarbolan la visión menos empresarial del Estado, menos regulación ergo –lo dicen en los primeros párrafos–, más competencia.

La competencia, propia del sistema capitalista (oferta y demanda, oferentes y demandantes) que arroja un precio determinado por esta puja, se limita en alguna frontera, dura o blanda, con la regulación.

Esta nació como consecuencia de o razones estratégicas de las naciones (cuestiones de seguridad o geopolíticas,etc) o fundamentada en regular mercados monopólicos (generalmente monopolios naturales) o simplemente porque se sigue un paradigma de mayor regulación o presencia del Estado.

Y obviamente toda regulación impacta sobre el “precio” o las cantidades demandadas y también -cómo no- con la estructura del mercado en el que incide, en el caso de los mercados de servicios el precio regulado se denomina tarifa.

En nuestro caso siempre hubo un debate mayor, sobre estos conceptos y su frontera una vieja lucha politica-economica- juridica, que tal vez comenzó con las regulaciones del Virreinato y cómo los vecinos del Litoral del Río de la Plata violaban o “trampeaban” dichas regulaciones.

Tal vez como hijos y nietos, esclavos y simultáneamente amos de ideas, viejas y nuevas, propias y heredadas seguimos conversando fuerte sobre dichos temas desde lugares aparentemente muy opuestos con, paradojicamente, fines muy similares. Y he aquí dos ejemplos de esta semana.

El dia 8 de enero comenzaron las audiencias públicas para la adecuación (provisoria) de las tarifas de gas. Se introdujo la misma por los funcionarios, luego a las empresas de las nueve zonas concesionadas y pasando a autoridades políticas como intendentes. Por último, a un voluminoso grupo de representantes de ONG, de consumidores y público en general.

Como era de esperar, los funcionarios introdujeron un marco coherente con la reforma del Estado y la desregulación económica, las empresas defendieron los incrementos de las tarifas basados en los costos y, finalmente -a los que queremos citar- los consumidores argumentaron desde su visión.

Estos últimos, en somera y arbitraria síntesis, plantearon que un aumento de tarifas sería impagable para la mayoría de los argentinos; que en este contexto económico, el Estado debe garantizar el ”derecho a la energía”, que las empresas monopólicas esconden números y rentabilidades y abusan de su posición (les falto decir posición dominante). Además, que existe una brutal asimetría entre las empresas y los consumidores, y que es el rol del Estado garantizar una simetría respecto a los servicios.

El día 10 de enero en el Congreso de la Nación, el Secretario de Energía - que contestó fundamentadamente desde lo técnico- dio un par de ejemplos sobre cómo las reformas que defienden actuarían en los mercados de distribución, en este caso la eléctrica -aunque sería básicamente el mismo modelo para el gas- de energía.

Dijo que los mercados de distribución eléctrica tanto en Chile como Brasil funcionan bajo un régimen de competencia, en la medida que (con excepciones) los clientes pueden elegir comercializadores -independientes- de los concesionarios o propietarios de las redes. Por ejemplo, pueden pedir que le brinde energía una empresa que no es dueña de la red de distribuciòn y que, en consecuencia, se habilita que haya varios oferentes que compitan entre sí ofreciendo “mejores precios” en términos de defensa de la competencia, que propone eliminar barreras a la entrada del tipo regulatorio.

En burda síntesis, muchos de los que hablaron de monopolio, pidieron que el Estado regulase los precios de los concesionarios para que sean coherentes con los ingresos. A su vez, la cartera de energía planteó que la coherencia con los ingresos -aunque reconoció la actual fuerte asimetría- sería fruto de una desregulación del mercado que elimine o matice los monopolios en los mercados indicados.

De algún modo todos estuvieron de acuerdo con que los monopolios son malos, perjudican a los consumidores y que tienen que estar bajo control, unos proponiendo más regulación y otros eliminándola o reduciéndola.

Por otro lado los representantes de consumidores y sociedad civil enfatizaron en querer saber más sobre la estructura de costos de las empresas. Y el Gobierno en la magnitud de los subsidios. Ambos en el número final de la tarifa, obviamente cada uno tirando para su lado, absolutamente lógico, desde Adam Smith (”No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”).

También todos estuvieron de acuerdo en la palabra “razonabilidad” del fallo CEPIS (Año 2016, Corte Suprema de Justicia de la Nación) y proporcionalidad. Y aunque parece haber muchos desacuerdos, los objetivos finales son los mismos, con sistemas diferentes.

Lo que cambia es el orden, la regla general. Hasta ahora el sistema, ejemplo que se puede extender a otras áreas de los servicios públicos, era un sistema regulado. Hoy se pretende que sea un sistema fundamentalmente de competencia con una regulación marginal.

Obviamente para que esto funcione, como en otros países, los mercados deben ser dinámicos y competitivos y la regulación debe ser muy discutida y quirúrgica. Es un sistema que ya está escrito, desarrollado y en evolución en muchos lugares. La Unión Europea lo implementa y España es un buen ejemplo. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia tiene ambas funciones.

Lo que se haga tiene que ser eficiente para garantizar la competencia en precios y servicios y no dejar a nadie, como sintetizamos del fallo CEPIS sin “derecho a la energía”.

El cambio que se propone, para decirlo simplemente, es desplazar la palabra “tarifas” por la palabra “precios”, aunque entre ambos términos hay un gris y una diferencia sustancial, la primera depende de la regulación y la segunda del mercado.

Por eso si vamos a un sistema de competencia, como fundamento de la acción social, es prioritario que la poca regulación sea excelente, y que haya un sistema de control de competencias y promoción de competencia también de primer nivel.

Este proceso recién está comenzando y, como tal, debe ser analizado, diseñado, implementado y contrastado con la realidad. Hay mucho trabajo, estudio y debate por delante.

Y a ver si, finalmente, con todos los esfuerzos puestos, la sociedad argentina pueda poner la piedra en la cima de la montaña. Luego habrá otra montaña pero al menos que no sea siempre la misma.

* El autor es ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia