El DNU de la reconstrucción del presidente Javier Milei: ¿un desafío a la Constitución o una respuesta necesaria?

Un meticuloso análisis jurídico de un Decreto de Necesidad y Urgencia de la envergadura del presentado anoche mediante cadena nacional requiere un exhaustivo estudio que abarcará largas jornadas de trabajo. Podemos afirmar, con certeza, que nos encontramos ante lo que podría denominarse como el decreto de la “motosierra”, donde el filo de la normativa ha atravesado un significativo número de leyes, más de 300. Estas, dada su magnitud, proyectan implicaciones que nos mantendrán ocupados y sumidos en la reflexión jurídica durante un extenso período de tiempo.

El análisis del decreto de necesidad y urgencia emitido por el Presidente Milei, en acuerdo de Ministros, es crucial para entender la validez legal de dicha medida. En Argentina, el marco legal que regula este tipo de decretos se encuentra establecido en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Este artículo establece que el Poder Ejecutivo Nacional solo puede emitir decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales y urgentes que hagan imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Es importante destacar que la emisión de decretos de necesidad y urgencia está sujeta a ciertos recaudos materiales y formales. Además, existen limitaciones específicas, ya que estos decretos no pueden regular materias relacionadas con lo penal, tributario, electoral o el régimen de los partidos políticos.

La facultad de emitir decretos de necesidad y urgencia se presenta como una excepción y no como una regla general. El constituyente establece condiciones estrictas para su ejercicio, y es responsabilidad de la Corte evaluar, en cada caso concreto, si se cumplen los requisitos necesarios.

En el proceso de evaluación, el Poder Judicial debe determinar si las circunstancias invocadas por el presidente son verdaderamente excepcionales y urgentes. En caso de que las circunstancias no se ajusten a los criterios establecidos por la Constitución, el decreto emitido carecería de sustento constitucional y, por lo tanto, sería nulo. El presidente Milei en su breve, pero profunda exposición, ya nos dio las pautas sobre las que se sustentan la necesidad y la urgencia (por caso el riesgo cierto de hiperinflación descontrolada que suma a la nación en un caos profundo).

La Corte, en su función de control, debe asegurarse de que la situación de emergencia alegada por el presidente realmente justifica la adopción de medidas excepcionales. Esto implica verificar que la declaración del mandatario tenga un respaldo adecuado en la realidad y que las circunstancias de excepción sean genuinas. Este análisis se vuelve aún más crucial cuando el presidente invoca unilateralmente la necesidad de emitir un decreto de necesidad y urgencia. La Corte debe examinar detalladamente si las razones presentadas por el presidente son razonables, justificadas y se ajustan a los criterios constitucionales establecidos para este tipo de medidas.

Según el procedimiento establecido en la Constitución Nacional de Argentina, una vez que el Presidente emite un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Jefe de Gabinete tiene un plazo de 10 días para remitirlo a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación. Esta comisión está encargada de evaluar la validez y la legalidad de los DNUs. La Comisión Bicameral está compuesta por miembros de ambas cámaras del Congreso: Diputados y Senadores. Su función principal es analizar los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y emitir un dictamen sobre su validez constitucional y legal.

Después de que la Comisión Bicameral emite su dictamen, el DNU se somete al tratamiento del Congreso en su conjunto. El pleno de ambas cámaras (la Cámara de Diputados y el Senado) tiene la facultad de ratificar o rechazar el decreto. Si el Congreso lo ratifica, el DNU adquiere fuerza de ley; de lo contrario, queda sin efecto.

Este proceso busca garantizar un control legislativo sobre los decretos de necesidad y urgencia, equilibrando el principio de separación de poderes y asegurando que estas medidas excepcionales sean utilizadas de manera adecuada y en concordancia con la Constitución.

Sin perjuicio de lo anterior, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en Argentina tiene efecto jurídico una vez que ha sido publicado en el Boletín Oficial. La publicación en el Boletín Oficial es un requisito fundamental para que la norma entre en vigor y sea de conocimiento público. La fecha de publicación en el Boletín Oficial marca el inicio de la vigencia del DNU. A partir de ese momento, la norma tiene efectos legales y debe ser cumplida por los ciudadanos y las instituciones. Sin la publicación oficial, el DNU no produce efectos jurídicos.

Es importante señalar que, aunque el DNU tiene efecto inmediato después de su publicación, debe someterse al control legislativo posteriormente, como mencioné anteriormente. La Comisión Bicameral y el Congreso tienen la responsabilidad de evaluar la validez del DNU y, en última instancia, decidir su ratificación o rechazo.

La utilización de DNUs está pensada para circunstancias extraordinarias en las cuales el Congreso no puede cumplir con los trámites normales para sancionar una ley debido a la urgencia y la necesidad imperante. La idea es que el Poder Ejecutivo pueda tomar medidas rápidas para abordar situaciones críticas.

El control sobre la constitucionalidad y la validez de los DNUs recae en la Comisión Bicameral Permanente y en el Congreso en su conjunto. Si bien los DNUs tienen efecto inmediato una vez publicados en el Boletín Oficial, es crucial que se sometan al escrutinio parlamentario para asegurar que se respeten los límites constitucionales y que se utilicen solo en situaciones de urgencia y necesidad. En conclusión, los DNUs otorgan al Presidente la capacidad de legislar en ciertos casos excepcionales, pero existen restricciones constitucionales que limitan su alcance y que buscan preservar el equilibrio de poderes y la función legislativa del Congreso.

El decreto, ahora firmado y presentado en sociedad, simboliza el inicio de lo que podría describirse como el comienzo de una “motosierra legislativa”, con implicaciones que ya han comenzado a hacerse sentir en la sociedad.