¿Argentina podría resultar “otra Australia”?

La actual y muy y crítica circunstancia de la propuesta política de crecimiento económico del presidente Javier Milei, mediante un rediseño total del país, desde un fuerte dirigismo con el Estado como cuasi único vector de la economía nacional, hacia una libertad plena y más competencia en los diversos mercados de bienes y servicios, inicialmente resumido en el polémico DNU 70/2023; sumado a que, desde la misma “Libertad Avanza”, se refiere como modelo de la propuesta de gestión pública a la llamada “revolución australiana”, ocurrida durante la década de los 80 del siglo pasado, daría pie para comentar una experiencia política e institucional/académica de visita a Australia hace 7 años, gracias a la meritoria y perseverante tarea de la Fundación Rap.

Entre los escasos acuerdos internos en la Argentina existe un consenso, sustentado en sólidas evidencias empíricas, que el país ingresó en una declinación relativa, global y regional, promediando el siglo XX, de la que, con una siempre muy elevada participación del Estado y, pese a ello, con una muy alta volatilidad, pues nunca se desempeñó como contra cíclico el gasto público, no logró nunca hacer emerger a la economía argentina.

Desde entonces creció a una tasa promedio anual de largo plazo de sólo alrededor de 1% el PBI por habitante. Claramente insuficiente para atender las lógicas demandas sociales de la siempre natural aspiración de progreso. El PBI por habitante es asimismo un muy robusto indicador de la productividad del trabajo de un país, en un mundo y una región que, justamente en los últimos 40 años, experimentó un particular dinamismo. Pero, aún más preocupante que esta muy baja tasa de crecimiento económico resulta de alrededor de 75% de la que se debería a los incrementos cuantitativos de la dotación de las tierras productivas, de la población que trabaja y del capital disponible.

Solo aproximadamente 25% del crecimiento económico per cápita se explica por mayor productividad, derivada de la más eficiente utilización y mezcla de esos factores, incluso operando con una importante disponibilidad relativa de recursos: alimentos, energía, minería, turismo, economía del conocimiento, etc., tanto renovables como no renovables. La ausencia del término “productividad” en el discurso político argentino resulta muy consistente con esta actual y penosa realidad.

Los países actualmente más desarrollados tienen esos indicadores diametralmente trocados, hasta 75% de su crecimiento económico tiene su fundamento en la competitividad.

Con un inconveniente, cuantitativo y cualitativo acerca de la alta incapacidad de progreso, surgirían las siguientes preguntas: a) el país necesita cambiar hacia una mayor productividad? Contundentemente sí; b) existen márgenes para que el cambio sea gradual? Cada vez menos, porque se llegó, con una elevada irresponsabilidad e imprudencia política, hasta el mismo borde del diagnóstico de una muy alta probabilidad de una nueva hiperinflación. De la cual la política argentina ortodoxa pretendía salir de ella solo luego de su “explosión”, con más pobreza aún, en un formato político muy funcional a los penosos ciclos pasados de las crisis recurrentes de nuestro país.

Australia, hace aproximadamente 4 décadas se había planteado una cuestión relativamente similar y la resolvió con éxito. Hace muchos años que exhibe un bajo desempleo, una inflación reducida, un crecimiento económico continuo, un sólido sistema financiero y es un permanente “top ten” entre los países desarrollados.

Las numerosas similitudes de Australia con Argentina son muy conocidas: Las 2 naciones disponen de grandes territorios; sus recursos humanos provienen de importantes corrientes migratorias europeas; ambos países están ubicados en el hemisferio sur y son de los llamados “afortunados” en los términos de su disponibilidad relativa de recursos naturales.

Pero, las pautas culturales e históricas de sus recursos humanos, muchas veces subestimadas, son muy disímiles; hablan distintos idiomas; también están situados en diferentes continentes e interactúan ante otros entornos de naciones vecinas, sus puertos operan en otros océanos, e incluso su arquitectura política es también muy diferente: con un gobierno federal, un sistema parlamentario y políticamente bipartidista y estable en Australia; mientras que nuestro país es aún unitario en términos fiscales reales, fuertemente presidencialista y actualmente opera con un formato político sumido en una muy grave crisis.

Se podría resumir aquella reforma australiana de los 80 en 4 grandes puntos claves: 1) en una mayor integración productiva y comercial al mundo; 2) en la reformulación de su sector financiero; 3) en la reforma de su mercado de trabajo; y 4) en una perseverante promoción, desde el mismo Estado, de la necesidad de continua y mayor productividad y, por ende, de la competitividad global del país para lograr mayores salarios reales internos. Un plan muy simple y ortodoxo, pero también muy consistente.

La reforma australiana actuaba simultáneamente sobre los 2 principales factores de la producción de bienes y servicios: el capital y el trabajo (es de suponer que el factor tierra no representaba mayor inconveniente, seguramente por su abundancia relativa) y sobre la productividad total de ellos, integrándose a la región y al mundo.

Es innegable que el simultáneo desplazamiento del denominado “eje del mundo” hacia China, y Asia en general, ayudó; pero, ante los llamados “vientos de cola” también hay que tener siempre “desplegadas y bien orientadas las velas”. Más pragmatismo y realismo y menos oportunismo político y declamación ideológica parece haber sido una de las principales consignas de los acuerdos productivos sectoriales logrados en Australia.

Los determinantes del desarrollo sustentable, que ha trabajado durante años la Fundación Rap, serían 7 y surgieron coincidentemente:

1) el fundamental equilibrio macroeconómico;

2) la producción de bienes y servicios públicos eficientes y complementarios de la producción de bienes y servicios privados;

3) la salud y la educación aplicada directa y eficientemente a los recursos humanos;

4) la inversión eficaz en la infraestructura física de energía, comunicación y transporte;

5) las instituciones públicas y privadas sanas, transparentes e independientes;

6) la integración productiva y comercial a la región y al mundo; y

7) la explotación de los recursos naturales con respeto al medio ambiente.

Impresiona particularmente de aquella experiencia en Australia la importante inserción del término “negocios” en el ámbito académico y su muy lograda relación con las empresas, especialmente en el área de la tecnología aplicada a la producción pública y privada de bienes y servicios. También que la creación de valor económico agregado es un mandato global de la sociedad en su conjunto, en términos económicos y sociales.

Probablemente, en la Argentina, se debería habilitar un quinto punto a la necesaria reforma: la fiscal o tributaria, basada en las evidencias empíricas del mundo al que se desea ser homólogo. Su incorporación tendría importantes efectos, tanto en términos de la eficiencia y la equidad de la producción, como de federalismo político.

El “shock controlado” que se propone como muy necesario cambio implica la correlativa tolerancia de los tiempos de los resultados, poniendo a prueba la madurez de la dirigencia política y productiva y de la misma sociedad argentina.

El autor es Presidente de la Fundación Pensar a Santiago