El problema no son las ideas, es la falta de coraje

El 10 de diciembre, desde las escalinatas del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei se dirigió a la ciudadanía. En su discurso de asunción, detalló con precisión la herencia recibida y describió la decadencia causada por las décadas de gobiernos kirchneristas.

Sin embargo, dedicó unos pocos segundos para referirse a la cuestión educativa y resumió la compleja situación en tres datos: solamente el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela; el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto y en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81, y séptima en América Latina.

Si analizamos la gravedad de estas cifras, podemos comprender fácilmente que la crisis es también educativa. Pese a ello, la educación no se encuentra entre las principales preocupaciones de los argentinos, y resulta lógico, ya que las prioridades se centran en otros aspectos más “urgentes”, que afectan nuestra vida cotidiana.

La inflación, la inseguridad, la corrupción y la pobreza ocupan los primeros lugares en la mayoría de los rankings. Esto demuestra que, para aquellos que han sido elegidos para gobernar, y en particular, para ocupar el sillón de Rivadavia, existen asuntos “más apremiantes” para resolver.

Pero estoy convencida de que no hay un modelo de desarrollo, progreso y crecimiento económico posible para la Argentina sin un plan educativo sólido. En definitiva, “todos los problemas son problemas de educación” y el sistema educativo de nuestro país nació como parte necesaria de la construcción de la Nación y de un modelo de sociedad.

En los últimos días, surgió una nueva oportunidad para que la cuestión educativa aparezca en la agenda pública con la presentación del proyecto de Ley Ómnibus. Este contexto ofrece un espacio para el debate de ideas y, sobre todo, la posibilidad de implementar reformas educativas sustanciales que transformen la vida de las personas.

Los cambios en el ámbito educativo son tan significativos como otras reformas de fondo propuestas por el presidente, y que la gente está esperando.

Por lo tanto, me gustaría reflexionar sobre tres consideraciones generales relacionadas con los artículos de la ley vinculados a la educación y luego profundizar en ciertas propuestas específicas.

En primer lugar, muchas de las ideas presentes están alineadas con los valores y propuestas que los candidatos de Juntos por el Cambio han defendido durante sus campañas electorales. Por lo tanto, el desafío no radica en el ámbito de las ideas, que en su mayoría considero correctas.

El problema central, y como segundo punto, reside en el gobierno del sistema educativo, lo que llamo el “federalismo educativo mal entendido”. ¿Qué significa esto? Que la educación en Argentina depende de 24 jurisdicciones, y en las últimas décadas, el ministerio nacional ha demostrado debilidad para construir y asegurar un piso mínimo educativo, sin importar en qué provincia nació cada estudiante, es decir, sin importar su código postal. Además de una autoridad educativa nacional débil, algunos gobernadores pusieron escaso foco en la cuestión educativa e incluso muchos optaron por entregar la educación a los sindicalistas de turno.

Finalmente, como una síntesis que engloba los dos puntos anteriores, la dirección es la correcta, pero sin posibilidad de ejecución, sin reforzar las competencias de la Nación ni cambiar reglas de juego. El riesgo es entonces que las ideas solo queden en el plano de las buenas intenciones.

Por eso, cada concepto incorporado en esta ley debe tener el marco de incentivos adecuados para que se asegure su implementación. Porque no da todo lo mismo y es fundamental que lo que sea sancionado con fuerza de ley, luego se cumpla. Y que se cumpla con el mismo ímpetu y rigurosidad en todo el territorio nacional. Si en materia de seguridad cuando los legisladores definen un delito o una falta se estipula la sanción correspondiente, ¿por qué en educación establecemos obligaciones sin consecuencias ante su incumplimiento? El daño de la mala política educativa es a veces invisible, pero no por eso menos destructivo de una sociedad.

En cuanto a propuestas específicas de la ley, comenzando por la carrera docente, sería necesario establecer un marco general para los estatutos provinciales que constituya un piso sobre el cual las provincias puedan ampliar, un piso mínimo de condiciones que garanticen el desarrollo de los profesionales de la educación.

Así, por ejemplo, se podría fijar que la formación debe pesar más que la antigüedad como condición para el ascenso, entendiendo que el mérito es un valor y buscando un equilibrio entre la experiencia acumulada y la formación específica necesaria para desempeñar el rol.

Una ley nacional no debe meterse en aspectos puntuales de un régimen laboral que es provincial, pero sí deben establecerse parámetros concretos que eleven la calidad, garanticen la transparencia y modernicen una profesión cuyo impacto sí es nacional. Un piso que obligue incluso a aquellos gobernantes que eligen mirar para otro lado.

Por su parte, la ley no introduce cambios significativos en el funcionamiento de los institutos de formación docente, que representan uno de los mayores desafíos del sistema educativo. Sería pertinente que abordara la cuestión, al menos fijando criterios mínimos de calidad para el otorgamiento de la validez nacional o por lo menos para su financiamiento, tal cual la ley lo plantea para el presupuesto universitario. El financiamiento nacional en materia educativa no puede ser igual para aquellos que se “ocupan” y mejoran sus resultados, que para aquellos que no solo no se ocupan de medir, sino que tampoco se preocupan por sus pobres desempeños.

Sobre el punto de las evaluaciones, sería relevante en primera instancia fijarlas como política de Estado, que sean obligatorias y que no puedan ser suspendidas por funcionarios temerosos de sus resultados o que descrean del valor del mérito. Hay varios proyectos presentados en este sentido, el primero fue de Esteban Bullrich y actualmente hay vigente uno similar del diputado Maximiliano Ferraro y la diputada María Eugenia Vidal. No hay mucho que inventar, hay que tener el coraje de hacerlos ley.

Siguiendo el orden temático volcado en la ley, hay dos cuestiones que necesitan una revisión urgente, ya que aprobarlas sin modificaciones sería un error. La primera es la posibilidad de ofrecer modalidades de estudio a distancia como alternativa a la educación presencial, especialmente a partir del segundo ciclo del nivel primario. En nuestro país -debido a una prolongada cuarentena y a la decisión del gobierno nacional anterior de suspender la presencialidad escolar- aún estamos observando los impactos negativos en los aprendizajes, la inclusión y el bienestar socioemocional de los estudiantes.

Porque la virtualidad no reemplaza la experiencia de aprendizaje presencial, el trabajo en equipo y el contacto entre pares. La escuela desempeña un papel fundamental en la socialización, es un lugar de encuentro y de referencia comunitaria. Asimismo, como país hace muchos años resolvimos que la educación es demasiado importante como para que quede librada a la voluntad de cada familia.

La segunda cuestión a revisar es la propuesta de permitir que los sindicatos tengan influencia en asuntos que van más allá de las cuestiones laborales como, por ejemplo, el calendario escolar. No dejemos que los sindicatos docentes vuelvan a desempeñar un papel determinante en las decisiones de política educativa, ni ocupen las sillas de las autoridades nacionales.

En este punto también se pueden retomar proyectos de ley ya existentes que pueden garantizar un piso de igualdad de acceso al servicio educativo en todas las provincias. Me refiero al proyecto del diputado Finocchiaro que declara la educación como servicio esencial. Decir que la educación es esencial significa que la escuela no se cierra, que el derecho a huelga de los adultos no está por encima del derecho a aprender de los estudiantes.

En los últimos meses, hemos escuchado en varias ocasiones la definición que el presidente elige del liberalismo: “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”. Me gustaría agregar que abrazar las ideas de la libertad implica también reconocer a la educación como un pilar fundamental para desandar el camino de la decadencia populista y avanzar hacia el progreso de manera definitiva.

La educación, además de ser un derecho, te da libertad: libertad de tomar decisiones informadas, sin ataduras a dogmas o ideologías, libertad de elegir tu proyecto de vida, libertad de construir tus propios pensamientos, libertad de desarrollarte profesionalmente y libertad de ser ciudadanos críticos.

Estas son las discusiones fundamentales que nos debemos en la Argentina, porque nada va a cambiar si seguimos haciendo las cosas al revés. Es crucial que en las Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos la educación ocupe un lugar prioritario, no dejemos pasar esta oportunidad.

* La autora de la columna de opinión es la ex ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires