Fue una “avivada” de turistas argentinos durante el Mundial en Qatar, quienes desplegaron una bandera declarando que eran monotributistas. Acto seguido, la AFIP ofreció una puesta en escena en la que, según informes del momento, intimó a 151 contribuyentes a que expliquen cómo pagaron su viaje a ver al Campeón del Mundo. Si la Argentina tuviera sólo 151 evasores no estaría en el problema en el que está.
Un esquema serio de inteligencia artificial para el control impositivo se puede implementar en días, y se hace por decisión administrativa sin pasar por el Congreso.
Las tecnologías modernas cruzan datos en minutos y establecen quiénes llevan un tren de vida sospechoso. Un buen sistema, además, estima cuántos activos no declarados un contribuyente tiene en el exterior, un trabajo matemático engorroso para los humanos.
Una vez que se estableció un registro pormenorizado de los millones de argentinos que levantan sospechas, otro sistema de inteligencia artificial establece en instantes y con un alto nivel de certidumbre dónde está escondido el dinero y quiénes son los cómplices en la evasión, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Aquí está el germen de la revolución real en el país.
Tras la jerarquización y exposición del entramado económico, se pueden tener indicios claros sobre quiénes tienen vínculos con el narcotráfico, la corrupción política o son evasores con fondos legales. El sistema que procesa esta información trabaja sobre datos abiertos, o sea, no se necesita una sola orden judicial para desnudar a quienes tienen dineros negros, a quienes los asisten y a sus socios.
Esta es una herramienta difundida en el mundo y empleada por los gobiernos serios del planeta, incluyendo Estados Unidos.
Los abogados de la AFIP podrán elegir los casos críticos, y la inteligencia artificial dejará poco márgen para la corrupción de funcionarios.
Si este esquema se implementara hoy, -en pocas semanas- el poder judicial argentino estaría procesando a los evasores, embargando bienes, enviando solicitudes internacionales de datos y un largo etcétera; en suma, haciendo cumplir la ley que hay.
La opción tecnológica aquí expuesta suma capital político porque ataca donde nunca se incursionó. Además, alineará al país con varios miembros de la OCDE que ya lo implementaron.
La detección de narcotraficantes y corruptos es necesaria e inevitable -si el país no lo hace, lo harán otros gobiernos por nosotros. Y este factor es secundario ante la cuestión sistémica.
La transparencia total desnuda a los intocables e innombrables que les prestan servicios logísticos a plena luz del día. Los contadores, brokers y banqueros que hacen funcionar la maquinaria de ilegalidad. El peso de la evidencia será insoportable.
Y por primera vez en la Argentina se irá, no contra uno o dos criminales, sino contra la estratégica red de operadores -siempre impunes, siempre privilegiados- que convierten al país en un paraíso del lavado y la corrupción.
Esto último es la revolución. Lo otro, es más de lo mismo.
Las cosas como son.