La Defensa como último eslabón de la política

En la sociedad argentina existe una baja demanda por la Defensa como bien público, a pesar del dinamismo del escenario internacional y sus latentes situaciones de tensión y conflictos. La ciudadanía carece de interés por la Defensa como un derecho ciudadano, sea porque se ignora, subestima su naturaleza e importancia o porque el concepto de Defensa redirige a la mente colectiva a una época oscura de la historia argentina.

Las noticias dan cuenta a diario de un escenario global complejo marcado por la violencia y la inseguridad, pero, aun así, todo lo malo que sucede, sucede siempre lejos, en un mundo distante que nos parece ajeno. Para la población general existe la creencia de que se vive en un país pacífico sin enemigos ni conflictos que la amenacen. Esta presunción de alguna manera ha contribuido a la opinión de que la Defensa es un bien público no necesario o menos necesario que otros bienes.

Durante la campaña electoral, poco o nada se habló sobre las necesidades que se desprenden en torno a la Defensa Nacional y la seguridad internacional. En apariencias, Argentina no parece tener hipótesis de conflictos con nadie. No existen grupos o naciones que la intimiden. Sin embargo, esta no es la óptica del resto de los países con los que comparte el tablero internacional. La Defensa siempre fue el último eslabón de la política argentina y, en un contexto de escasez de recursos, es natural dar prioridad a otras áreas que requieren de una intervención más urgente.

Con una economía en serios problemas, es claro que la Defensa no presenta un apremio mayor por sobre otras problemáticas, desde ya, impostergables.

La nueva administración del presidente Javier Milei, con su ministro Luis Petri a cargo de la cartera de Defensa, determinarán el rumbo que tomará el país en materia de Defensa de cara al futuro, además de fijar una nueva ruta de alianzas.

Para quienes pelearon en el ´82, la noción de que la defensa no sea un bien público primordial resulta algo controvertido. Carlos Suárez, Capitán de Navío y veterano de la Guerra de Malvinas, explica que “los políticos argentinos no están interesado en comprender la importancia de las distintas áreas de la Defensa. Ellos obran en consecuencia de lo que quieren oír sus votantes, que, a su vez, no tienen ningún interés por la Defensa”. Por ejemplo, cada vez que se plantea la problemática del gasto militar, surge la misma respuesta: no hay presupuesto. El gasto militar, además de comprender los salarios, debería contemplar una agenda de modernización y equipamiento del material bélico, la posibilidad de mejorar y aumentar las prácticas para la capacitación del personal y demás cuestiones que se abordan desde el presupuesto de la cartera. Al ser este un bien público que deriva de la administración del Estado, es este el que debe garantizar que se salvaguarde el derecho a la Defensa, aunque la gente no lo pida directamente.

Al ser un bien que se caracteriza por ser no excluible y no rival de otros bienes también públicos, la Defensa se puede consumir en forma simultánea por todos y no se puede excluir a nadie, como bien explica Juan Pablo Lorca Sánchez en “Economía aplicada a la defensa: Modelo de oferta y demanda”. De este modo, la demanda por la Defensa es establecida a través de la figura del Ejecutivo y el poder Legislativo, que, como representante de los contribuyentes, determinarán cuánta Defensa es suficiente.

Sin embargo, es razonable afirmar que es complejo acordar cuánta Defensa se necesita. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis de riesgos y amenazas, evaluar el nivel de preparación que poseen las Fuerzas Armadas para hacer frente a cualquier situación de conflicto que se imponga a futuro, determinando distintos escenarios de posibilidades. Los llamados simulacros o casos de estudio. Escenarios hipotéticos que se podrían dar y que requieran de una respuesta militar.

En los países más desarrollados y versados en el tema, gracias a sus poderosas industrias de defensa, tienen una idea clara de cuánta Defensa necesitan y cómo emplearla, pero ese no es el caso de Argentina. El autor y exministro de Defensa, Horacio Jaunerena, afirma que la idea de que la Argentina es un “país pacífico sin enemigos” ha dañado la necesidad por demanda de la defensa, donde incluso muchos hasta sostienen que, “si nos desarmamos nadie osará atacarnos”. Esta premisa es la responsable en gran medida, de los años de desinversión que sufrió el sector, luego de que finalizara la Guerra de Malvinas y se firmase el Tratado de Madrid de 1990. Este pensamiento abunda en la mente de los contribuyentes que tienen que elegir, dentro de la escasez de recursos, qué bienes prefieren y cuánto desean obtener del mismo. Como consecuencia, ante un escenario de pacifismo y benevolencia, la defensa no figura dentro de la prioridad de los ciudadanos o la clase política.

Claro que esto es una bendición también. Es agradable saber que se vive en un país en dónde las probabilidades de que algo suceda son bajas. A muchos tal vez les resulta difícil imaginar a la Argentina siendo atacada por potencias con pretensiones imperialistas, cayendo víctima del juego de ajedrez de las potencias mundiales o siendo objetivo de ataque de un grupo terrorista. Pero, no obstante, ¿es realmente difícil de imaginar?, ¿es verdaderamente tan distante ese universo de conflicto para nosotros? Podrá ser trabajoso de concebir, pero no imposible.

Pero claro, existe un grado de responsabilidad que recae sobre las propias Fuerzas Armadas. “Los militares no supimos transmitir al poder político la importancia de la Defensa como obligación de la Constitución como sí lo hicieron los militares de las Fuerzas Armadas limítrofes”, afirma Suárez. La falla inicia desde adentro, puesto que han logrado ignorar el poder de la comunicación como una herramienta esencial, tomando la comunicación como una tarea más dentro de una serie de tareas a las que no se le dio demasiada importancia. “Las Fuerzas Armadas no aprendieron, que comunicar, no es emitir comunicados de prensa únicamente, y que, como toda ciencia social, evolucionó con los años requiriendo de maneras más efectivas para transmitir mensajes”, comenta Carlos.

En la actualidad, las Fuerzas Armadas viven un proceso de desinversión que ya lleva más de cuatro décadas, siendo un sector mal atendido por la gestión política y completamente devaluado. Más de la mitad del recurso humano que forma parte del instrumento militar, cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza, que, sumado al desánimo natural frente a la falta de incentivos, da como resultado un área que sufre un daño muy difícil de revertir en un país indefenso y completamente vulnerable.

Al problema de la escasez se suma, tal vez, un mal diagnóstico de la situación que lleva a la compra de material que luego no puede ser capitalizado apropiadamente, como puede haber sido el caso de los cinco aviones Super Étendard Modernisé (SEM) que la gestión de Macri compró a Francia y que durante la administración de Alberto Fernández fueron retirados del servicio. Para algunos, se trató más de una decisión política que estratégica, pero más allá de las opiniones encontradas sobre los SEM, lo cierto es que no existe un camino a seguir que permanezca fijo con el paso de las distintas gestiones.

“Luego de 40 años de democracia, ningún gobierno pudo o quiso revertir la situación o mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de los militares. Este nuevo gobierno tampoco lo podrá hacer en cuatro años, es muy poco tiempo”, asegura Suárez, que además afirma que “el mejor ejemplo lo tuvimos durante la pandemia, donde militares y médicos expusieron su vida por la gente y nadie lo reconoció, nadie exteriorizó la labor que realizaron”.

Durante los primeros meses críticos de la crisis sanitaria, las Fuerzas Armadas fueron quienes se encargaron de luchar contra un enemigo invisible, procurando garantizar la logística del material médico, la distribución de paquetes de ayuda para los más necesitados, fueron los que se ocuparon del retorno seguro de argentinos en el extranjero y de garantizar la seguridad, entre otras cuestiones. A cambio no recibieron ningún reconocimiento. “Lo vimos durante la pandemia”, repite Suárez, “la población no se enteró de sus logros ni de sus castigos”.

La Ley Defensa Nacional (N°23.554) de 1988 establece que la Defensa tiene como finalidad “garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. En un país con un territorio y una plataforma marítima tan extensa, que a su vez limita con tantos países y que posee valiosos recursos naturales, debería prestarle más atención a la Defensa como un bien público valioso. Aun así, el gasto militar, en comparación con sus vecinos, representa el porcentaje más bajo del PBI en toda la región.

La Defensa es, para la ciudadanía en su totalidad, tanto un derecho como una obligación, que en la actualidad se encuentra vulnerado, aunque poco nos importe.