Un viejo anhelo: la reforma del mercado laboral

Desde 2011, la economía la economía se encuentra prácticamente estancada. El PBI de 2023 es casi idéntico al promedio de los últimos 13 años (excluyendo el de la pandemia), 2,2% más bajo del nivel más alto y 3,1% más alto del nivel más bajo de ese período.

En resumen, 13 años en los que no pasó nada. Nada no, porque la población siguió creciendo y se puede decir que se está repartiendo lo mismo entre cada vez más gente. En decir, en promedio todos reciben menos; en promedio, somos más pobres.

Visto desde el mercado laboral, mientras la producción ha estado estancada, el empleo total -asalariado, cuenta propia, formal o informal- siguió creciendo. Mientras entre puntas, el PBI no cambió, el empleo creció 22%, el nivel más alto de la serie histórica.

En resumen, más mano de obra, para producir lo mismo, puede traducirse en que la mano de obra es menos productiva.

Sin un cambio de rumbo, sin crecimiento, el PBI per cápita seguirá cayendo y la pobreza será mayor.

Y esa es la tarea del nuevo gobierno. Eliminar el déficit fiscal y lograr estabilidad económica son condiciones necesarias, pero no necesariamente suficientes. El resto debe venir de la mano de reformas estructurales, y aquí es donde la palabra “desregulación”, resucita.

Desregular apunta a simplificar procesos, reducir la burocracia y, por supuesto, bajar costos.

En materia laboral, las regulaciones vigentes han sido establecidas varias décadas atrás. Las reformas introducidas en la Ley de Contrato de Trabajo en los 90, que apuntaban a flexibilizar el mercado, fueron revertidas a comienzos de los 2000; la Ley de Asociaciones Sindicales ha tenido pocas modificaciones desde su sanción hace 35 años y muchos Convenios Colectivos vigentes fueron redactados en la década del 70. Todas estas normas diseñadas para un mercado carente de tecnología y, por lo tanto, mucho menos integrado, se convierten en rigideces para las condiciones cambiantes del mundo actual.

Dentro de las reformas para el mercado de trabajo en las que pretende avanzar la próxima administración se han remarcado los siguientes puntos:

• Flexibilizar las condiciones de contratación;

• Promover la libertad de afiliación sindical;

• Promover la limitación temporal de los mandatos sindicales; y

• Revisar la Ley de Riesgos del Trabajo.

A lo que uno espera que se agreguen:

• Dentro de la flexibilización de las condiciones de contratación, a la flexibilidad horaria, de funciones y el régimen de jornada;

• La introducción de competencia sindical y en las organizaciones empresarias. Descentralización de la negociación a niveles inferiores; y

• Eliminación de la “ultraactividad” de los convenios colectivos, que hace que al vencimiento las condiciones sigan vigentes hasta la siguiente negociación.

Otros temas que se espera discutir incluyen:

• Sustituir el sistema de indemnización por despido por un sistema similar al de la Uocra, que consiste en un fondo individual al cual se aporta un porcentaje del salario (entre 8% y 12% según la antigüedad en el trabajo), siendo la suma acumulada la compensación al momento del despido; y

• Reducir los impuestos al trabajo (aportes y contribuciones).

Estos dos últimos ítems requieren de particular atención. El esquema Uocra termina resultando en un aumento del costo laboral para empresas con baja tasa de despido, mientras que la ventaja que se le asigna, de limitar la litigiosidad, no es tan segura ya que no anula la posibilidad de llegar a los tribunales.

Reducir impuestos implica, no solo disminuir el costo laboral, sino también eliminar distorsiones importantes al mercado de trabajo, pero los ingresos a la seguridad social representan casi 30% de la recaudación tributaria, lo que significa que para avanzar en este punto se necesita compensar estos ingresos con una reducción del gasto público y con una reforma de la estructura impositiva.

La autora es Economista de FIEL, esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 659, diciembre de 2023