DNU: las reformas de los mercados y Defensa de la Competencia

El nuevo gobierno ha lanzado una serie de reformas que denomina “desregulatorias de la economía”.

En primer lugar, y para darle precisión, son reformas sectoriales, en su mayoría, y tienen impacto directo en la “organización industrial” de la economía. Es decir, en las empresas y sus relaciones con el sector público y con los propios consumidores.

Partiendo del concepto, paradigma, de que nadie organiza mejor la producción, asigna mejor los recursos y es más eficiente en la producción de bienes y servicios, el Gobierno pretende desbrozar y desmalezar el camino de las empresas con el objetivo de estimular la competencia y beneficiar a los consumidores.

He aquí donde aparece un tema complejo: el rol del Estado en relación con estas y con los mismos consumidores.

Dicho rol puede ser de regulador, como también de estado productor o involucrado en la cadena de producción de bienes y servicios.

Es el viejo campo de estudio y también de lucha sobre los roles de Estado y Mercado, o para algunos, Estado versus Mercado. En este caso se trata de cuestiones muy concretas relacionadas con la producción y comercialización de bienes y servicios y, como hemos dicho, con la eficiencia (incluyendo la dualidad calidad-precio) en torno a esto.

Si bien es cierto que el Gobierno se posiciona desde una metodología deductiva, de cuyo paradigma (citado) derivan todas las decisiones de políticas públicas enunciadas o tomadas hasta ahora, no es menos cierto que estas deben y deberán ser contrastadas con la realidad (aun Karl Popper con respecto a “falsables”).

En dicha circunstancia, existen ciertos elementos empíricos que pueden ser tenidos en cuenta cuando se trata de eliminar alguna regulación, o mantener, o introducir otras y, sobre todo, para ver cómo funciona dicho mercado y también tener claro cómo quedaría “diseñado” dicho mercado con o sin regulaciones o con qué tipo de regulaciones, lo cual es útil tanto para tomar las decisiones de orientación como aquellas que le permitan corregir el rumbo una vez aplicadas, ya sea para enfatizar la desregulación o para incorporar alguna.

Dichos elementos de la realidad son estudiados por diversos académicos, consultores, empresarios, funcionarios y un sinnúmero de actores que analizan la realidad del funcionamiento de los mercados.

Y también es muy estudiada y aplicada, con una orientación desde el principio de la realidad económica (art. 4 de la Ley 27.442: “A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, se atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan”) desde la temática denominada Defensa de la Competencia, la cual estudia precisamente el funcionamiento de los mercados y busca que los mismos no sean vulnerados o alterados en su buen funcionamiento, que implica más y mejores bienes y servicios al mejor precio posible.

En casi todos los países (occidentales y orientales incluidos) existe la temática y hay organismos y organizaciones que estudian y son autoridades de aplicación de leyes sobre la competencia.

En Argentina existe una ley vigente y una autoridad (inconclusa, por cierto) derivada de la misma, la ley 27.442. El órgano de aplicación fundamental hoy en nuestro país es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Aun con todas las carencias, emparentadas con la baja institucionalidad que nos caracteriza, es un organismo que casi ininterrumpidamente desde los años 80 ha aplicado metodología económica y jurídica con profesionalismo y mucho trabajo de investigación y fundamentación. Y aún más importante para este exacto momento, es poseedor de mucha, muchísima información sobre los mercados, pública mayormente, sobre cómo se estructuran, cómo funcionan, cuáles son las regulaciones y cómo juegan estas en el mercado, y puede, aun con respecto a mercados cuya regulación recaiga en otros organismos, dar dictámenes y opiniones procompetitivas como lo ha hecho en el pasado. Y tiene, independientemente de las rotaciones políticas, recursos humanos profesionales y responsables que miran y aplican leyes para defender la libre competencia.

En suma, poseer información sobre el funcionamiento real de la gran mayoría de los mercados aludidos en el DNU 70-23, y también un largo sendero de estudio sobre el impacto de las regulaciones en ciertos mercados, puede ser valioso para el proceso de reformas enunciado por el Gobierno y también para el control del Parlamento.

Estimando que habrá un largo debate en torno a las reformas lanzadas, como aquellas que el Gobierno tiene en proceso, todo el expertise y el “know-how” de los expertos en competencia, tanto del sector público como privado, serán relevantes, pues están acostumbrados a tener esa mirada bifronte jurídico-económica que permite entender el funcionamiento de los mercados y las regulaciones.

Tomando solo un ejemplo internacional, podemos citar la experiencia española (enmarcada en la normativa de la Unión Europea); existe desde el año 2013 un superorganismo denominado Comisión Nacional de Mercados y Competencia (sustituye al Tribunal de Competencia y 6 organismos regulatorios) que tiene no solo facultades de mirar la competencia en todos los mercados de la economía, sino también es el regulador de energía, agua, transporte y otros importantes sectores de la economía, ya sea solo o con facultades concurrentes con otros organismos, desde la mirada de la libre competencia.

Ante lo que parece ser un cambio profundo de las estructuras de la economía, más que nunca es conveniente aprovechar todos los insumos y recursos disponibles para estudiar los temas, debatir sobre ellos y ayudar a que funcionen aquellas que den una suma social positiva.

Las graves circunstancias que vive el país deben promover un mayor debate, con mayor fundamento, con más conversación pública, en la búsqueda de mayor información, teórica y sobre el mundo real, con más diversidad de visiones y de opiniones; aun en la emergencia esto es viable, finalmente será el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo quienes, en sus competencias, resuelvan el curso de acción, y es de esperar que todos contribuyamos con nuestros aportes institucionales y personales a un futuro más venturoso.

* Humberto Guardia Mendonca es ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.