Entre lo importante de un shock desregulatorio y la urgente necesidad del cierre fiscal

Sólo para que conste en actas, creo en el equilibrio de poderes y en los controles cruzados que estableció nuestra Constitución original. Por lo tanto, estoy en contra tanto de los DNU, como de la forma de su ratificación que estableció el kirchnerismo, en su momento, haciendo más fácil aprobar un DNU que una ley. Y estoy en contra de las facultades delegadas, del Congreso al Poder Ejecutivo, bajo la excusa de la emergencia eterna.

Dicho esto, tengo que reconocer que, por muchos años, lejos de tener un Congreso compuesto por legisladores responsables y elegidos para representar a los votantes y defender sus intereses y los de las provincias de las que provienen, tuvimos, con varias y honrosas excepciones es cierto, diputados y senadores escondidos en listas sábanas o designados a dedo por las autoridades de su partido, que luego formaron parte de mayorías prepotentes, que respaldaron, sin ningún cuestionamiento, las iniciativas del Ejecutivo de turno, siendo corresponsables y partícipes necesarios de esta Argentina que no va más. Y también reconozco, siempre con honrosas excepciones, que el Poder Judicial carece de las virtudes mínimas requeridas para cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, y para darle a los ciudadanos la tranquilidad de que “se hará justicia” en serio.

Dicho de manera sintética: resulta muy difícil ser “institucionalista”, cuando las instituciones argentinas se han convertido en la realidad de hoy.

Pero aún así, con todo lo que ello implica, prefiero un Poder Ejecutivo con límites, un Congreso sesionando, y un poder judicial ejerciendo el control de constitucionalidad, antes que otorgarle a un conjunto de personas, por más preclaras, brillantes, bien intencionadas y honestas que me parezcan, plenos poderes para hacer lo que corresponda, aún coincidiendo con la mayoría de sus planteos y reconociendo, como he hecho siempre desde estas líneas, la necesidad y la urgencia de un shock de cambio de régimen para nuestro país.

Aclarado el punto, paso al proyecto de ley enviado al Congreso por el residente Milei con “acuerdo de sus ministros” (muchos de los cuales reconocieron que firmaron sin saber lo que firmaban).

A los fines del análisis, me voy a concentrar en los temas que afectan la economía directamente, dividiendo su articulado entre lo urgente para la macro, y lo importante para el país, y aceptando que es una división arbitraria, dado que los cambios hay que evaluarlos en su integralidad.

Sin la macro, lo importante se diluye y sin lo importante la macro se queda corta. Mucho de lo que dejo afuera de esta nota, en particular las reformas de fondo en lo electoral o en la educación, resultan claves para la calidad institucional a la que hice referencia más arriba. Dejo la macro para el final y empiezo por lo segundo.

Gran parte del articulado de la ley complementa el DNU que entró en vigencia el viernes. Sinceramente, ignoro el criterio por el cual muchas cuestiones que no son ni electorales, ni tributarias, ni corresponden a la legislación penal, fueron incluidos en el proyecto de ley y no en el DNU. En ese conjunto hay que considerar los cambios en los marcos regulatorios que tienden a introducir más competencia en favor de los consumidores, por ejemplo, en el mercado de los servicios médicos, o el mercado asegurador.

También se destacan los cambios en la Ley de Sociedades para simplificar trámites, y una nueva ley de defensa de la competencia (la existente no era mala, no se aplicaba, que no es lo mismo).

Como en el DNU, se “desalambran” quintitas varias, como la de los aportes obligatorios de no afiliados a los sindicatos. Se incluye, además, todo un paquete pro ciudadanos que elimina muchas regulaciones, solo justificadas por el predominio de algún grupo corporativo, un sesgo ideológico, o la voluntad de recaudar algo, dando lugar a “cajas privadas”.

En estos temas, solo una duda derivada del mal federalismo argentino. Dado que muchas regulaciones nacionales tienen su espejo en regulaciones provinciales que requerirán también su adaptación, hay mucha desregulación que se puede convertir en “testimonial” si las provincias no acompañan.

Asimismo, se presenta todo un conjunto de normas que modifican en forma drástica el funcionamiento de varios mercados. En el sector de hidrocarburos, por ejemplo, cambia toda la lógica a favor de la realidad de una Argentina en dónde, con las reglas apropiadas, “sobran gas y petróleo” y en dónde hay que dejar de preocuparse por el autoabastecimiento, y asegurarse el abastecimiento eficiente, al menor precio posible.

Se establecen fuertes incentivos para grandes inversiones en energía, minería, tecnología, y otros rubros. En estos temas surgen siempre los mismos interrogantes contrafácticos. Sin esos incentivos, ¿se hubieran producido igual las inversiones, y se les da un “regalo” innecesario? ¿Se podría haber dado menos? ¿Serán suficientes? Sólo espero que hayan sido diseñadas exclusivamente para el bien común, y no respondiendo a nadie con nombre y apellido.

Pero en la medida que estos cambios de reglas necesitan aprobación del Congreso, resulta imprescindible que se apuren en definirlas porque quién tenía pensado invertir de todas maneras, ahora se sentó a esperar el veredicto.

El proyecto también ratifica la conversión de las empresas públicas en sociedades anónimas sujetas a privatización, e incluye en este rubro a las acciones de empresas privadas en manos del Estado a través del FGS.

Hay cuestiones de orden administrativo, como la consolidación de deudas entre distintos “bolsillos” del sector público (no incluye el Banco Central), o cambios en la ley de administración financiera que facilitan eventuales canjes de deuda. Se levanta el control del Congreso a la emisión de deuda en moneda extranjera, y se deroga el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones. (Cuidado acá que no se metan a cobrar las provincias, lo que deja de cobrar la Nación).

Termino con la urgencia macro. El proyecto de ley incorpora otros rubros para la licuación del gasto, -recuérdese que se ha prorrogado el presupuesto 2023- con la suspensión de la movilidad jubilatoria, y la renegociación de todos los contratos firmados antes del 10 de diciembre.

A este uso del impuesto inflacionario - ¿Por última vez? - se le suman un conjunto de medidas impositivas más “genuinas”: incremento del impuesto a los cigarrillos, una moratoria, un blanqueo, cambios en Bienes Personales, y un blanqueo laboral.

El shock fiscal deberá completarse con el rediseño del impuesto a las ganancias -ingresos- irresponsablemente modificado en el período preelectoral, que parece que irá por separado, en otra ley, como prenda de negociación con los gobernadores.

Obviamente, que el verdadero cambio de régimen en materia impositiva vendrá cuando se reestructure el sistema impositivo en su totalidad, junto con una nueva AFIP, y otro esquema de coparticipación Nación Provincias. Un sistema impositivo que obliga a una moratoria y a un blanqueo cada pocos años, evidentemente es un pésimo sistema impositivo. Dicho sea de paso, se sigue castigando a los cumplidores en el pago de sus impuestos.

El cierre fiscal se complementa, fuera del DNU y el proyecto de Ley, con la reducción de subsidios a la energía y el transporte que se hará en los próximos meses.

Adicionalmente a la licuación, al paquete impositivo y a la baja de subsidios, el proyecto de ley presenta una ambiciosa y muy necesaria reforma de la administración y el empleo público y la revisión de todos los fideicomisos y fondos de asignación específica.

En síntesis, y más allá de mi “canción de protesta” por las formas, estamos frente a un shock desregulatorio -algo desparejo, por cierto, dado que va desde algo tan importante como el marco legal de los hidrocarburos, hasta la reventa de entradas deportivas-. Una promesa de cierre fiscal basado en licuación de gastos y más recaudación, y el paso inicial de una reforma profunda del Estado administrador y empresario. Ahora la pelota la tienen el Congreso y el Poder Judicial.