En Argentina el sistema judicial enfrenta un desafío monumental. Con una carga de trabajo abrumadora, los magistrados y secretarios luchan por mantenerse al día, lo que ha llevado a un enfoque casi industrial en la emisión de medidas cautelares, a menudo sin una evaluación adecuada de cada caso. Esta situación plantea serias preguntas sobre la equidad y la eficiencia en nuestro sistema de justicia.
El escenario es desolador: expedientes acumulados, decisiones apresuradas y una creciente sensación de impotencia tanto para los que buscan justicia como para quienes están encargados de impartirla. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una posible solución, una herramienta tecnológica que promete agilizar procesos y aliviar la carga sobre los hombros de nuestros funcionarios judiciales. Sin embargo, esta propuesta no está exenta de desafíos y críticas.
Una de las cuestiones más preocupantes en el actual sistema judicial es el manejo de las falsas denuncias. Estas no solo consumen recursos valiosos y desvían la atención de casos genuinos y urgentes, sino que también pueden tener consecuencias devastadoras para las personas injustamente acusadas. La detención preventiva basada en acusaciones infundadas puede destruir reputaciones, causar daño psicológico irreparable y, en algunos casos, incluso llevar a la pérdida de la libertad de individuos inocentes.
La IA, con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender de patrones complejos, podría ser una aliada en la detección temprana de posibles falsas denuncias, ayudando a priorizar casos y dirigir la atención de los magistrados a situaciones donde la necesidad de intervención judicial es más crítica. Sin embargo, este enfoque tecnológico plantea preguntas fundamentales sobre la ética y la justicia: ¿Puede una máquina, sin importar cuán avanzada sea, entender verdaderamente las sutilezas y complejidades del derecho? ¿Podemos confiar en algoritmos para tomar decisiones que afectan profundamente la vida de las personas?
Además, la creciente desigualdad y pobreza en Argentina pueden estar vinculadas no sólo a la ineficiencia y sobrecarga del sistema judicial, sino también a fallas en todo el sistema gubernamental y ejecutivo. Según el informe de la UCA de 2022, aproximadamente el 43,1% de los argentinos están en situación de pobreza, lo que representa a cerca de 17 millones de personas. Esta cifra se vuelve aún más alarmante al considerar que sin las asistencias sociales del Estado, la tasa de pobreza afectaría al 50% de la población. Así también, la pobreza infantil y adolescente supera el 62%, lo que subraya la severidad de la situación y la necesidad urgente de abordar estas problemáticas desde múltiples frentes, incluyendo el sistema judicial.
En este contexto, aunque la implementación de soluciones tecnológicas como la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial debe ser abordada con cuidado y consideración debido a la delicadeza y complejidad de los asuntos legales, la situación actual del sistema judicial en Argentina es tal que casi cualquier cambio o mejora tiene el potencial de ser beneficioso.
Dada la línea base actual de ineficiencia y desigualdad, es difícil imaginar que la introducción de herramientas como la IA pueda empeorar la situación. Por el contrario, existe una oportunidad considerable para mejorar el sistema y reducir la inequidad existente.
La IA ofrece un camino prometedor hacia un sistema judicial más eficiente y justo en Argentina. Pero su implementación debe ser cuidadosa, consciente de los límites de la tecnología y respetuosa del irremplazable juicio humano. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es hora de que Argentina explore estas soluciones innovadoras, no como una panacea, sino como una herramienta valiosa en la búsqueda de un sistema judicial más justo y equitativo.