El peligro de que “libertad” se transforme en una mala palabra

Rodrigo de Loredo es uno de los dirigentes más importantes del radicalismo cordobés. En el 2021, encabezó la lista de diputados nacionales que triunfó en esa provincia. En el 2023 no le fue tan bien. Por medio de un acuerdo político cedió la candidatura a gobernador a Luis Juez. El se postuló como intendente de Córdoba capital. Ambos fueron derrotados. Cualquiera que lo escuche, descubrirá rápido que su mirada sobre cómo debería funcionar la economía, se podría definir como ortodoxa, o liberal. Por radical, por cordobés, por liberal o por las tres cosas, De Loredo ha sido siempre implacable con el kirchnerismo.

Por eso, cuando le preguntan por las medidas que propone Milei, lo primero que dice es que está de acuerdo con su espíritu. “Estamos de acuerdo con la mayoría de las reformas: la modernización del trabajo, sacar todas esas normativas de leyes de precios, observatorios de precios, ley de góndolas, no sirven para nada. Estamos de acuerdo con desmontar el aparato soviético que se construyó y que impide que los argentinos vivan como corresponde”.

Pese a eso, De Loredo ha planteado dos objeciones. Una de ellas ha sido muy discutida en estos días: el intento presidencial de anular la actividad del Congreso. “Tiene visos napoleónicos. Los cambios, para que se sostengan, tienen que tener consenso. Probablemente no esté de moda, nos choquemos con el noviazgo electoral, lo que vos quieras. Pero para nosotros es inadmisible una delegación de facultades que prácticamente se traduzca en la anulación del parlamento. Está de moda ahora decir que la casta, que los diputados son todos unos inútiles. Lo que fuera. Me tiene sin cuidado. No me agravia. Pero lo que nosotros no aceptamos es que se evadan los organismos de control”.

La segunda objeción de De Loredo no ocupa aun un rol central en el debate público. Pero, si la sociedad argentina sigue siendo la misma de siempre, en poco tiempo lo hará. “El ideario liberal se compone por una triada –explicó el diputado cordobés-- aunque todavía no escucho nada al respecto: tribunales de competencia fuertes, autónomos, con capacidad sancionatoria, leyes antimonopólicas, anticartelización, y fuerte defensa de los derechos del consumidor. Lo que no nos puede pasar, y eso agrava la situación social, es que cambiemos unas corporaciones por otras. Alguien debería explicar por qué hace 50 años manejan las obras sociales los gremios, nos acostumbramos a cosas que son insólitas. Pero si vos sacás la corporación gremial, pero no cambiamos que se junten las cinco prepagas más importantes y nos metan un mazazo en la cabeza, en el peor momento económico y social, estás cambiando una corporación por otra”.

Esa referencia señala un punto neurálgico de las medidas que ha comenzado a poner en marcha la administración Milei. Si en un mercado muy sensible y concentrado –en este caso, el de la Salud—un Gobierno desregula completamente los precios, puede ocurrir que la cartelización derive en un abuso. La teoría de moda sostiene que eso será por un tiempo, hasta que un nuevo actor aparezca y ofrezca un precio menor: “un producto mejor al menor precio”.

La mayoría abrumadora de la biblioteca liberal ve un serio riesgo en esa mirada, dominante hoy en la Argentina. Las razones son bastante obvias: los sectores que dominan el mercado son poderosos, y harán lo que sea para que no surja ese nuevo protagonista. Pero si así no fuera, aun si abrieran generosamente la competencia, incluso si dejaran entrar a su mercado a quien lo intentara, aparecería una cuestión de tiempos. ¿Cuánto tardaría el nuevo actor en instalarse, en desarrollarse, en estar en condiciones de competir?

En el corto plazo, la medida de desregular completamente los precios favorece la libertad pero no la de todos. Un consumidor no tiene nada que hacer frente a un aumento de precios del sistema, o una disminución de los servicios, o un abuso si el Estado se retira completamente del juego. La libertad, en este caso, es solo de los formadores de precios. Curiosamente, en el sector aludido por De Loredo, los aumentos que todas las empresas anunciaron son exactamente del mismo monto. Los empresarios, con toda la razón del mundo, argumentan que el sistema anterior al 10 de diciembre provocó un desastre en el sistema de salud, porque regular los precios de manera irracional generó un daño enorme al servicio. Con ese antecedente, tal vez sea criterioso evitar un movimiento pendular que genere mayores problemas para la sociedad.

Se trata de un debate central para los años que vienen, dada la visión extrema que intenta imprimir el Gobierno a la organización social argentina. Algo parecido ocurre en el mercado inmobiliario. Hasta aquí existió una ley de alquileres que regulaba mal, de tal manera que la oferta de vivienda se redujo mucho y los precios no bajaron. Javier Milei y Federico Sturzenegger intentan producir una revolución copernicana. Que no se regule nada: ni los precios, ni los plazos, ni los ritmos de actualización, ni la moneda pactada. La teoría implícita, de nuevo, sostiene que a “la libertad” le sucederá un crecimiento vertiginoso de la oferta, que regulará los precios y los abusos.

Pero puede ocurrir, en cambio, que por medio de la aplicación Airbnb aparezca una demanda gigantesca e inesperada y que ninguna oferta pueda satisfacerla. En ese caso, los precios serían accesibles a esa oferta, conformada por turistas extranjeros, pero prohibitivos para los argentinos. ¿Qué se haría en ese caso con los inquilinos locales? ¿Afuera? Este tema ha merecido regulaciones importantes en lugares muy disímiles como Manhattan o Barcelona. En ninguno de ellos gobiernan el comunismo ni los orcos del señor de los Anillos.

Naturalmente, la desregulación completa del mercado de alquileres es una ganancia enorme de libertad, pero solo para los propietarios. ¿Cuál es el grado de libertad que gana un inquilino?: ¿el de irse a un lugar más pequeño?

Un tercer ejemplo es lo que ocurre en estos días con el mercado de combustibles. Como se sabe, la regulación del mercado de las naftas durante el último gobierno generó problemas muy serios. De hecho, hubo dos crisis de abastecimiento en un año y medio, la última de ellas durante la campaña electoral. Eso no ocurre en países normales. El sistema debía cambiar. El criterio del gobierno es que debe hacerlo rápido, de manera extrema y sin ninguna discusión.

La medida más significativa en este sentido consiste en desregular completamente el precio. De esta manera, los consumidores argentinos terminarán pagando el precio internacional del producto. Lo que viene es un ajuste mayor, porque las empresas, con ese objetivo, deben compensar el atraso respecto de la inflación local y luego del valor de exportación. Hay argumentos bastante razonables para que esto sea así si se pretende desarrollar la exportación de combustible. Entre ellos, que el subsidio generalizado ha servido, mayoritariamente, para aliviar a sectores privilegiados que son los que más consumen nafta.

Pero muchos analistas del sector están sorprendidos por otro detalle. El gobierno anterior compensó la regulación de precios con una baja del impuesto al combustible. De esta manera, resignaba recursos fiscales a cambio de no dar malas noticias en período electoral. Algunos especialistas calculan que la pérdida de recaudación para sostener precios ficticios se acerca a los 2 mil millones de dólares para el último ejercicio. Todo sin sentido porque, como se sabe, la inflación no se detuvo sino todo lo contrario.

Ese es el pasado absurdo que debe corregirse. Lo lógico sería que si un gobierno desregula el precio reimponga el impuesto. La administración Milei hizo lo primero pero no lo segundo. Los empresarios, entonces, están en el mejor de los mundos: sin techo para los precios, y sin tener que pagar impuestos. El Estado sigue resignando cientos de millones de dólares. Eso, en un contexto donde se dice que no hay plata y por eso se recortan fondos de obras públicas fundamentales o ingresos para los jubilados. ¿Se deberá esto solo a una mirada ideológica sobre cómo funciona la economía? ¿A un negocio espectacular? ¿O a ambas cosas, depende quien sea el actor que la impulse?

De Loredo es un liberal. Juan Grabois pertenece a otro sector ideológico, mucho más inclinado hacia el dirigismo y la regulación. En estos días, difundió un cuadro con una enumeración detallada acerca de cómo el Decreto de Necesidad y Urgencia favorece a empresas de todas las áreas de la economía, en perjuicio, a primera vista, de los consumidores o del resto de la sociedad: supermercados, billeteras virtuales, bancos, tarjetas de créditos y así hasta el infinito.

Cada uno de estos ejemplos permite hacerse preguntas sobre el significado que el Gobierno le otorga en estos días a la palabra libertad. Los pacientes, los inquilinos, los transportistas tenían su libertad afectada hasta el 10 de diciembre porque todo era caro y funcionaba mal: ¿y ahora? ¿tendrán más o menos libertad?

Se trata de solo tres ejemplos. En condiciones normales, cada uno de ellos deberían ser debatidos como corresponde en el Parlamento y por los distintos sectores involucrados. Pero fueron incluidos en un Decreto de Necesidad y Urgencia entre cientos de medidas que afectan, de la misma manera y con el mismo espíritu, a otras tantas áreas de la sociedad argentina. Entonces, se despliega un mecanismo de extorsión donde se supone que se debe aprobar a libro cerrado. El que no lo hace es un “orco”, un enemigo de la libertad, un golpista, o alguien que no es sensible a las urgencias de la pobreza. Por momentos parece una broma, pero el clima social de estas semanas parece avalar esos empujones.

Hay, naturalmente, valores muy relevantes que atraviesan estas discusiones. Durante muchos años, la mirada antiempresaria que dominó al kirchnerismo generó conflictos e ineficiencias muy graves: los resultados están a la vista. Si la alternativa es que un Gobierno le permita a las empresas hacer cualquier cosa, existe una posibilidad cierta de que el clima tan permisivo vuelva a ser muy hostil y que muchas personas terminen recordando con vergüenza esos “viva” que gritaban como eco al “viva la libertad, carajo”, de su líder.

En el año 2015, la premio nobel de literatura Svetlana Alekseievich escribió un libro impresionante llamado El Fin del Homo Sovietikus. El libro consiste básicamente en historias de vida de ciudadanos rusos contadas por ellos mismos. Son relatos de mucho sufrimiento donde se percibe la violencia ejercida contra ellos y sus familias por el régimen soviético, la esperanza que les generó la caída de la Rusia comunista y, sorprendentemente, la nostalgia que sienten hacia el mismo comunismo que arruinó sus vidas. Hay que leerlo para entender cómo se puede extrañar un régimen tan espantoso. Tal vez su reemplazo haya sido aún peor para la gente común. De esa nostalgia, tal vez, surgió la dictadura de Vladimir Putin.

Ese texto no tiene nada que ver con la Argentina. Aquí no vivimos nunca bajo un régimen comunista ni colectivista, diga lo que diga el Presidente. Pero, al leerlo, algo me hizo pensar en lo que ocurre en nuestro país, en este fin de año tan lleno de emociones.