En su brindis anual Usina de Justicia celebró hechos trascendentes de seguridad nacional e internacional

En un país donde el delito crece y los acuerdos sociales básicos son una quimera, el fuego sagrado de un grupo humano altruista se aferra al ideal de una “Justicia Justa”. Vaya redundancia, pero en la Argentina no es posible aún tal afirmación tomada como lema de la Asociación Civil Usina de Justicia.

Abrevando en ese ideal, el miércoles 13 de este ajetreado diciembre tuvo lugar el brindis de fin de año de la organización fundada en 2014 por Diana Cohen Agrest. Desde entonces, supo alzar la voz de los familiares de las víctimas de homicidio y femicidio a lo largo y ancho de nuestro lacerado país. Integrada hoy por víctimas y una mayoría de abogados, su encuentro de fin de año contó con la presencia del juez de la Cámara de Casación Federal Gustavo Hornos, la jueza federal con competencia en San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas.

Con visión transformadora, Usina de Justicia supo ser la única ONG en presentar un amparo para la construcción de cárceles sanas y limpias, tal como lo ordena nuestra Constitución Nacional. Paradójicamente, recibió el rechazo de otras organizaciones de Derechos Humanos interesadas en fraguar una implosión del sistema penal que no hace más que garantizar la impunidad y la desidia. Sin embargo, el laboratorio social que produjo la inseguridad que sufrimos a diario se encargó de refutar estos discursos rimbombantes aniquiladores de la calidad de vida de los argentinos.

Como bien señala Marcelo Bergman, doctor en Sociología y presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, en su libro El negocio del Crimen, “frente a ciertos indicadores como la disminución de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad, y ante el aumento del consumo y del crecimiento económico, de acuerdo a diferentes teorías, deberían producirse menos delitos”. En Latinoamérica, ese cambio no se produjo. Es más, fue al revés: aunque no hay registros oficiales nacionales de la tasa de criminalidad en Argentina, la última registrada en 2021 es de aproximadamente 5 homicidios cada 100.000 habitantes, siendo de las más bajas de Latinoamérica junto con Chile. Esa carencia de registros obedece a cierta desidia administrativa -no se invierte como en los países anglosajones- y a la falta de denuncia por parte de la ciudadanía, fundamentalmente, de los delitos contra la propiedad. Si sumamos estos datos a los de la CEPAL de Naciones Unidas, en Argentina la tasa de criminalidad presenta una clara tendencia de crecimiento desde el año 1971. Y a partir de mediados de la década del 90, su crecimiento superó los niveles máximos alcanzados en décadas anteriores. Para peor, esta tasa hace referencia a los crímenes denunciados y no a los efectivamente cometidos, los que sobrepasan ampliamente a los primeros.

Y si bien podríamos seguir enunciando diagnósticos harto conocidos o intuidos por todos, es lógica la conclusión de que las problemáticas tienen varias aristas y, para cada una de ellas, Usina de Justicia busca y propone soluciones. Frente a la falta de denuncia de la ciudadanía y el descreimiento generalizado en el Poder Judicial, Usina de Justicia pidió la destitución de jueces por mal desempeño y colaboró en informes sobre la idoneidad de los candidatos a defensores públicos de víctimas. Frente a la falta de herramientas o desidia de ciertos operadores del sistema judicial, trabajó e ideó estrategias para dar con asesinos prófugos y con las notificaciones rojas de Interpol, junto con el equipo especializado en la búsqueda de fugitivos del fiscal Campagnoli que ya cuenta con la identificación de al menos 3500 de ellos. Frente a los reclamos de las víctimas, está abocada a las reformas de la Ley de Salud Mental y del Código Penal.

Para la falta de formación de los agentes judiciales, logró realizar un prestigioso curso de capacitación en Victimología dirigido por la abogada Jimena Molina, distribuido a 13 provincias del país y cursado en el ciclo 2023 por más de 1000 alumnos. Tras un convenio firmado con el Consejo Federal de Política Criminal, a partir de 2024 el curso contará con la certificación oficial de nada menos que de la Procuración General de la Nación. Se capacitó, también, a fuerzas de seguridad y logró ser incluida en la guía oficial de prestadores de servicios gratuitos de la Procuración del Tesoro del Gobierno de la Ciudad. A su vez, se dictó un curso virtual, coordinado por Mariana Romano, para letrados en ejercicio en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con el apoyo de su Comisión de Víctimas liderada por José Console y su presidente, Ricardo Gil Lavedra; y apostó por la presencialidad absoluta dictando un curso en la UADE con juristas invitados como Daniel Sabsay, Sandra Arroyo Salgado, Liliana Bruto, entre otros.

Este año publicó el libro traducido al español de Catherine Rossi, gracias a la encomiable generosidad de la prestigiosa Editorial Taeda, acerca de su tesis doctoral titulada Homicidio. El círculo íntimo de las víctimas, presentada por la jurista canadiense en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Como si esto fuera poco, la lista de hazañas continúa: frente a la falta de operatividad de los defensores de víctimas al aún no estar nombrados o no intervenir en todos los delitos contra la vida, Usina de Justicia se constituyó como querellante y logró condenas ejemplares, además de acompañar durante el año a más de 80 familias dándoles apoyo multidisciplinario. Hasta se inauguró un grupo terapéutico y de counselling en la Iglesia de San Cayetano donde asisten los familiares que sufrieron una pérdida. Todo esto, claro está, es absolutamente gratuito y brindado por colaboradores de la Asociación que ofrendan su tiempo libre para servir y reparar estas heridas. Heridas que llegan abiertas y aunque jamás cicatricen, encuentran un refugio, un consuelo. Y cual ejercicio de asociación de ideas, cada obra de Usina de Justicia nos conduce a pensar en otra íntimamente conectada. Por ejemplo, la necesidad de difundir sus acciones al punto que cuenta con un espacio permanente en la radio FM 93.9 a cargo de Raquel Slotolow, ex magistrada y miembro de la ONG.

En el ámbito internacional, Usina de Justicia es miembro permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como única Asociación Civil abocada a la temática de inseguridad en todo el continente. Y quien escribe estas líneas fue la candidata más joven de la historia a ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho marco, en junio de este año participó en la 53° Asamblea General de la OEA en Washington D.C. En esa ocasión, se volvió a presentar la Convención Interamericana de Derechos de las Víctimas que busca proteger a las víctimas de las Américas.

Esta participación se basa en lastimosos índices dado que en Latinoamérica vive el 8% de la población mundial y cuenta con el 33% de homicidios, siendo la región más violenta del globo. Frente al déficit en la agenda de la OEA, Usina de Justicia identificó que debía actuarse con premura y lograr que el Estado Argentino presentara la Convención al resto de los Estados Miembros.

Usina de Justicia es una asociación político-apartidaria que protagoniza la escena regional en la materia y no recibe subsidio estatal alguno. Recientemente, incorporó a voluntarios jóvenes dispuestos a ser parte de esta transformación cultural que anhela un reconocimiento irrestricto en la dignidad de las víctimas y su reparación ética.

La Argentina y el mundo, por qué no, se enfrentan a dilemas éticos que no pueden ser saldados sin el compromiso cívico, fundamentalmente rompiendo la antinomia que resultaron ser hasta este entonces, la organización y el tiempo. En Usina de Justicia se observa la realidad y, aunque ésta resulte sórdida, no se inmoviliza. La mueve lo justo, es decir lo destinado a no perecer, como los acontecimientos aquí narrados.

[La autora es abogada (UBA), maestranda en Derecho, diplomada en DDHH, Ciberdelincuencia, Liderazgo Social (Austral, Celib Oliba CEU y OEA), becaria FURP, miembro de Usina de Justicia]