Un gran aporte liberal a la inseguridad jurídica

El 14 de diciembre del 2015 escribí en Infobae un análisis crítico sobre la decisión de Mauricio Macri nombrar a dos jueces de la Corte por decreto (la medida no se llevó adelante y finalmente salieron por el Senado como correspondía). El 31 de marzo del 2020, también en este medio, se publicó una columna que me generó varios dolores de cabeza: se criticaba la innecesaria convocatoria a una cuarentena general –que a la postre terminó siendo una de las más largas del mundo-. El entonces presidente Alberto Fernández tenía entre el 70-80% de aprobación y me explicaban que “había que acompañar”. En vano caían mis teorías acerca de las mayorías populares líquidas (Zygmunt Bauman, perdón) en épocas donde lo único importante que nos pasaba era descubrir a un surfista circulando en pandemia sin el permiso correspondiente.

Anoche el presidente Javier Milei presentó un interesante paquete de desregulación de la economía. Originado en textos de la UCEDE de la década del 80, puesto en práctica en forma parcial con Carlos Menem tiene el valor más que en el contenido en la osadía. Nadie se había animado a presentar tamaña cantidad de disposiciones en un mismo cuerpo legal y en una sola instancia.

Me dicen que Milei tiene más del 60% de aprobación. Que lo votó el 56% del electorado. Datos todos ciertos. Y que sobra esa matemática, “hasta por lo menos fin de enero o marzo” hay que “hacer la vista gorda” y el inevitable “hay que acompañar”.

Ese argumento resulta más que válido para el ciudadano común. Y al mismo tiempo para la “casta”. ¿Por qué? Porque el ciudadano puede pensar y apoyar lo que le plazca. Y porque la casta, empresarios, sindicalistas, economistas, dirigentes políticos (gobernadores, diputados, senadores etc.) viven en su relación con el Estado de los productos que le puedan vender. Es decir, el lobby. Y para lograr que un gobierno apruebe cualquier cosa o nombre a un amigo o a un gerente de la empresa, hay que hablar bien porque naturalmente se persigue el bien común propio.

Volvamos a anoche. Milei no solo presentó el más ambicioso ideario liberal de desregulación de la economía sino el cambio más grande al sistema constitucional, legal y jurídico del país desde 1853 a la fecha. La eliminación de (las supuestas) 300 leyes por un decreto significa que toda la pirámide jurídica argentina (Hola Hans Kelsen) queda patas arriba.

La Constitución, además de sabia, tiene mucho sentido común: cuando establece un régimen simplificado de no “anulación de un DNU” mucho más sencillo de dejar vigente, que aprobar una ley, no lo hace por error. El equipo jurídico de Milei no descubrió el agua tibia. La Constitución establece ese mecanismo simplificado porque los DNU son una excepción, no el sistema para legislar en Argentina. Y por eso la jurisprudencia de la Corte no es muy amiga de los decretazos, salvo casos excepcionales.

El decreto del Plan Austral tenía razón y argumentó para ser eso un decreto. Legislaba sobre un programa económico y financiero que requería de urgencia para ponerlo en práctica. ¿Cuál de las medidas de anoche tienen carácter de urgente? Y aquí entramos a transitar el tema de fondo.

El principal problema de la Argentina es hoy la economía. Puntualmente la falta de crecimiento del PBI (el año va a terminar con un 1% abajo), inflación, déficit fiscal y, sobre todo, una falta de dólares que impide normalizar el sector externo y por liberar el cepo. A eso debe sumarse el nefasto atraso tarifario kirchnerista que generara aumento de luz, gas, combustible y transporte más tarde que nunca, aunque el gobierno actual, el de Milei, le tenga pánico al tema (igual que Néstor Kirchner) y lo demore.

Toda esta herencia necesitaba, según los economistas, un plan de normalización y sinceramiento de las variables y luego un programa de estabilización de la macroeconomía. Justamente nada de eso presentaron el presidente Javier Milei ni su ministro Luis Caputo. Solo una modificación nominal del tipo de cambio oficial y un aumento de las retenciones no agropecuarias. Nada de lo anunciado anoche apunta a solucionar, ni a tratar, ni siquiera a rozar a los problemas urgentes, repito, urgentes que tiene el país.

Último argumento para avalar el avasallamiento de todo el sistema jurídico argentino: “El Presidente no tiene mayoría en el Congreso”, dicen. Falso. Para saber eso debió haber mandado un proyecto de lo que fuera, lo que se cuidó de no hacer. Pudo haber arrancado por las PASO, las que no se derogaron este año por una absurda negativa de Alberto Fernández y de JxC y que ahora tiene consenso para ser anuladas.

En las dos únicas sesiones que hubo, el espacio oficialista a la hora de nombrar autoridades logró apoyos significativos, sin el voto opositor peronista. En Diputados la sesión de entronización de Martín Menem junto a más de 140 diputados sin Unión por la Patria. En el Senado sucedió un hecho de carácter histórico: los 39 votos para el nombramiento del presidente provisional y otras autoridades significa la primera vez desde 1973 que el peronismo no tiene mayoría en la Cámara Alta.

¿En serio una nueva Ley de Alquileres no hubiera sido votada por este Congreso? Respuesta: el Congreso no quiso hacerle cambios en octubre. Otra vez falso: este Senado no es del octubre y seguramente hoy hubiera aceptado cambios. No quiero entrar en el contenido del decretazo. Me quiero quedar en el continente. La inseguridad jurídica que se abrirá en Argentina en 8 días no tiene precedente.

Y uno de los credos del liberalismo es justamente buscar la seguridad jurídica. Un párrafo aparte para el Presidente Milei. Hasta ahora para sorpresa de todos, está demostrando ser mucho mejor político –llegó a Presidente sin partido ni estructura- que economista. Es un hábil táctico e inteligente estratega, al igual que quienes lo rodean (comenzando por su hermana). ¿Para qué, entonces, lanzar un paquete de derogaciones genéricas de leyes por decreto que puede padecer un calvario en Tribunales?

¿Por qué derogar leyes por decreto cuando, como Macri con la Corte, muchas de ellas podrían ser abolidas por el Congreso? ¿Para quedar bien con algunos conspicuos integrantes de la casta empresaria súper defendidos y protegidos en el decretazo y que después no se aplique? Mención final para Juntos por el Cambio y sus partidos integrantes. La Coalición Cívica como ex socio - y en soledad- el miércoles a la noche fijó postura, más crítica que positiva. El radicalismo a través de Martín Lousteau hoy al mediodía planteó una idea interesante: si cada presidente cada 4 años va a cambiar por decreto todo el sistema jurídico el país es ingobernable.

¿Y PRO? Gran problema. Gran dilema. Si el PRO a todo lo que haga Milei lo va a medio aprobar, un poco en silencio y otro poco también, se convertirá una rama interna de La Libertad Avanza. Dicen, sus dirigentes, que no tienen espacio para otra cosa por la presión de sus votantes. Conclusión: si ladra, tiene 4 patas y mueve la cola es un perro. PRO va derecho a terminar siendo un sector interno del mileismo. ¿Y el peronismo? Feliz como Riquelme.

Terminó el peor gobierno del 83 para acá y sus principales dirigentes están mirando televisión pochoclo en mano sin hacer nada, viendo cómo el resto de la clase política navega confundida y le regala ser oposición.