Mientras se define el futuro del cambio de régimen, el gobierno impulsa una dolarización de facto

La semana que pasó comenzó a poner a prueba la viabilidad política y legal del programa de cambio de régimen que propone el presidente Milei

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La fachada del Banco Central de La República Argentina, en una fotografía de archivo EFE/Juan Ignacio Roncoroni
La fachada del Banco Central de La República Argentina, en una fotografía de archivo EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Desde la política, la minoría oficialista en el Congreso obliga a la nueva administración a decidir si negocia y llega a acuerdos, aún a costa de sacrificar o posponer algunos puntos de su programa, caminando por la delgada línea entre el pragmatismo y la debilidad. O si, priorizando mostrar fortaleza confronta al todo o nada, invocando el apoyo de la “voluntad popular”.

Desde lo legal, se dirime cuánta institucionalidad o cuánta política domina hoy al poder judicial que, de todas maneras, no podrá aislarse del clima de época.

Ya he comentado en notas previas, las cuestiones de contenido, tanto del DNU, como del proyecto de Ley Ómnibus. Solo cabe resaltar aquí, desde la economía, que el filtro por el que deben pasar ambos articulados se vincula con su verdadero aporte a la inversión privada, la creación de empleo, el crecimiento de la productividad, la eficiencia del gasto público y el cierre fiscal.

Ahora bien, y recordando al gran Martín Wullich en Horizonte (jóvenes a googlear): “Mientras tanto en la Argentina..,la macro domina el presente”. Conviven en estos días el sinceramiento de algunos precios, con el plan silencioso ¿voluntario? de destruir lo poco que queda del peso argentino. Me explico.

El gobierno optó por un fuerte ajuste cambiario, combinando un aumento del tipo de cambio nominal oficial, con un mayor impuesto a las importaciones. Simultáneamente, permitió el sinceramiento de algunos precios, terminó con controles de todo tipo en los mercados de bienes y servicios, eliminó restricciones cuantitativas al comercio exterior, redujo muy parcialmente subsidios al transporte e inició el trámite administrativo para el demorado camino de ir achicando gradualmente los subsidios a los precios de la energía.

Estas medidas, en especial el fuerte aumento en el precio del dólar de comercio exterior, que “domina” en general el sistema de precios en la Argentina, provocó un salto en la tasa de inflación de diciembre, que se extenderá, al menos, durante enero.

Para que quede claro, repetiré hasta el cansancio que el grueso del aumento de la tasa de inflación que se verifica en estos meses resulta directamente imputable a la normalización del desastre de precios relativos heredado por la actual administración.

Pero sea producto exclusivo del sinceramiento, o sea en parte consecuencia de la superdevaluación, lo cierto es que los salarios -en particular los no alcanzados por ajustes paritarios- y las jubilaciones, se están licuando fuertemente, en un contexto en dónde entraron ya “prelicuados” al ajuste, por la mencionada aceleración inflacionaria provocada por el desmanejo fiscal monetario y cambiario del gobierno anterior.

Es decir, el salto inflacionario de diciembre-enero viene detrás de la aceleración inflacionaria de los meses anteriores, aceleración que no fue mayor por la represión de precios ejercida por el kirchnerismo.

Este realineamiento de precios al que le faltan todavía, insisto, los mayores precios de la energía, tendría que ser el preludio necesario, para el empalme con un plan de estabilización que muestre un claro sendero de baja de la tasa de inflación.

La otra condición necesaria para la estabilidad es llegar al déficit cero que por ahora se basa demasiado en el abuso del impuesto inflacionario, a la espera de la aprobación en el Congreso de las medidas fiscales propuestas. (Retenciones a la exportación, moratoria, blanqueo, bienes personales, etc.)

Precios relativos alineados, y un Banco Central sin tener que emitir para financiar el déficit fiscal, son las dos condiciones básicas para aspirar a una menor inflación en la Argentina. Pero aquí es donde surgen las dudas por lo observado en el mercado financiero.

En efecto, la liberación de precios en los mercados de bienes y servicios está siendo acompañada por la represión en el mercado financiero. Entendiendo por represión financiera a la tasa fuertemente negativa que remunera los ahorros no indexados en moneda local.

El candidato Milei ya había desaconsejado a los argentinos a constituir plazos fijos en pesos, y ahora el Presidente Milei está cumpliendo su pronóstico.

Lo que no queda claro es si esta licuación de los ahorros en pesos es parte del programa antiinflacionario -cuanto menos poder de compra de los pesos, mayor recesión, presionando sobre la tasa de inflación por la propia dificultad de vender a los actuales precios- o si es preparación de una dolarización de facto, en el camino de huida del dinero, por parte de los tenedores de pesos. Elaboro un poco más.

El Banco Central desalienta el ahorro indexado de inversores no sofisticados -plazos fijos ajustables por inflación (UVA), ya sea por monto como por plazo mínimo (90 días), empujando a los pocos ahorros en pesos a dolarizarse, presionando sobre el precio de los dólares alternativos. (Recuerde que por cada uno que se dolariza, en el mercado libre hay otro que se “pesifica”, pero para pesificarse, exige un precio más alto, los pesos y los dólares solo cambian de “dueño” pero a una mayor cotización).

Con tasas de interés negativas respecto de la inflación, y también, como se observó esta semana, respecto de la evolución del precio de los dólares libres, los ahorros tienden a dolarizarse, mientras se licúa el stock de pesos, valuados en términos reales o en dólares libres. En el margen, es un incentivo a la dolarización de facto. (Sumado, eventualmente, al blanqueo de dólares impulsado en la ley ómnibus y los cambios en el Código Civil facilitando los contratos en moneda extranjera).

En simultáneo con este camino, el gobierno intenta terminar de indexar su propia deuda, ya gran parte la indexó el gobierno anterior. Le saca los escasos dólares al Banco Central, para pagos de compromisos en moneda extranjera y dolariza parte de la deuda del Banco Central, al ofrecer bonos en dólares para cancelar deudas impagas de los importadores.

En otras palabras, se desalienta la demanda de pesos (incentivo a la dolarización). Mientras se sigue indexando la deuda pública, tornando más costosa una eventual dolarización. Se licúan pasivos en pesos del Banco Central, (facilitando una futura dolarización, porque se requerirán menos dólares para cubrir dichos pasivos) pero a la vez se crean nuevos pasivos dolarizados (el Bono para los importadores), que dificultan una dolarización.

Quizás el resultado de toda esta mezcla sea una bimonetariedad, donde convivan el peso indexado (¿nueva moneda?), con el dólar. Espero no estar agregando más confusión a la confusión general, pero, como puede observarse, además de definir el camino para imponer el necesario cambio de régimen, el gobierno del presidente Milei tendrá que decidir más claramente su estrategia macroeconómica.

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