En un contexto hiperinflacionario como el que el nuevo gobierno recibió de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, es urgente la derogación de la Ley de Alquileres que tiene de rehén a millones de argentinos, quienes deben optar entre someterse a mecanismos de actualización que chocan contra la realidad o pactar por afuera de la ley sin ningún tipo de garantías. Personalmente, desde 2021 vengo bregando desde mi banca de diputada nacional por la derogación total de la ley sancionada en 2020, la cual recibió en octubre pasado pequeñas modificaciones impulsadas por el kirchnerismo que de ningún modo mejoraron los enormes perjuicios que se crearon hace casi cuatro años tanto para inquilinos como para propietarios.
Si el Presidente de la Nación incorpora al temario de las sesiones extraordinarias los proyectos como el que presenté para derogar la Ley de Alquileres, el Congreso tendrá la oportunidad inmejorable de terminar de una vez con el suplicio de millones de argentinos.
Según los últimos datos estadísticos, hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay menos de 500 propiedades ofertadas en alquiler, pero hay más de un millón de ciudadanos esperando alquilar. Los números son contundentes: en Argentina los inquilinos representaban el 11 por ciento de la población en 2001 y 22 años después representan el 20 por ciento. El kirchnerismo, que gobernó durante 16 años, produjo una precarización de las clases medias que hoy lidian con la imposibilidad de acceder a una casa propia.
La derogación de las leyes de 2020 (número 27.551) y de 2023 (número 27.737) permitirá que vuelva a regir en Argentina lo que estipula el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir que los alquileres de inmuebles destinados a viviendas duren dos años y el propietario y el inquilino pacten las condiciones de pago y demás aspectos del contrato.
Con más de un 40% de personas bajo la línea de pobreza y con un Índice de Precios al Consumidor que acumuló en doce meses casi 150%, más de 9 millones de inquilinos se encuentran cautivos de la inflación y la inestabilidad.
Lamentablemente, las fórmulas estipuladas por el Congreso para actualizar el valor de cada alquiler -que siguen siendo defendidas por el kirchnerismo- no trajeron ninguna solución a las partes. En la ley de 2020 se estipuló que los contratos sólo podían tener un aumento anual definido por el Índice para Contratos de Locación (ICL) establecido por el Banco Central, indicador que pondera en partes iguales las variaciones mensuales de los precios al consumidor y de los salarios que difunde el Indec. El “retoque” hecho por el kirchnerismo este año en el Congreso estableció como fórmula de actualización el Coeficiente Casa Propia, que tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.
En un contexto hiperinflacionario, ninguno de estos indicadores funciona porque obligan a ambas partes a atarse a una realidad que cambia con vertiginosidad. Es por ello que los locadores han decidido retirar sus propiedades de la oferta y/o ofrecerlas en dólares. También es a causa de esto que los inquilinos deben someterse a condiciones exorbitantes para acceder a una vivienda en alquiler. La derogación de ambas normativas romperá con estos mecanismos rígidos y las partes podrán acordar libremente como lo hicieron siempre, incluso en anteriores periodos de inflación espiralada.
Es importante que la opinión pública entienda que el mercado inmobiliario no está dominado por grandes grupos que tienen muchísimas propiedades en alquiler. Esta no es la realidad de Argentina, en ninguna parte de su extenso territorio. Hoy nos encontramos ante un mercado fragmentado por el cuentapropismo y con altos niveles de informalidad. Quienes tienen una casa en alquiler son por ejemplo aquellos jubilados que en otras épocas pudieron invertir en ladrillos o personas de clase media con salarios atrasados que tienen en el alquiler de una segunda propiedad un ingreso extra.
Está claro que se necesita dar más libertad al mercado y circunscribir al Estado a su rol de veedor entre las partes y de garante de la seguridad jurídica. Su intervención debería estar direccionada exclusivamente a garantizar el cumplimiento al derecho universal a la vivienda.
Como el presidente Milei llegó a la Casa Rosada enarbolando las banderas del liberalismo económico, creo que sería de gran importancia que con su impulso el Congreso pueda derogar las legislaciones kirchneristas sobre Alquileres que introdujeron distorsiones y perjudicaron la vida cotidiana de millones de argentinos.