Estabilización 2024: ¿Cómo reducir el costo del ajuste?

Con una visión disruptiva con el pasado de los últimos 50 años, la política del nuevo gobierno, al menos, y requiere como condición la estabilización macroeconómica. El proceso de estabilización propuesto está basado en un sólido programa fiscal-monetario y el realineamiento de precios relativos (tarifas y tipo de cambio).

Se propone sustituir precios intervenidos y mercados regulados bajo un régimen de alta emisión monetaria por un sistema de libre competencia para la determinación de precios de mercado y convergencia a un régimen de emisión cero para un Estado más pequeño y eficiente.

Dejando de lado el crucial apoyo político que exige el plan, la transición de uno a otro sistema puede verse entorpecida por imperfecciones del mercado -estructuras oligopólicas, elevados costos de información, inercia de expectativas inflacionarias- o por inconsistencias macroeconómicas. En conjunto, esos factores generan problemas de credibilidad que pueden volver innecesariamente costoso el programa de ajuste.

El ambicioso programa fiscal provee un ancla para la emisión monetaria y la inflación. Si el programa se cumple, los productores o comerciantes que aumenten los precios en exceso no podrán colocar sus productos -dando lugar a un ajuste por cantidades generando recesión. Las distorsiones iniciales de precios relativos complican el escenario.

Con alta inflación e inflexibilidad descendente de los precios los ajustes de precios relativos aumentarían la inflación - al menos transitoriamente. Es el costo de la inflación reprimida heredada del gobierno anterior que más allá de generar expectativas de inflación futura genera una mala asignación de los recursos - al perder los precios la capacidad de reflejar la escasez relativa en los mercados.

A estas dificultades se suma que con alta inflación suele haber dispersión de precios (de un mismo producto) y volatilidad de precios relativos. Así los consumidores deben invertir más tiempo para encontrar productos a precios cercanos al de equilibrio. Como no disponen de tal tiempo, o es costoso el desplazamiento de un barrio a otro para materializar las compras, el arbitraje tiende a ser imperfecto.

Se termina comprando más caro en el almacén de la cuadra, dando lugar a almacenes que operan como “pequeños monopolios locales” o bien no ventas. En ambos casos, como la política monetaria no convalida la inflación, el impacto es recesivo.

A esto se suma la protección comercial exacerbada por el cepo cambiario. Las restricciones de oferta de importación de insumos críticos y bienes dan lugar a “monopolios locales” con poder de fijación de precios.

Si bien el Gobierno tiene un plan de normalización de la entrega de divisas a importadores y eventualmente de apertura comercial (condicionada a la baja del costo laboral y el costo tributario), el impacto de estos planes no será de aplicación inmediata implicando que en la transición el mecanismo de competencia para bajar precios no funciona o funciona imperfectamente, convirtiéndose en otro factor de inflexibilidad descendente de los precios y por ende un factor de recesión.

Debido a la crónica inflación en la Argentina y en particular la agudización de la estanflación de los últimos años las expectativas de alza de precios están profundamente enraizadas en la cultura económica. La recurrente frustración de programas estabilizadores en el pasado tienen a convalidar estas expectativas. En ausencia de credibilidad del programa fiscal monetario, la inercia de expectativas inflacionarias conlleva remarcaciones de precios por encima de lo que el programa monetario puede convalidar.

La inconsistencia inter temporal de un programa macroeconómico también puede imponer restricciones al proceso de estabilización. Mas allá del beneficio de acercar el tipo de cambio comercial a un valor más cercano al de mercado, el anuncio de un crawling peg del 2% mensual por parte del Banco Central, cuando la inflación estimada para diciembre se estima en torno de 25 a 30%, es potencialmente un factor de inconsistencia.

Sobre todo si lo que se quiere es dar a la economía una fuerte señal de competitividad cambiaria. Esta medida eleva expectativas de devaluación por encima de la tasa del crawling peg, al menos para después de los próximos 2-3 meses.

El arbitraje de aquellos que traen dólares y los invierten a una tasa en pesos sustancialmente mayor que la tasa de crawling peg, son una fuente futura de fuerte demanda de activos externos deviniendo en un factor de presión devaluatoria. La expectativa de devaluación resultante es claramente un componente importante de la expectativa de inflación.

Este conjunto de factores -restricciones a la competencia, costos de la información y arbitraje, inercia inflacionaria e inconsistencia inter temporal- limita la credibilidad del plan de estabilización y así potencian el impacto recesivo del mismo. Así el Gobierno debería focalizarse en las siguientes políticas:

1. Fomentar la transparencia invitando a proveedores y comerciantes a publicar online sus precios, alertando al consumidor sobre la dispersión y volatilidad de los valores, promoviendo el comercio electrónico, etc. Esto podría inducir a moderar aumentos e incluso a bajarlos en algunos casos;

2. Acelerar el acceso a divisas para importación, eliminando el cepo para actividades comerciales. El Gobierno ya habilitó el pago de importaciones con ahorros externos. Al normalizar la importación de insumos se reducirán las remarcaciones preventivas con costo de reposición incierto y se irán eliminando los sobreprecios de los “monopolios locales” al amparo de la protección y el cepo. La apertura comercial constituye una señal importante de convergencia a precios relativos de mercado necesaria para la asignación eficiente de los recursos;

3. Mejorar la comunicación sobre el alcance, logro e impacto positivo de las medidas fiscales y monetarias para afianzar la credibilidad del programa de estabilización. De ser creíble el plan, y saber que los aumentos generalizados de precios no serán convalidados por un aumento en la oferta de dinero, aumentan las chances que algunos precios se ajusten para abajo. El productor que ajusta por demás sus precios simplemente quedaría fuera del mercado;

4. La importancia de la credibilidad justifica el programa fiscal al comienzo de la gestión en el pico de capacidad de implementar medidas. La probabilidad de poder llevar a la práctica el plan de reformas depende también de cómo se distribuya la carga del ajuste. Eso implica tener en cuenta que hay algunos sectores que ya padecieron el ajuste como el sector previsional. Y hay otros que se beneficiaran por el cambio de reglas de juego y que temporalmente pueden tener que contribuir con parte del upside de las reformas como el sector exportador beneficiado por la política cambiaria.

Las líneas de recorte del gasto deberían tener en cuenta, además de criterios de eficiencia (Estado pequeño concentrado en la provisión de bienes públicos, efectividad del gasto social), privilegios prebendarios o impositivos englobados en el denominado gasto tributario.

La reducción de subsidios al sector privado debe ser gradual teniendo en cuenta los niveles de ingresos y la viabilidad de reemplazar la asistencia a la oferta por canalizarlos a la demanda.

En el caso de la inversión pública, se debe tener presente la sustituibilidad con emprendimientos privados bajo un marco regulatorio pro-competencia, sin desatender por ello las prioridades sociales y el elevado retorno de la inversión en mantenimiento;

5. Replantear la política cambiaria del crawling peg posiblemente sustituyéndola por una política de flotación sucia que restituya la señal de competitividad cambiaria futura y a la vez limite el incentivo al carry trade que aumenta la demanda de pesos al costo de una reducción futura.

6. Fortalecimiento de la defensa de la competencia mediante la modernización y empoderamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y los entes reguladores de infraestructura (ligados a la desregulación de dichos sectores). Esto implica otorgarles: autonomía, recursos, profesionalización, exposición a las mejores prácticas internacionales, líneas de denuncias transparentes, capacidad ejecutiva de aplicar sanciones. La economía argentina conserva estructuras y practicas oligopólicas en varios mercados. Más allá del objetivo de disciplinar los precios en un contexto inflacionario, la defensa de la competencia juega un rol crítico para el funcionamiento eficiente de los mercados.

La agenda desreguladora y pro-competencia del gobierno de Javier Milei es un fuerte estímulo a la actividad privada y al mundo emprendedor. Como tal contribuye a través de una vigorosa respuesta de la oferta de bienes y servicios al plan de estabilización.

Históricamente los ajustes monetarios activaban procesos estanflacionario al generar una contracción de la oferta debido al aumento de la tasa de interés. El paquete de medidas de reformas enviadas al Congreso son en ese sentido parte integral del plan de estabilización.

En combinación con las recomendaciones complementarias descritas, pueden contribuir a que el ajuste planteado sea menos recesivo que lo que de otro modo sería y, en la medida que logre reducir la inflación puede terminar siendo expansivo al permitir que los ingresos reales (netos del impuesto inflacionario) repunten.

El autor es economista y desarrollista inmobiliario