Estamos hartos de los piquetes. Estamos hartos de que un grupo de personas, que se creen con más derechos que el resto, nos impidan circular libremente, nos hagan perder tiempo y dinero, nos generan estrés y nos pongan en riesgo de su violento accionar. Estamos hartos de que estos piqueteros, que dicen representar a los pobres, vivan de nuestros impuestos y no quieran trabajar ni estudiar. Estamos hartos de que estos piqueteros, que dicen defender la democracia, atenten contra el orden público y la convivencia pacífica. Trabajo en el centro de la Ciudad de Buenos Aires hace más de 20 años y conozco de cerca el manejo de estas mafias. Los he enfrentado públicamente muchas veces y sé el nivel de violencia que manejan, pero no les tengo miedo.
Por esta razón, estoy orgulloso de que este espacio que siempre pregonó la defensa del derecho a circular retire los planes sociales a aquellos que participen en marchas o bloqueen calles. Esta medida es justa, necesaria y ejemplar, que busca poner fin a una situación insostenible que afecta a la mayoría de los ciudadanos y viola flagrantemente nada más y nada menos que el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 194 del Código Penal de la Nación, que castiga a aquellos que impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra sin crear una situación de peligro común.
Contrario a lo que sostienen algunos sectores interesados, el Gobierno no está criminalizando la protesta social. Está defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, quienes tenemos el derecho a transitar, trabajar, estudiar, acceder a servicios públicos y vivir en paz. Está restaurando el orden en el espacio público, que pertenece a todos y no a unos pocos. Está asegurando el cumplimiento de la ley, que es igual para todos y no concede privilegios.
El respaldo del presidente de la Nación a esta medida marcan un antes y un después, y destapa una olla a presión de múltiples formas de “extorsión” y “violencia” que perjudican a la mayoría de la población. Desde el origen de La Libertad Avanza trabajamos sobre la postura de no tolerar la afectación del orden público y la libre circulación de las personas, respetando el derecho a la protesta pero instando a buscar soluciones pacíficas y consensuadas con las autoridades. Hemos conformado hasta un movimiento en contra de los piquetes, que ha puesto el tema en agenda, dándole el coraje a la gente para empezar a exigir un freno a esta dinámica perversa e instando al gobierno a aplicar la ley.
A pesar de la oposición de organizaciones sociales y de izquierda, que califican la medida como “represiva” y “antidemocrática”, estas afirmaciones son falsas e infundadas. El Gobierno no busca silenciar ni castigar, sino hacer cumplir la ley y garantizar el bien común. No viola la Constitución ni los tratados de derechos humanos, sino que los respeta y hace respetar. El Gobierno no profundiza la pobreza ni la exclusión, sino que las combate con políticas públicas que apuntan al desarrollo integral y sustentable.
Los líderes piqueteros no representan a los pobres ni a la democracia, sino a sus propios intereses y a los de sus líderes políticos. Los referentes de las organizaciones piqueteras no luchan por sus derechos, sino que los violan y los vulneran. Los piquetes no son la solución, sino el problema. Los líderes piqueteros viven de los pobres.
Por tanto, respaldo con convicción la decisión de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quitar los planes sociales a aquellos que cortan calles. Insto también al Gobierno de la Ciudad a no ceder ante las presiones y amenazas de los piqueteros, quienes han anunciado cortes el próximo miércoles. Es crucial que el Gobierno de la Ciudad actúe con firmeza igual que el Gobierno Nacional, aplicando todo el peso de la ley a aquellos que perturben el orden público y la paz social.
Basta de piquetes. Basta de delincuentes.
* El Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros