El DNU 70 del Presidente Milei utiliza el 20 % de su articulado para intentar reordenar el caos que significa hoy el sistema de salud en Argentina. Su proyecto de Ley “ómnibus” aborda la delicada situación de la niñez y la tristemente afamada “ley de salud mental”. Todas las iniciativas son bienvenidas en un país donde cada mil personas hay 111 que no festejarán el cumpleaños 61; esto es el doble que en Dinamarca (65/1.000). Hay dos puntos que la iniciativa presidencial debería corregir: la pretendida reforma del campo de los medicamentos, y la equiparación de prepagas y obras sociales.
En cuanto a la ley de salud mental y su programa para la niñez, la norma amerita consultas con expertos. La reforma que propone el DNU en materia de medicamentos ha sido rechazada por la Academia Nacional de Medicina, gran parte de las Asociaciones Científicas, farmacéuticos, droguerías y todos los laboratorios nacionales y extranjeros. El rechazo científico, profesional y sectorial al decreto se debe a que avanza reformas equivocadas; favorece a mercaderes aventureros; cercena la libertad de prescribir del médico; amenaza a la farmacia profesional; aumenta la inseguridad sanitaria; atenta contra la innovación en fármacos y rompe el sistema de financiamiento de remedios.
En los países con sistemas sanitarios desarrollados, los medicamentos son inventados por el mundo académico gracias a la inversión pública, son producidos por la industria farmacéutica con libertades de mercado, los distribuyen droguerías con enormes dispositivos logísticos, son prescritos por los médicos con libertad para sugerir nombres comerciales según criterio, y son provistos a la población bajo la supervisión de un farmacéutico con años de estudio. Este circuito representa el 1,5 % del PBI y garantiza beneficios sanitarios irremplazables.
El ser humano en estado “natural” vive 27 años promedio; con agricultura y urbanización alcanza los 36 años; cloacas, agua potable y seguridad alimentaria nos llevan a los 50; y gracias a medicamentos y medicina moderna ya rozamos los 90. A partir de los 50 años, la mitad de la sobrevida se debe al desarrollo farmacológico. Fue gracias a los medicamentos que se redujo la mortalidad por infarto, se curan muchas leucemias y fueron posibles las unidades de terapia intensiva o los trasplantes de órganos.
Hoy en Argentina hay 21 millones de personas con pobre o ningún acceso a remedios; de ellos, 8 millones sufren hipertensión arterial, diabetes o colesterol elevado sin tratamiento apropiado. Esto explica la mitad del cuadro de mortalidad descripto. El DNU debería diseñar mecanismos de acceso para esta población.
Los financiadores están utilizando casi el 40 % de sus recursos para financiar medicamentos, situación anómala e insostenible. Los financiadores no usaron herramientas básicas de control de costos siempre a su alcance, como ser financiamiento selectivo, sistemas activos de farmacovigilancia, guías terapéuticas protocolizadas y equipos permanentes de negociación de precios.
El Estado debe ahondar en controles de calidad de medicamentos; evaluar nuevas tecnologías (principal responsable de ese 40 % del gasto) y debe ayudar a la seguridad social a obtener precios en caso de medicamentos especiales. En el mundo, las únicas medidas efectivas han sido: favorecer la competencia entre laboratorios (para ello la libertad de crear sus marcas), los protocolos médicos con opciones costo-efectivas y las estrategias de negociación de precios.
Las disposiciones del DNU amenazan a las 16 mil farmacias profesionales que garantizan el acceso a remedios en todo el país, quitan libertades de mercado a los laboratorios y quitan al médico la libertad para recetar según su criterio. Hoy el paciente puede elegir con libertad junto al farmacéutico lo que crea conveniente, y los financiadores tienen libertad de financiar selectivamente lo que consideren mejor (una libertad que usan bien poco).
La política de genéricos ya existe en Argentina y se debate en el ámbito profesional igual que en la Unión Europea o la OCDE. La norma deberá proteger ese ámbito. Luego está la cuestión de las prepagas y las obras sociales. Las Obras Sociales brindan, con niveles de calidad y sostenibilidad financiera muy desiguales, la totalidad del plan médico obligatorio (PMO), tomando el 9 % del salario bruto del trabajador. Las prepagas brindan el PMO también con niveles de calidad y sostenibilidad financiera muy desiguales (¡algunas pagan al médico a 60 días!), pero por una cuota mucho mayor.
Luego, el modelo de prepagas es más caro que el de obras sociales y, por lo mismo, es para menos gente. Las disposiciones del DNU relegan a las obras sociales a financiarse exclusivamente con el 9 % de los salarios más bajos, pero sin poder modificar sus costos, determinados por el PMO. La situación entrará en crisis como ocurre actualmente en Chile. La solución no es sencilla y amerita mayor estudio.
El Presidente Milei tiene la oportunidad histórica de reencausar a todo el sistema. La seguridad social en salud es el único mecanismo que ha encontrado el mundo desarrollado para dar cobertura a la población. Argentina debe ampliar la base de aportantes, debe revisar las prestaciones del PMO y debe transparentar y modernizar los procedimientos administrativos y clínicos en financiadores y centros de internación (4 % del PBI).
La reforma a la ley de salud mental es indispensable; debe consultarse la norma con psiquiatras expertos en psicosis. Los programas propuestos para la niñez deben considerar los 2 millones de litros diarios de leche, los 8 millones de huevos semanales y los 2 millones de kilos semanales de carne que la salud de los 4 millones de niños menores de 14 años en situación de pobreza requiere. O todo el problema de salud actual se duplicará en diez años vista.
Carlos Javier Regazzoni es doctor en Medicina y fue titular del PAMI