La llamada ley ómnibus enviada por Javier Milei para su tratamiento en el Congreso contiene propuestas de reforma para prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. En particular para el funcionamiento de nuestro sistema electoral propone un conjunto de cambios que abordan cuatro áreas importantes: las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), el criterio de reparto entre las provincias de las bancas de diputados nacionales, la forma de elección de estos diputados y el financiamiento de las campañas políticas.
Una primera lectura es que, a diferencia de otras partes de esta mega ley, las propuestas apuntan a resolver problemas reales de nuestro sistema político, es decir aborda temas que la mayoría de los expertos acordamos que deben ser corregidos. Sin embargo, las reformas que propone para hacerlo lejos de solucionar los problemas existentes los agravan y su aplicación generaría otros nuevos.
En primer lugar, con relación a las PASO podemos decir que gran parte de los especialistas creemos que han tenido algunos impactos positivos, pero también venimos señalando desde hace años que deben modificarse por los problemas que generan. Sintéticamente creemos que en vez de derogarlas lo mejor sería reformarlas dejándolas como obligatorias solo para los partidos, pero volviéndolas optativas para los ciudadanos. Asimismo, debería acortarse el tiempo entre las PASO y la elección general haciéndolas parte de un mismo proceso, entre otras modificaciones. Así permitirían mantener la capacidad de la ciudadanía en la definición de los candidatos, pero nos evitarían los múltiples problemas que actualmente presentan.
En segundo lugar, la actual distribución de las bancas de diputados entre las provincias producto de la llamada Ley Bignone, en realidad un decreto dictatorial, es claramente inconstitucional tal como lo ha sostenido la Cámara Nacional Electoral ya que perjudica claramente los derechos de algunos ciudadanos, los de la provincia de Buenos Aires especialmente, al hacer que sus votos tengan mucho menos valor que los de la mayoría de los de las otras provincias. Sin embargo, la solución propuesta, un criterio de reparto más ajustado y la eliminación del mínimo de cinco bancas por distrito, hace que algunas provincias sufran una reducción brutal en el número de sus representantes pasando de cinco a dos, o incluso un diputado. Existen mejores maneras de corregir este problema. Por ejemplo, con un criterio un poco más flexible que corrija parcialmente el desfasaje o aumentando el número de los diputados con algún criterio que los obligue a no aumentar el gasto, como existe en otros países del mundo (congelando para el futuro el porcentaje del presupuesto actual para la Cámara, por ejemplo).
Tercero, el sistema electoral. En este punto también es cierto que nuestro sistema actual de elecciones de diputados, por representación proporcional con listas partidarias, en los distritos grandes genera problemas. En las provincias más pobladas votamos listas con diez, trece e incluso treinta y cinco candidatos con lo cual es prácticamente imposible para los ciudadanos conocer, y por lo tanto poder controlar, a quienes ocupan del tercer o cuarto puesto para abajo. A su vez esos candidatos no tienen incentivos para trabajar para la ciudadanía ya que su lugar en la lista dependerá más del favor del líder de turno. Con el sistema propuesto, uninominal, se elegiría por ejemplo un diputado en Caballito y otro en Lanús, así todos sabrían dónde y cómo vive. Sin embargo, esta ventaja del sistema uninominal se contrapone con sus problemas que son muy serios. Así, por ejemplo, su falta de proporcionalidad hace que las minorías queden fuera del Parlamento aún obteniendo votaciones muy importantes. A su vez este sistema imposibilita o al menos dificulta la paridad perjudicando claramente a las mujeres. Nuevamente como en los dos temas anteriores el problema detectado es cierto pero la solución propuesta es muy mala existiendo varias alternativas mejores. Los llamados sistemas electorales mixtos, especialmente el “proporcional personalizado” que se emplea en Alemania, permiten que se elija y se conozca al representante sin perder la proporcionalidad que enriquece el funcionamiento democrático.
Finalmente, en relación con el financiamiento de las campañas electorales la iniciativa propuesta propone eliminar todo límite a los aportes privados y terminar con el reparto gratuito y equitativo de espacios audiovisuales. Como en los casos anteriores la normativa actual presenta problemas y actualmente solo una parte muy pequeña de los gastos de campaña se hace “en blanco”. Según los especialistas entre el 70 y el 80% del gasto de las campañas se realiza por fuera de lo presentado y corresponde a aportes no formales de empresarios, empresas o corporaciones. Sin embargo, la idea de eliminar toda limitación a los aportes oficializaría una especie de “privatización” de los candidatos generando una enorme inequidad y favoreciendo acciones sospechosas de los representantes y las empresas o grupos que los financiaron ilimitadamente. A su vez los espacios cedidos para los candidatos actualmente por hacerse solo en radio y televisión son claramente anacrónicos y aburridos, pero en vez de eliminarlos se los podrían reducir en esos medios y extenderlos a las redes y plataformas.
En conclusión, las modificaciones propuestas apuntan a resolver problemas existentes, pero lo hacen de una manera equivocada, probablemente por no haber recurrido al consejo de expertos o por ser enviadas por un presidente como Javier Milei que abiertamente sostiene sus dudas sobre el funcionamiento del sistema democrático. De aprobarse estas reformas lejos de mejorar nuestro sistema político lo empeorarían volviéndolo aún menos representativo, equitativo y democrático de lo que es en la actualidad. Por lo tanto, el Congreso tiene la gran oportunidad de evitar una discusión de “blanco o negro” de “a favor o en contra” y abrir un debate que, con la participación de los especialistas, pueda diseñar las mejores instituciones político-electorales posibles para nuestro país. Esperemos que nuestro Congreso esté a la altura.