Ningún país mejora su educación con una buena ley. Se necesitan procesos complejos donde todos los protagonistas, con los docentes a la cabeza, pero pensando en los que necesitan aprender, nos pongamos manos a la obra. Pero sí debemos preguntarnos qué pasa en un país donde la ley de educación propone que los mejores docentes y directivos estén en las escuelas más vulnerables, pero los estatutos docentes provinciales en general garantizan lo contrario. Es decir, la ley dice una cosa, pero en la práctica hay trabas corporativas que permiten y favorecen lo contrario. Y nadie las quiere cambiar y cuando alguien quiere se lo fulmina. Sin embargo se oculta el fracaso, consiguiendo lo que Guillermina Tiramonti ha llamado el “simulacro educativo”. En la práctica una enorme cantidad de chicos que pasan por la escuela no aprende y eso se tapa.
Las modificaciones propuestas en la ley ómnibus enviada ayer al Congreso, más allá de aspectos finos que se pueden discutir y de implementaciones, apunta a romper esa trampa en la que estamos. Por ejemplo: tomar un examen al final del secundario en sí mismo no va a mejorar la educación, pero no esconder el fracaso va a exigir tomar el toro por las astas y hacer los cambios necesarios. Dará incentivos y exigencias a quienes comanden y protagonicen la educación: funcionarios y docentes. Todos estarán comprometidos frente a esos resultados. Y los padres estarán al tanto. No será fácil, estamos en el inicio de un camino si damos los pasos adecuados.
Otro tanto se puede decir de la tan necesaria evaluación docente. No para castigar a nadie sino para dejar en evidencia la deficiente formación que miles de jóvenes reciben en Institutos de Formación que hay que poner patas para arriba para mejorarlos, evaluándolos y acreditándolos. Además de exigirles resultados. ¿Los egresados no deberían rendir un examen de salida para mostrar lo aprendido? Al inicio todos deberían ser de diagnóstico, mientras se mejora hasta llegar a que sea una forma de dar cuenta qué se sabe. En 2017 se hizo la prueba “Enseñar” y dio que el 40% de los chicos que estaban en cuarto año de los profesorados no tenían buena comprensión lectora. Hoy, todos deben estar dando clases. ¿Por qué nadie adentro del sistema de formación encendió una alarma y dijo qué iba a hacer para evitar ese drama? Porque existe una traba corporativa, de los sindicatos y de los gobiernos populistas, que suplen los graves problemas de la realidad con relato. Esconden esas situaciones porque creen que se están congraciando con alguien. Por eso dicen que se evalúa para castigar. Mentira, se evalúa para saber dónde se está parado y ayudar. Las propuestas conocidas ayer van en esa dirección. ¿Es posible que se considere una ampliación de derechos el poder ingresar a una carrera universitaria o superior no universitaria sin haber terminado la secundaria? Eso sucedía hasta hoy y no es ajeno seguramente a esos resultados de comprensión lectora fallidos.
Todo lo que permita con inteligencia mejorar los aprendizajes tiene que ser bienvenido. No es casual la resistencia de los sindicatos a que se evalúe. Las corporaciones defienden lo malo, porque no les interesa el bien común sino la defensa oscura y mezquina de sus integrantes, en general de los peores de ellos. Los estudiantes no tienen sindicato, su defensor tiene que ser el Estado inteligente que fortifica los aprendizajes, no uno que esconde a quien no aprende para que no se sepa.
El caso más notable, por su notoriedad, es el de Carlitos Tévez, que ha contado cómo pasó ocho años de escolarización sin comprender lo que leía. Y todos los años lo promocionaban. O los chicos que encontró en el plantel de Independiente que no sabían sumar y restar después de haber ido a la escuela. Esos estafados no dejarán de serlo con una ley mejorada, sino por los velos que se se están corriendo, permitiendo que la libertad y la luz entre en un sistema lleno de opacidad.
Que los chicos rindan un integrador a fin de la secundaria para que sus padres y el resto de la sociedad puedan saber cuánto aprendieron es un enorme avance. No mejora en sí mismo pero permite que se mejore si se toman las medidas adecuadas que los muchos especialistas con que cuenta el país pueden aportar. Se podría hacer también un integrador al final de la primaria, como diagnóstico. Para evitar que los Carlitos Tévez de la vida sigan siendo víctimas de los intereses corporativos que les impiden aprender.